Gaizka Fernández Soldevilla, Florencio Domínguez y Javier Merino: “¡Paga y calla!”, El Correo, 21-VI-2015

¡Paga y calla!
Gaizka Fernández Soldevilla, Florencio Domínguez y Javier Merino

El terrorismo ha golpeado sistemáticamente al sector empresarial del País Vasco y Navarra, así como, en ocasiones, del resto de España. Lo ha hecho de diversas maneras: mediante bombas, atracos, extorsión, secuestros y asesinatos. Así, de acuerdo con la obra Vidas rotas, ETA ha matado a 33 empresarios y banqueros, 55 empleados cualificados y 50 autónomos. A dichas categorías pertenecían el 11,7% de las personas sobre las que la banda ha recabado información entre 1968 y 2001, según el Informe Foronda. Tal saña respondía a dos factores. Por una parte, al afán de la organización de presentarse como el Robin Hood del ‘Pueblo Trabajador Vasco’. Por otra, a su mucho más prosaica necesidad de financiarse. Empecemos por esta última faceta.
En un primer momento ETA dependió de la generosidad de sus simpatizantes y de algunos empresarios afines, pero cuando los donativos resultaron insuficientes, la banda comenzó a robar. La primera vez resultó un fiasco: en 1965 un comando atracó al cobrador del Banco de San Sebastián en Vergara, pero solo logró letras de pago (inservibles) y 2,75 pesetas (43 céntimos de euro a precios constantes). En 1967 la organización cometió tres atracos con éxito, lo que le permitió pertrecharse y empezar sus atentados mortales al año siguiente. Era la primera etapa de un ciclo de violencia terrorista que ha durado hasta 2011. Los cerca de doscientos asaltos a bancos, empresas y otro tipo de entidades proporcionaron a las distintas ramas de ETA un botín equivalente a 19,1 millones de euros actuales. Se trató de una de sus principales fuentes de ingresos hasta principios de los años ochenta. Pero no la única.
A principios de la década de los setenta Los Cabras de Xabier Zumalde idearon lo que posteriormente fue conocido como el ‘impuesto revolucionario’, eufemismo bajo el que se camuflaba la extorsión sistemática a empresarios, ejecutivos y profesionales liberales. ETA político-militar, los Comandos Autónomos Anticapitalistas y ETA militar no tardaron en copiar y perfeccionar el sistema, que ha resultado especialmente lucrativo a este último grupo. Mediante el análisis de documentación de ETA incautada se estima que entre 1993 y 2011 unos 10.000 empresarios han sido sometidos a chantaje económico, a lo que habría que añadir un número indeterminado en la etapa anterior. Con el fin de amedrentar a todo el colectivo y asegurarse la recaudación del ‘impuesto’, ETA ha perpetrado casi un centenar de atentados contra aquellos que se han resistido a pagar o que han denunciado la extorsión a la que eran sometidos. Dieciséis de ellos fueron asesinados. El primero, José Legasa, el 2 de noviembre de 1978, por haber presentado la primera denuncia contra el chantaje más de dos años antes; el último, el 3 de diciembre de 2008, Ignacio Uría, propietario de una empresa constructora que trabajaba en las obras del TAV.
En otro orden de cosas, desde 1970 las diferentes ramas de ETA han raptado a un total de 86 personas (sin contar los secuestros exprés). De acuerdo con la base de datos elaborada por Francisco J. Llera y Rafael Leonisio, en el 51% de los casos se buscaba facilitar un atraco o exigir el cobro de un rescate bajo amenaza de muerte. Gracias a este método, ETA recaudó entre 101 y 105 millones de euros a precios constantes. Tres de los empresarios secuestrados fueron asesinados por sus captores al no satisfacerse el dinero exigido. Otro más falleció unos meses después de su liberación, debido a una enfermedad relacionada con su cautiverio.
Amén de por razones estrictamente económicas, ETA también ha raptado a empresarios y directivos con la intención de forzar determinado resultado en conflictos laborales (el 19,8% de los casos) y sociales (el 5,8%). Así pretendía respaldar las demandas de los sindicatos y de los movimientos sociales (en el fondo suplantándolos), independientemente de la voluntad de estos. Normalmente dichas personas eran liberadas tras recibir uno o dos tiros en las rodillas. Se trató del modus operandi más característico de ETApm. Sin embargo, no hay que olvidar que este tipo de secuestros también ha dejado tres víctimas mortales.
Idéntico deseo de presentarse como un adalid de la lucha contra las injusticias sociales llevó a ETA a desarrollar campañas contra proyectos, compañías, infraestructuras y sectores estratégicos. En ocasiones, perjudicando al tejido económico, lo que realmente pretendía la banda era presionar a las instituciones democráticas, pero las auténticas damnificadas eran las empresas, sus propietarios y los trabajadores, así como la ciudadanía en general, que de una u otra manera tuvo que sufragar los gastos generados por el terrorismo. Se calcula que ETA realizó 19 atentados en el marco de distintos conflictos laborales hasta 1984 (con el resultado de dos víctimas mortales), 300 en la campaña contra Iberduero y la central nuclear de Lemóniz (cinco víctimas mortales), 18 contra la construcción de la autovía de Leizarán (tres víctimas mortales), 320 contra intereses franceses (23 víctimas mortales), 225 contra el turismo (siete víctimas mortales) y 5.113 ataques de kale borroka contra empresas entre los años 1991 y 2013.
La violencia de ETA afectó a miles de personas receptoras de las cartas de amenaza y a sus familias, dejó un sinfín de hombres y mujeres marcados psicológicamente, así como un reguero de heridos y cadáveres a su paso. Ahora que, por fin, el terrorismo parece cosa del pasado, es el momento de investigar con rigor cómo nos ha afectado en todos los órdenes de la vida. También en el plano ético y político. En ese sentido, debemos huir tanto de la amnesia colectiva, pasando página sin haberla leído antes, como de la comprensión más o menos explícita de los crímenes de ETA que deriva de la apelación a un supuesto ‘conflicto’ secular todavía no resuelto. Si queremos apostar por la convivencia, es necesario hacer un doloroso pero cauterizador examen crítico de nuestra historia reciente y enfrentarnos a la verdad incómoda que nos interpela detrás de los datos: la pasividad que caracterizó a una parte importante de la sociedad vasca mientras tantos de nuestros conciudadanos sufrían, entre otros muchos, miles de personas extorsionadas. Hubo excepciones, como Gesto por la Paz o las asociaciones de víctimas del terrorismo, pero la mayoría preferimos mirar hacia otro lado. Tampoco conviene olvidar el papel de la poderosa minoría que apoyó activamente el terrorismo. Ni sus gritos: “¡Aldaya, paga y calla!”.

Fuente: El Correo, 21-VI-2015

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