Lo que queda de ETA
El Correo / FLORENCIO DOMÍNGUEZ DIRECTOR DEL CENTRO MEMORIAL DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
No han comprendido que el desarme es un problema particular suyo, no de los Estados, que no comparten su pretensión de escenificar un gran acto propagandístico.
En noviembre de 2002, con una ETA que ya había perdido la iniciativa frente al Estado, los jefes de la banda hicieron lo que llamaron un «recuento de personal»: el grupo terrorista contabilizó 1.031 militantes, la mitad de ellos (514) en prisión y la otra mitad (517) encuadrados en las diferentes estructuras, la mayor parte de ellos en el aparato militar que contabilizaba 271 activistas en sus filas. Nueve años más tarde, cuando tuvieron que optar por el abandono del terrorismo, la decisión fue tomada por apenas treinta etarras, señal de que no había muchos más en activo.
En octubre de 2011, cuando renunciaron oficialmente al terrorismo –en la práctica habían parado en febrero de 2010, casi al mismo tiempo que asesinaban al policía francés Jean-Pierre Nerin–, ETA estaba acosada por las fuerzas de seguridad francesas y españolas, carecía de liderazgo sobre su entorno político y sospechaba que estaban infiltrados, algo en lo que no andaban muy descaminados. Durante los últimos años, los jefes de ETA habían ido cayendo en manos de la policía antes de haber acumulado el primer trienio de antigüedad en el cargo y en algunos casos sin tiempo siquiera para superar el periodo de prácticas. Una ETA sin jefes y sin capacidad terrorista entró en conflicto con su brazo político porque la ilegalización de Batasuna y el resto de marcas les había dejado fuera de las instituciones y necesitaban que la banda abandonara la violencia para poder volver al juego electoral. Y lo dejaron hace ya cinco años.
En estos cinco años, lo que queda de ETA ha cosechado una colección de iniciativas fracasadas una tras otra. Fracasó, primero, el objetivo de negociar con el Gobierno español en Oslo sobre lo que los terroristas llaman las «consecuencias del conflicto» que, curiosamente, no incluyen a los muertos ni a los heridos de los atentados. Este fracaso tiene fecha: el 18 de febrero de 2013 las autoridades noruegas expulsaron a los tres representantes de ETA del país, cansadas de la intransigencia de los etarras ante la Comisión Internacional de Verificación. La banda se quedó sin estrategia pues estaba convencida de que, tarde o temprano, el Gobierno español iría a negociar con ellos.
Tardaron dos años en perfilar una estrategia alternativa al fracaso de Oslo. El plan de ETA era realizar un montaje propagandístico con el sellado de las armas que ya no iban a utilizar. El sellado era un sucedáneo del desarme, que seguía condicionado a una negociación con España o Francia, y que consistía en hacer un inventario de armas, armas que seguirían en poder de ETA. Esa estrategia fracasó el 21 de febrero de 2014, cuando los verificadores dieron a conocer en qué consistía el sellado en cuestión y la banda difundió un vídeo con las imágenes. El ridículo fue tal que los verificadores no han vuelto al País Vasco desde entonces. Bueno, en esa decisión también ha pesado el miedo a tener que declarar ante la Audiencia Nacional.
Un oficial de la Policía Judicial francesa, el comandante Laurent Hury, mostró su sorpresa por el vídeo del sellado durante una declaración efectuada ante un tribunal de París: «Los dos miembros de la Comisión Internacional de Verificación (CIV) recorren con la mirada lo presentado, pero no hacen ninguna actividad de verificación de las armas ni los explosivos –afirmó–. Como policía francés les digo que cuando se neutraliza algo realmente se neutraliza, se marca y luego se precinta. Ahí [en referencia al vídeo difundido por ETA] no se ve nada de eso. Simplemente sobrevuelan la mesa y se marchan con un papel».
Lo que queda de ETA no ha comprendido que el desarme es un problema particular suyo, no de los Estados, que no comparten su pretensión de escenificar un gran acto propagandístico. En los tres últimos años, la banda ha tratado sin éxito de implicar a Francia en un proceso de desarme al margen de España, pero a los Gobiernos de París y Madrid les basta con esperar a que los cuerpos policiales vayan apoderándose de las armas de ETA como ha ocurrido esta misma semana. La capacidad de ETA de ofrecer algo el día del desarme se reduce de forma drástica tras cada operación policial. A la banda terrorista sólo le queda protestar y lamentarse de que al quitarle las armas le impiden desarmarse. Lo que queda de ETA no ha comprendido tampoco que la situación de los presos preocupa únicamente a los familiares de los reclusos y sólo en los días especiales inquieta a la izquierda abertzale.
La renuncia al terrorismo de ETA ha relajado la vida política vasca, ha normalizado la vida social. Al desaparecer el factor que amenazaba la vida y las libertades de una parte importante de los ciudadanos, la normalidad se ha impuesto. La normalidad es el respeto a la legalidad democrática y al Estado de derecho, contra el que han combatido a mano armada los terroristas. La única anormalidad en el País Vasco durante décadas ha sido la presencia de una banda cometiendo atentados y poniendo en peligro la democracia.
Al desaparecer la amenaza, la sociedad se ha olvidado rápidamente de ETA y de los etarras, para lo bueno y para lo malo. Lo que no debería olvidarse es la historia de terror de ETA. Hay que tener presente lo ocurrido, enseñarlo a los más jóvenes, para deslegitimar la violencia y evitar que futuras generaciones tengan la tentación de volver a las armas.