En el aniversario del secuestro de José María Ryan. Lemóniz y ETA

Fuente: Fotografía realizada por Mikel Alonso

A final de los años sesenta, haciendo un cálculo exagerado de las necesidades energéticas de la industria, se proyectaron una veintena de centrales nucleares en toda España, tres de las cuales estarían ubicadas en el País Vasco. Dos no pasaron del papel. La tercera, cuyas obras Iberduero comenzó en 1972, se situaría en Lemóniz. Se detectaron notables irregularidades, además de que la ubicación de la central, cercana al Gran Bilbao, la hacía especialmente peligrosa.

El avance de las obras propició el inicio de movilizaciones en su contra. La Comisión de Defensa de una Costa Vasca No Nuclear apareció en mayo de 1976. Se trataba de una entidad ideológicamente transversal, aunque estaban ausentes las formaciones de derechas, el PNV, la UCD y AP, que se habían posicionado a favor de la central. La Comisión englobaba a diferentes asociaciones y personalidades como José Allende y José Ramón Recalde. Su finalidad era concienciar a la sociedad de la amenaza nuclear y solicitar la paralización de las obras por la vía judicial. Paralelamente a la Comisión, se fueron organizando los comités antinucleares a nivel local, los cuales se centraron en la convocatoria de actos de protesta. Pronto los comités se extendieron por todo el País Vasco, logrando la adhesión y concienciación de numerosos ciudadanos.

En agosto de 1976 hubo una manifestación multitudinaria en Plencia, que luego se repetiría en otros puntos de Vizcaya. Por ejemplo, en julio de 1977 una marcha antinuclear consiguió reunir en Bilbao a 150.000 personas, dato facilitado por la prensa. En marzo de 1978 hubo otra gran concentración en las campas de la Troka, junto a las obras de la central. Una parte de los manifestantes repitió la consigna: “ETA, Lemoiz goma-2”.

Y es que, al comprobar el grado de contestación social que provocaba, las organizaciones terroristas habían decidido intervenir contra Lemóniz. El peso de la campaña lo llevó ETAm, que cometió 246 atentados, asesinó a cinco empleados de Iberduero e hirió a otros catorce. Las bombas, incendios y sabotajes contra las obras de la central, así como contra otros intereses de Iberduero, empezaron en 1977, multiplicándose al año siguiente.

El 17 de marzo de 1978 un artefacto explosivo acabó con la vida de dos trabajadores: Alberto Negro Viguera y Andrés Guerra Pereda. El 13 de junio de 1979 otra bomba causó la muerte del montador Ángel Baños Espada. Dos años después, el 29 de enero de 1981, un comando secuestró a José María Ryan, el ingeniero jefe del proyecto. Según ETAm, solo era un “yanki imperialista al servicio de la oligarquía española”. Fue asesinado el 6 de febrero. La organización advirtió a los otros técnicos de que podían sufrir la misma suerte si no abandonaban su labor. El 5 de mayo de 1982 dos pistoleros asesinaron en Bilbao al sucesor de Ryan, el ingeniero Ángel Pascual, en presencia de su hijo adolescente, quien sufrió heridas leves. Poco después, el 26 de junio, Alberto Muñagorri Berdasco, de diez años, le dio una patada a una mochila abandonada a unos quince metros de un almacén de Iberduero en una plaza de Rentería. El macuto contenía una bomba, que explotó. El niño perdió la visión de su ojo izquierdo y los médicos tuvieron que amputarle una pierna.

El grupo reiteró sus amenazas de muerte a los técnicos de la empresa, muchos de los cuales renunciaron a su puesto, lo que obligó a Iberduero a suspender provisionalmente las obras. Solo así cesaron los atentados. El Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo acordó la intervención de la central, que su sucesor, Felipe González, paralizó de manera definitiva. ETAm había logrado su primera gran victoria, que luego repetiría en la construcción de la autovía de Leizarán. El coste total de la campaña y la paralización de las obras ascendió a 8.679 millones de euros actuales, que fueron sufragados por la ciudadanía en su recibo de la luz durante los años posteriores.

La intervención de ETAm dividió al movimiento ecologista vasco. Una parte del mismo se desmarcó de los atentados terroristas, pero otra los apoyó o, cuando menos, los asumió. Quizá eso explique por qué solo 10.000 personas acudieron a la última gran manifestación antinuclear en agosto de 1981, cuando la cuestión ya estaba definitivamente contaminada por el terrorismo.

Extracto de La calle es nuestra: la transición en el País Vasco (1973-1982). Bilbao: Kultura Abierta. Ed. de Mikel Toral. Fotografías del archivo de Mikel Alonso. Textos de Gaizka Fernández Soldevilla.

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