Blog de Gaizka Fernández Soldevilla

Acumulando casi el 90% de los 10.000 asesinatos yihadistas cometidos en el mundo, África vuelve a ser el continente más castigado por el terrorismo.

El Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET) acaba de publicar su Anuario, en el que se dan a conocer las cifras globales de actividad yihadista en el último año. De acuerdo con el informe, a lo largo de 2025 el terrorismo de esta índole sumó 2.018 atentados en el planeta, un 1,9% más que en 2024. Al igual que el año pasado, el país que sufrió más ataques fue Burkina Faso: 443.
Por primera vez desde que existen registros, África ha concentrado las diez masacres con mayor número de fallecidos. La mitad consistieron en emboscadas contra soldados y policías y la otra mitad en incursiones contra poblados. Las localidades donde tuvieron lugar llevan nombres como Djibo (200 víctimas mortales), Boulkessi (100), Koubel-Alpha (90), Manda (71), North Kivu (70 y 65), Ituri (66), Diapaga (64), Dar el Jamal (63) y Solle (60). Si es que alguno de esos topónimos apareció en los medios de comunicación occidentales, lo hizo de manera fugaz y fue rápidamente olvidado.
En 2025 los yihadistas acabaron con la vida de 9.901 personas en el mundo, un 5,2% menos que en el año anterior. El 88% de los asesinatos se localizaron en África. Los países peor parados fueron Burkina Faso (2.853 fallecidos), Mali (1.397), Nigeria (1.373), Níger (1.142), Pakistán (741), Somalia (735), República Democrática del Congo (731), Camerún (235), Siria (138) y Benín (119).
Como ocurre desde hace más de un lustro, África subsahariana continúa siendo el principal foco del yihadismo y, por ende, el principal objetivo de sus acciones violentas. La novedad es que, a consecuencia del agotamiento de las estructuras centrales de Al Qaeda y de Dáesh, cada vez más organizaciones priorizan una agenda local o regional con el objetivo controlar un territorio concreto, sustituyendo a los estados. Por ejemplo, Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin (Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes) en el Sahel.
En otras zonas determinados gobiernos han instrumentalizado el terrorismo con el fin de debilitar a sus vecinos. No se trata de que cometan atentados de falsa bandera, sino que alientan y patrocinan grupos yihadistas con los que comparten ciertos intereses. Su acción ha creado graves problemas en Afganistán, Pakistán e India.
No obstante, no todo son malas noticias. Por un lado, Irak ha alcanzado un grado apreciable de estabilidad política y seguridad, lo que ha permitido prácticamente erradicar al Dáesh. Por otro, la lucha antiterrorista ha sido capaz de contener la creciente amenaza para la seguridad global que suponía el Estado Islámico del Jorasán (IS-K). Con todo, la organización sigue siendo la que tiene mayor potencial, por lo que intentará aprovechar la ventana de oportunidad que se ha abierto en Siria. Aunque Hayat Tahrir al-Sham ostenta el poder, todavía no ha logrado imponerse en el conjunto del país.
Otro dato positivo es la relativa calma de Europa occidental. En 2025 únicamente fue escenario de nueve atentados de escasa sofisticación por parte de actores solitarios que se habían autorradicalizado. La cifra de asesinatos se ha reducido ligeramente: 10 en 2021, dos en 2022, seis en 2023, cinco en 2024 y cuatro en 2025.
El factor clave de la actual baja letalidad del terrorismo en nuestro continente reside en la eficacia de los servicios de inteligencia y de las fuerzas policiales. España es el mejor ejemplo. De acuerdo con los datos del Ministerio del Interior, en 2025 se llevaron a cabo 64 operaciones contra el yihadismo en las que se arrestó a un total de 100 sospechosos. Desde el 11-M hasta el 31 de diciembre de 2025 se han realizado 1216 detenciones.
El yihadismo es la principal amenaza violenta no estatal a la que se enfrentan las democracias occidentales, pero no se trata de la única. Le siguen en importancia el crimen organizado y la actividad de ciertos grupos de corte nacionalista radical, ultraderechista y de extrema izquierda. En 2025 los discursos del odio tuvieron consecuencias como el asesinato del activista Charlie Kirk en Estados Unidos o los ataques racistas registrados en Países Bajos y Reino Unido. También hubo altercados de diverso signo en España.
El 2026 ha comenzado mal. En enero se produjeron disturbios en Turín, con una treintena de heridos, y en febrero el estudiante católico y derechista Quentin Deranque falleció tras recibir una paliza a manos de izquierdistas en Lyon. Tales episodios son incomparables con las matanzas que están desangrando África. Sin embargo, parecemos incapaces de evitar el auge de la polarización, el fanatismo y los discursos del odio en Europa. Quizá ha llegado el momento de repensar las políticas de prevención de la radicalización violenta que hemos estado aplicando aquí y allí.

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He contribuido con un capítulo sobre la violencia terrorista en los años de plomo a la obra Alía, Francisco, Buitrago, Juan Carlos y Castellanos, José Antonio (coords.): De la dictadura a la democracia. La Transición en Castilla-La Mancha (1976-1983).

Tras la caída de Nicolás Maduro, la República Bolivariana se encuentra en una encrucijada. Una amnistía, como las que se aprobaron en España entre 1975 y 1977, podría impulsar su tránsito hacia la democracia.

A pesar de que EEUU ha descartado respaldar a María Corina Machado y de que no se ha producido un relevo en la cúpula del régimen, Venezuela parece encaminarse a una transición democrática. La presidenta Delcy Rodríguez aparenta estar dando pasos en esa dirección, como el diálogo con la oposición y la liberación de centenares de presos políticos.
Rodríguez ha anunciado una amnistía general para los que quedan en la cárcel o pendientes de juicio. A la espera de conocer los detalles de la ley, cabe especular que podría suponer un fuerte impulso al proceso de cambio. Es cierto que no se trata de una cesión del poder, sino de un gesto, pero los gestos son cruciales, como demostró la Transición española.
El 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte de Franco, Juan Carlos I fue proclamado Rey. Aunque confirmó al ya presidente Carlos Arias Navarro, le impuso como ministros a políticos franquistas favorables a la apertura. Se concedió un indulto, gracias al cual fueron liberados 5.226 presos comunes y 429 presos políticos. De igual manera, se conmutaron las condenas a muerte ya dictadas y se redujeron las penas de cárcel del resto de los reclusos.
El decreto había excluido delitos de diversa naturaleza, como los de terrorismo. Además, tanto los atentados como el ciclo de protestas laborales, sociales y políticas de aquellos meses hicieron que hubiese más arrestos, enjuiciamientos y condenas. No es de extrañar que la amnistía general continuara siendo una de las principales exigencias de la oposición, que consideraba que sin ella no podría construirse la democracia.
Y ese no era el horizonte de Arias. El presidente temía que las reformas pusieran en peligro la esencia del régimen, por lo que su política resultó vacilante y contradictoria. Después de un año y medio, ni siquiera había legalizado a los partidos políticos y los sindicatos. El 1 de julio de 1976 los desacuerdos con el Rey Juan Carlos I provocaron su dimisión.
El monarca lo sustituyó por Adolfo Suárez, el hasta entonces ministro-secretario del Movimiento. El nuevo presidente tenía la voluntad de liderar una Transición hacia la democracia, pero no fue un proceso fácil. Por un lado, se enfrentó a duras resistencias internas mientras que, por el otro, era espoleado por las movilizaciones pidiendo libertades y amnistía.
El Gobierno aprobó un perdón más generoso, aunque no incluía algunos delitos, como los de sangre. En diciembre el referéndum para la reforma política demostró que la mayoría de los ciudadanos estaba a favor de una democracia avanzada en la que todos tuvieran cabida. En marzo de 1977 se concedió otro indulto que abarcaba a buena parte de quienes no habían sido perdonados con anterioridad y, poco después, se extrañó al extranjero a los más importantes presos de ETA.
Aquellos gestos permitieron que las fuerzas de la oposición aceptaran la legitimidad de las elecciones del 15 de junio de 1977. La práctica totalidad del arco parlamentario emanado de dichos comicios aprobó la Ley de Amnistía cuatro meses después. Se trataba de desactivar el terrorismo y de sellar la definitiva reconciliación entre las «dos Españas». Por consiguiente, el olvido legal afectó tanto a los atentados (con la excepción de algunos de los GRAPO y de la ultraderecha) como a la Guerra Civil y a la represión de la dictadura. El precio, la impunidad de los victimarios, lo pagaron las víctimas: las del franquismo y las del terrorismo.
ETA, los GRAPO y la ultraderecha no vieron la amnistía como una oportunidad para dejar las armas, sino como una muestra de debilidad del Estado. Para imponer su proyecto totalitario, asesinaron a 498 personas durante la Transición. Sin embargo, la ley consiguió su segundo objetivo: evitar un nuevo enfrentamiento fratricida. Terroristas y golpistas fracasaron en su propósito desestabilizador y la democracia acabó consolidándose.
De la Transición española (y otras similares, como la caída de las dictaduras del Bloque del Este) pueden extraerse varias lecciones que quizá sean útiles para Venezuela. Una, que las reformas pactadas suelen ser más exitosas que las rupturas. Dos, que las concesiones mutuas y los consensos son positivos. Tres, que es necesario amnistiar a los opositores para que se sumen al cambio. Cuatro, que a menudo un sector de las élites del régimen tiene un papel protagonista en el proceso. Cinco, que garantizarles también a ellos el perdón facilita que posteriormente abandonen el poder sin resistencias.
Ahora bien, conviene hacer una lectura cauta de estas lecciones. Tendemos a olvidar que, cuando únicamente nos fijamos en el interés general, perdemos de vista a quienes son aplastados por los engranajes de la historia: las víctimas

n el segundo #SierraDelta Contra #SDContra50 de este año hablo con Raúl López Romo, responsable de Educación y Exposición del Centro Memorial, acerca de cómo se está enseñando el terrorismo en las aulas españolas, de la opinión de los profesores al respecto, de los recursos pedagógicos con los que cuentan y de qué pueden hacer la sociedad y las instituciones para avanzar en este campo tan importante.

Además, los historiadores Antonio Rivera y Eider Nafarrate nos presentan la exposición “Socializar el sufrimiento (1995-2010)”, que se puede visitar en el Memorial hasta el 12 de abril de este año.

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