A las 10:00 horas del 20 de diciembre de 1973 el Juzgado de Instrucción nº 8 de Madrid recibió una llamada: “sobre la esquina de las calles Claudio Coello y Maldonado de esta Capital se ha producido una explosión al parecer de gas” cuando pasaba el vehículo oficial de Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno de la dictadura franquista.
El Dodge Dart se había elevado entre 35 y 40 metros para caer en el interior de un edificio propiedad de la Compañía de Jesús. Hubo tres muertos: el almirante, su chófer, José Luis Pérez Mogena, y uno de sus escoltas, el inspector Juan Antonio Bueno Fernández. Estas dos últimas víctimas y los siete heridos fueron y continúan siendo los grandes olvidados.
El ingeniero jefe de Gas Madrid descartó la posibilidad de una fuga. Tampoco era un accidente. Las Fuerzas de Orden Público (FOP) descubrieron una galería subterránea de seis metros de longitud que iba desde el centro de la vía al sótano del número 104 de la calle Claudio Coello. Había sido un atentado. Ese mismo día ETA lo reivindicó mediante un comunicado. La organización confirmaría su autoría en una rueda de prensa.
Las FOP realizaron una investigación exhaustiva del caso, que permitió identificar a sus autores materiales. Sin embargo, no pudieron arrestarlos: los etarras pasaron un mes escondidos en Madrid y luego, huyeron a Francia. En enero de 1974 el juez envió una orden de detención al país vecino, pero el ministerio de Exteriores francés se negó. Solo tras la matanza de la cafetería Rolando en septiembre de 1974, se detuvo a algunos de los cómplices con los que ETA había contado en la capital de España. Más adelante cayeron algunos de los dirigentes de la banda que habían estado allí.
La acumulación de pruebas, informes y declaraciones dio lugar a una causa judicial de 3.009 folios, más dos piezas separadas, una de 128 folios y otra de siete. El sumario es un documento clave que, junto a otras fuentes, nos permite explicar lo que ocurrió sin necesidad de recurrir a teorías de la conspiración.
ETA llevaba en Madrid al menos desde 1971. Ese año José Miguel Beñarán (Argala) conoció a Eva Forest, una extremista que tejió a su alrededor una red de apoyo al terrorismo. Su labor fue crucial para llevar a cabo tanto el magnicidio como el atentado de Rolando, que costaría la vida a 13 personas. Otros proyectos fueron un fiasco, como el secuestro del presidente de Petronor y el asesinato de un periodista de ABC.
Según algunas versiones, en septiembre de 1972 un misterioso desconocido facilitó a ETA una nota manuscrita: el vicepresidente Carrero Blanco asistía diariamente a la misa de las 9:00 horas de la iglesia de san Francisco de Borja. No sabemos quién era aquel hombre y por qué colaboró con la organización. Como se cuenta en el último episodio del pódcast Sierra Delta, es probable que no se tratara más que de un truco narrativo para encubrir a Eva Forest. De cualquier manera, aquella información no era precisamente un secreto de Estado. Incluso el domicilio de Carrero aparecía en la guía telefónica
Tras realizar tareas de vigilancia, los miembros de ETA se dieron cuenta de que el almirante seguía la misma rutina diaria y que tenía poca protección. Se trataba de un blanco fácil. El frente militar decidió secuestrarlo. A cambio de su vida, la banda exigiría la libertad de sus presos, algo a lo que difícilmente accedería Franco. Distintos etarras fueron turnándose en Madrid. Estudiaron el itinerario de Carrero, las salidas de la iglesia y el tráfico. También adquirieron un piso en Alcorcón, en cuyo interior se construyó una “cárcel del pueblo”.
La fecha límite para el secuestro era el 18 de julio de 1973, pero en junio Franco nombró a Carrero Blanco presidente del Gobierno y el almirante dejó de acudir a la iglesia con la misma asiduidad. En julio los etarras se trasladaron a Francia para participar en una asamblea. A su regreso Carrero había retomado su rutina, pero se habían añadido más agentes y un vehículo a su escolta. Juzgando el secuestro demasiado arriesgado y sin consultar al resto de la dirección de ETA, el frente militar decidió matar al presidente.
En otoño la organización lanzó una ofensiva en el País Vasco para desviar la atención de las FOP. En septiembre una bomba voló la plaza de toros de Villarreal de Urrechua. En octubre se colocaron 75 kilogramos de explosivo bajo un puente a la salida de San Sebastián, pero fueron descubiertos por unos niños. También fracasó el comando que en noviembre intentó secuestrar al embajador de España ante las Comunidades Europeas en su domicilio de Bruselas.
Mientras tanto se trasladaron grandes cantidades de explosivo a la capital de España. A mediados de noviembre ETA adquirió un sótano en la calle Claudio Coello. Los terroristas excavaron una galería que atravesaba la cimentación y los muros de la fachada. Cuando los vecinos se quejaron por el ruido, uno de los etarras alegó que era escultor y que estaban reparando la vivienda. En la tarde del 19 de diciembre un miembro de la organización colocó un cable que salía del sótano. Dijo que estaba preparando una línea de teléfono.
El comando, formado por Argala, Javier Larreategui (Atxulo) y Jesús Zugarramurdi (Kiskur), colocó tres cargas de 25 kilogramos de explosivo cada una bajo el firme de la calle. Además, aparcaron en doble fila un automóvil con una bomba de 9,25 kilos, que no llegaría a detonar. El 20 de diciembre de 1973, cuando el vehículo de Carrero Blanco pasaba por encima del lugar señalado, Argala activó el artefacto.
La sorpresa de las FOP y los servicios secretos fue total. Por un lado, la única amenaza terrorista activa en Madrid era la del FRAP, cuyos integrantes utilizaban armas blancas. ETA era un problema menor y localizado en Euskadi. Por otro, el sistema de seguridad de las élites franquistas estaba anticuado y falló. Los servicios de información y las FOP no eran eficaces y carecían de medios humanos y materiales. Además, su prioridad era vigilar a la Iglesia, el movimiento estudiantil, los sindicatos clandestinos y el comunismo.
Como admitió el Gobierno Civil de Guipúzcoa, el magnicidio supuso “un motivo propagandístico excepcional”, que provocó “el alza de cara al exterior” de ETA. El mito le sería muy rentable. Pero, aunque la propaganda de la izquierda abertzale lo presentó (y lo presenta) como su contribución a impedir un franquismo sin Franco, la organización terrorista no perpetró el atentado por dicho motivo, sino que tenía sus propias razones. Una, el nombramiento de Carrero como presidente dificultaba su plan original de secuestrarlo. Otra, el puro oportunismo: la banda contaba con información, medios y voluntad para hacerlo. Y la última, la más importante, el atentado respondía a la estrategia de acción-reacción-acción que guiaba a ETA: buscaba provocar la máxima represión posible por parte de la dictadura. Y lo logró.
Caso cerrado. El 11 de abril de 1977 el Juzgado de Instrucción nº 21 de Madrid declaró concluso el sumario, que se cerró el 27 de mayo de ese mismo año. No era consecuencia de una conspiración, sino de una decisión política del Gobierno de Adolfo Suárez para facilitar que ETA y su entorno aceptasen las elecciones democráticas del 15 de junio de 1977 o, como poco, que cesasen los atentados durante la campaña electoral.
En octubre de 1977 las Cortes españolas aprobaron la Ley de Amnistía que sacó de la cárcel a todos los presos de ETA, incluyendo aquellos con delitos de sangre, y acabó definitivamente con la responsabilidad penal de los 66 asesinatos que hasta el 15 de junio había realizado la banda terrorista, incluyendo el magnicidio. Pese a aquella oportunidad histórica, ETA siguió matando y los tres autores materiales del asesinato de Carrero prefirieron continuar en las filas terroristas. La venganza cayó sobre uno de ellos. El 21 de diciembre de 1978 un atentado parapolicial acabó con la vida de Argala, que se había convertido en el máximo dirigente de ETA militar. Como Carrero Blanco, es uno de esos victimarios-víctimas cuya polémica memoria nos toca gestionar ahora.
Blog de Gaizka Fernández Soldevilla 