
En julio de 1976 el monarca cesó a Arias y encargó un nuevo gobierno a Adolfo Suárez, el hasta entonces ministro-secretario del Movimiento. No fue bien recibido por las fuerzas antifranquistas, que exigían una ruptura inmediata con el pasado. Ahora bien, el presidente se apresuró a dejar claras sus intenciones mediante un indulto a los presos políticos y el anuncio de que se iban a celebrar unas elecciones libres al año siguiente.
A pesar de los obstáculos que se interpusieron en su camino, el Gobierno fue dando pasos adelante. Así, superando una negación del otro que había durado cuatro décadas, Suárez empezó a reunirse con dirigentes de la oposición, desde el PSOE a los nacionalistas. En noviembre, por medio del SECED, también entró en contacto con las dos ramas de ETA, aunque únicamente ETA político-militar aceptó el diálogo.
Otro reto era sortear la legalidad vigente, la de la dictadura. Gracias a políticos como Torcuato Fernández-Miranda, presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, se encontró la solución: ir “de la ley a la ley” a través de la Ley para la Reforma Política. La norma estaba diseñada para desmantelar las estructuras del régimen desde dentro y devolver la soberanía al pueblo español, convocando unas elecciones.
Tanto la extrema derecha como el nacionalismo vasco radical trataron de obstruir su tramitación. ETA militar advirtió que no había “nada de que hablar”. La “lucha armada” debía mantener su “carácter ofensivo”. El 4 de octubre la banda asesinó a Juan María Araluce, consejero del Reino y presidente de la Diputación de Guipúzcoa, a su chófer y a los tres policías de su escolta. El crimen era un torpedo contra el proceso de democratización. Así lo percibió la oposición, desde el PSOE a la extrema izquierda, cuya condena fue rotunda.
La organización terrorista logró elevar la tensión política y dar alas a la ultraderecha, que, además de protagonizar violentos incidentes en diversas localidades, transfirió la culpa a la reforma democrática. Como se podía leer en la portada del semanario Fuerza Nueva, “la democracia asesina”.
Cuatro días después del atentado, Suárez defendió la norma ante el pleno del Consejo Nacional del Movimiento. Fue recibido con manifiesta hostilidad. Al terminar su discurso, únicamente recibió el aplauso del exministro Tomás Garicano Goñi. El Consejo Nacional emitió un dictamen contrario a la Ley para la Reforma Política. Al no ser vinculante, el Gobierno pudo ignorarlo.
Lo que no podía ignorar era la multiplicación de ataques ultraderechistas. El día 5 de noviembre, al grito de “¡Viva Cristo Rey!”, jóvenes radicales asaltaron y realizaron pintadas en el Café Gijón (Madrid). A lo largo de ese mes se produjeron ocho atentados contra el mundo del libro, dos de ellos con bomba. Una explotó en la librería Pórtico (Zaragoza). La firma fueron cruces gamadas y mensajes como este: “Los comunistas, como los bárbaros, necesitan traidores que les abran las puertas”.
A pesar de tales presiones, el proyecto reformista llegó a las Cortes. Entre los procuradores que tomaron la palabra en su contra estaban los líderes de la extrema derecha, Raimundo Fernández-Cuesta y Blas Piñar. Este último denunció que el texto pretendía “la sustitución del Estado nacional por el Estado liberal. La liquidación de la obra de Franco”. Era verdad, pero al resto del hemiciclo no le importó. Gracias a la capacidad de negociación de Fernández-Miranda y del equipo de Suárez, el Gobierno consiguió sumar a Manuel Fraga y sus partidarios. El 18 de noviembre los procuradores aprobaron la ley por abrumadora mayoría: hubo 13 abstenciones, 59 votos en contra y 425 a favor.
El harakiri de las Cortes franquistas provocó la ira de la ultraderecha. Tan solo dos días después, el 20-N, la Confederación Nacional de Combatientes conmemoró el primer aniversario del fallecimiento del “Caudillo” y el 40º del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera con una concentración en la plaza de Oriente. Según la prensa, los cerca de 100.000 asistentes corearon lemas como “¡Procuradores, sois unos traidores!”, “¡Juan Carlos, Sofía, el pueblo no se fía!”, “¡Suárez dimisión, por perjuro y por masón!” y “¡Tarancón al paredón!”. También hubo apelaciones al golpismo: “¡Ejército al poder!”.
En aquella misma jornada los ultras volvieron a asaltar el Café Gijón para destrozar el local y agredir a la clientela al grito de “¡Viva Blas Piñar!”. El 22 de noviembre La Hoja del Lunes publicó una entrevista a Mariano Sánchez Covisa, cabeza visible de los Guerrilleros de Cristo Rey: “de aquí en adelante habrá más guerrilleros y comandos”.
Además de emplear la violencia política, dicho sector intentó frenar la norma en el referéndum. Dado que se aferraba a la imagen de una sociedad española fervorosamente franquista, solo hacía falta apelar a su lealtad al “Caudillo”. Por eso el lema que la ultraderecha empleó durante la campaña fue “Franco hubiera votado no”. Por su parte, el grueso de la oposición democrática se decantó por la abstención, al igual que las dos ramas de ETA. La campaña del Gobierno por el “sí” fue muy potente (“habla, pueblo”), pero no tenía todas consigo. Según una circular, de haber una “abstención ciudadana masiva, puede verse implicado el Rey y la Monarquía” y, si eran mayoría los votos negativos, el dato se entendería como “una invitación a la Ruptura”.
Tan solo cuatro días antes del plebiscito, el 11 de diciembre, los GRAPO secuestraron al exministro Antonio María de Oriol Urquijo, presidente del Consejo de Estado. Al igual que ETA y la ultraderecha, la extrema izquierda violenta trataba de hacer descarrilar el cambio. No lo logró.
El 15 de diciembre, con una abstención del 22,28%, la Ley para la Reforma Política obtuvo el voto a favor de 16.573.180 ciudadanos (el 94,45% de los que acudieron a las urnas) y el “no” de 450.102 (2,56%). La sociedad había respaldado de forma masiva el programa democrático de Suárez. Asumiendo que la ruptura era inviable, la oposición moderada formó la “Comisión de los nueve” para negociar las elecciones de 1977.
El exministro falangista Fernández-Cuesta fue uno de los procuradores que votó en contra de la ley. Había cerrado su intervención con estas palabras: “A pesar de todo lo dicho, podéis creerme que mucho me alegraría que los hechos demostraran que mis ideas estaban equivocadas y, por lo tanto, que la aprobación de la Reforma Política que vais a votar trajera al pueblo español la paz, la justicia y la libertad, porque mis ideales políticos, por muy arraigados que estén, quedan siempre pospuestos al interés superior de España”.
Los hechos demostraron que las ideas de Fernández-Cuesta estaban equivocadas. La ley aprobada en 1976 fue la llave que abrió la puerta de la Transición. Sin ella hubiera sido muy difícil llegar a nuestra actual democracia parlamentaria, que garantiza la paz, la justicia, la libertad y muchas más cosas. Hoy se cumplen 50 años de aquel hito. Es hora de recordar a las personas que consiguieron que el pueblo español volviera a hablar de nuevo.






