Tras encadenar derrotas en las guerras civiles del siglo XIX, el carlismo resurgió durante la Segunda República como un activo movimiento de extrema derecha con especial implantación en el norte de España y Andalucía. Sus requetés participaron en la oleada de violencia que ensangrentó aquella etapa y en julio de 1936 se sumaron con entusiasmo a la sublevación contra el Gobierno democrático. Así, Navarra y Álava fueron dos de las provincias que mayor porcentaje de voluntarios aportaron a la “Cruzada”. Sin los tradicionalistas, la victoria de Franco habría sido imposible.
Por primera vez habían ganado la contienda. Navarra y Álava mantuvieron su convenio y su concierto económico respectivamente. A su vez los carlistas recibieron una porción del poder y puestos en la Administración a todos los niveles, incluyendo ministerios para Antonio Iturmendi, Esteban Bilbao, Antonio María de Oriol, Tomás Garicano, etc. No obstante, la dictadura unificó Comunión Tradicionalista con Falange, diluyendo sus señas de identidad, y dejó vacío el trono. Muchos carlistas se sintieron defraudados.
El definitivo punto de inflexión se produjo entre diciembre de 1968, cuando el régimen expulsó a la familia Borbón-Parma, y julio de 1969, cuando Franco designó al príncipe Juan Carlos como heredero de la Jefatura del Estado. A partir de entonces la corriente mayoritaria, que giraba en torno al pretendiente Javier de Borbón-Parma y su hijo Carlos Hugo, evolucionó desde la extrema derecha hasta una combinación entre tradicionalismo, legitimismo monárquico, catolicismo, antifranquismo, federalismo y socialismo autogestionario.
Otros carlistas se mantuvieron fieles a los principios reaccionarios. Acabaron reconociendo como pretendiente al hermano menor de Carlos Hugo, Sixto Enrique, un ultraderechista que tenía relación con neofascistas como el terrorista italiano Stefano Delle Chiaie.
Durante el tardofranquismo los choques entre ambas facciones fueron habituales, con episodios como la bomba de los izquierdistas Grupos de Acción Carlista (GAC) contra el diario El Pensamiento Navarro (1970) y el asalto a Radio Requeté (1971). También fue motivo de disputa la romería anual de Montejurra, escenario de tres batallas durante el siglo XIX, en la que se homenajeaba a los requetés “caídos” en la Guerra Civil. Al menos desde 1973 los involucionistas desistieron de acudir a la cita, dejando el campo libre a los partidarios de Carlos Hugo.
Tras el fallecimiento de Franco en 1975, las fuerzas políticas comenzaron a prepararse para la previsible competición electoral. Aunque debilitado, el carlismo todavía conservaba cierto peso en Navarra. Como primer paso para recuperar el control del movimiento, los reaccionarios decidieron arrebatar a sus rivales el protagonismo en la concentración de Montejurra del 9 de mayo de 1976. Sixto Enrique contó con el concurso de otros ultraderechistas, desde falangistas a neofascistas extranjeros como el citado Delle Chiaie y Jean-Pierre Cherid, así como con la tolerancia, como poco, de altos cargos de la Administración.
Con todo, fue incapaz de reunir a tantos simpatizantes como Carlos Hugo, quien fue respaldado por izquierdistas de distintas adscripciones. Ante la pasividad de la Guardia Civil, estallaron enfrentamientos entre los dos sectores, que no tardaron en escalar. Tal vez fue una «pelea entre hermanos», pero solo los ultras llevaban armas de fuego. El comandante retirado José Luis Marín García-Verde utilizó la suya para herir mortalmente al cántabro Aniano Jiménez Santos, miembro de la Hermandad Obrera de Acción Católica. Más tarde, ya en la cima de Montejurra, fue asesinado el navarro Ricardo García Pellejero.
Tres de los presuntos autores fueron arrestados. El sumario pasó por el Juzgado de Estella, el TOP y la Audiencia de Madrid. Sin embargo, nunca se celebró el juicio, ya que en noviembre de 1977 se aplicó la Ley de Amnistía a los procesados.
A las familias se les hurtó no solo la justicia, sino también la reparación. En 2000 y 2001 el Ministerio del Interior se negó a reconocer a Aniano y Ricardo como víctimas del terrorismo. Ahora bien, en noviembre de 2003 la Audiencia Nacional dio la razón a sus allegados, que fueron indemnizados.
Quedan aún deudas pendientes. Por un lado, con la verdad, para lo que resulta imprescindible que a los historiadores se nos permita acceder a toda la documentación que custodian los archivos públicos. Por otro, con la memoria. Como el resto de las víctimas del terrorismo, Aniano y Ricardo merecen ser recordados no como simples entradas en una lista, sino como seres humanos con familia, amigos, trabajo, militancia, aficiones, sueños… Tal es nuestra doble misión.
Blog de Gaizka Fernández Soldevilla 