«Javier de Ybarra y Bergé», El Correo, 22-VI-2017

En el manifiesto de ETA para el Aberri Eguna de 1968, Txabi Etxebarrieta incluyó en la nómina de los “dueños del Estado” y enemigos del “Pueblo Vasco” a los Ybarra. Entre todos ellos, Etxebarrieta destacó a Javier de Ybarra y Bergé, quien, como alcalde de Bilbao, había hecho que el Ayuntamiento “repudiara públicamente las actividades de ETA”.

Había algo más, que el dirigente etarra olvidó mencionar: Javier de Ybarra era el miembro más conocido no solo de su extensa familia, sino también de la alta burguesía de Neguri y de la derecha vasca. Durante la Guerra Civil había estado cautivo en la zona republicana. Sobrevivió al asalto a las cárceles de Bilbao en enero de 1937, en el que fueron asesinados 224 presos, una experiencia que relató en uno de sus libros. Historiador y arqueólogo, formó parte de la Real Academia de la Historia. Además, fue un renombrado jurista (presidente del Consejo Superior de Protección de Menores en España y del Tribunal Tutelar de Menores de Vizcaya) y empresario (consejero del Banco de Vizcaya e Iberduero, así como presidente de Babcock Wilcox, El Diario Vasco y El Correo Español). Durante la dictadura también ocupó cargos públicos: procurador en Cortes, presidente de la Diputación de Vizcaya, de la que fue cesado tras pedir a Franco la reintegración del concierto económico, y alcalde de Bilbao. Javier de Ybarra representaba una clase social, una identidad, unas ideas y una época. Y los etarras lo sabían.

Descontentos con el Comité Ejecutivo de ETA político-militar, que había creado al partido EIA para participar en la Transición, los comandos berezis se escindieron de la banda en 1977. Una facción se unió a los Comandos Autónomos Anticapitalistas. Otro sector se presentó públicamente el 18 de mayo de 1977 en San Sebastián asesinando a Manuel Orcera de la Cruz, agente de la Policía Armada. La historia de este grupúsculo fue efímera, ya que en septiembre se fusionó con ETA militar, la ETA que ha llegado a nuestros días, en la que alcanzaron una relevante posición antiguos berezis como Miguel Ángel Apalategi (Apala), Francisco Mujika Garmendia (Pakito) o Santiago Arróspide Sarasola (Santi Potros).

Antes de unificarse con sus antiguos rivales, aún tuvieron tiempo de acabar con otra vida. El 20 de mayo los berezis secuestraron a Javier de Ybarra, quien se había negado a someterse a la extorsión económica de ETA. Los terroristas reclamaron un rescate de 1.000 millones de pesetas (unos 45 millones de euros actuales), cifra que el entorno de la víctima fue incapaz de reunir. El 22 de junio, una semana después de las primeras elecciones democráticas, el cadáver de Ybarra fue encontrado en el Alto de Barázar. Tenía un tiro en la cabeza y signos de maltrato y desnutrición.

A pesar de que aquel asesinato se había cometido después de la fecha límite que marcó la Ley de Amnistía (el 15 de junio de 1977), la Audiencia Nacional entendió que el día que había que tener en cuenta era el del secuestro. Apala, que había sido detenido en Francia y esperaba a ser extraditado para ser procesado por el crimen, fue amnistiado. Así pues, nunca hubo juicio. Nadie pagó por aquella muerte. La memoria de Ybarra tampoco corrió mejor suerte. En agosto de 1983 el Ayuntamiento de Bilbao decidió que la avenida alcalde Javier de Ybarra, que tenía ese nombre desde noviembre de 1972, pasara a denominarse Jesús Galíndez.

Pese a lo que a veces se ha mantenido, el asesinato de Ybarra no provocó el ocaso de la alta burguesía de Neguri, que respondía a la crisis económica y a su pérdida de poder político-institucional durante la Transición democrática. Ahora bien, es evidente que esta muerte conmocionó a los empresarios vascos. Marcó el comienzo de una nueva diáspora. Los que se quedaron se vieron en la tesitura de pagar el denominado “impuesto revolucionario” o arriesgarse a acabar como Ybarra o el industrial Ángel Berazadi, al que ETApm había matado el año anterior. El miedo provocado por estos asesinatos ejemplarizantes fue utilizado por las distintas ramas de ETA para extorsionar a industriales y profesionales del País Vasco y Navarra, quienes, hasta ese momento, habían resistido las presiones. Ese dinero, junto al que los etarras obtuvieron de atracos y secuestros, sirvió para mantener en funcionamiento la maquinaria terrorista durante décadas. Una investigación iniciada por la extinta Bakeaz, que verá la luz en forma de libro a finales de año, ha analizado la financiación de ETA y otras facetas de su violencia contra el sector empresarial.

En Sin Perdón el pistolero encarnado por Clint Eastwood asume que, cuando matas a un hombre, “le quitas todo lo que tiene y todo lo que podría tener”. Todo lo que podría hacer. Sabemos qué hizo Javier de Ybarra durante la dictadura, pero no qué hubiera hecho después. Como muchos expolíticos franquistas, tal vez se hubiese enrocado en la nostalgia. O tal vez hubiera evolucionado hacia posiciones diferentes. Hay que recordar que hubo excargos del régimen en los extremos del arco político, como Fuerza Nueva e incluso HB, pero también en AP, UCD, PNV y PSOE. Los primeros decidieron enfrentarse a la democracia, los segundos ayudar a construirla. Ybarra no tuvo la oportunidad de elegir. Se lo quitaron todo.