En julio de 1976 el rey Juan Carlos I encargó la formación de un Gobierno a Adolfo Suárez. Su pasado franquista despertaba el recelo de la oposición, pero el nuevo presidente demostró que apostaba por la democracia. Aunque con dudas y contradicciones, durante la Transición fue cediendo a buena parte de las demandas de las izquierdas y los nacionalismos periféricos. Una de ellas era la amnistía de los “presos políticos”. Hay que recordar que por aquel entonces tal etiqueta también englobaba a los terroristas: entre 1968 y 1977 ETA había asesinado a unas setenta personas, a las que se sumaban las víctimas de otras bandas. Se trataba, pues, de una cuestión espinosa.
El 30 de julio el Consejo de Ministros aprobó una amnistía parcial. “Ha llegado el momento de ultimar este proceso con el olvido de cualquier legado discriminatorio del pasado en la plena convivencia fraterna de los españoles”. La medida no afectaba a los presos con delitos de sangre, por lo que no fue aceptada por la oposición. El 14 de marzo de 1977 la amnistía se amplió a nuevos supuestos, pero no a los condenados por terrorismo. La exigencia de su libertad era una poderosa consigna de movilización. El 8 de mayo comenzó en el País Vasco una campaña de protesta en la que, como resultado de la represión policial, murieron cinco personas; y otra más a manos de la ultraderecha. Los nostálgicos del franquismo rechazaban cualquier concesión: “Ni amnistía ni perdón, ETA al paredón”. Tanto ellos como el terrorismo amenazaban con abortar el nacimiento de la democracia.
Todo lo contrario que la oposición moderada, que veía la amnistía como un pacto de convivencia entre los perdedores y los ganadores de la Guerra Civil. En palabras del líder del PNV Julio Jáuregui, se trataba de perdonar y olvidar “a los que mataron al presidente Companys, y al presidente Carrero; a García Lorca y a Muñoz Seca; al ministro de la Gobernación Salazar-Alonso y al ministro de la Gobernación Zugazagoitia; a las víctimas de Paracuellos y a los muertos de Badajoz; al general Fanjul y al general Pita, a todos los que cometieron crímenes y barbaridades en ambos bandos”.
Además, la amnistía de los presos etarras era una de las condiciones que ponía la “izquierda abertzale” para presentarse a las elecciones de junio de 1977. Con el fin de desbloquear el problema, Suárez acordó con el abogado Juan Mari Bandrés la expulsión al extranjero de alrededor de una veintena de reclusos de ETA. A pesar del malestar que produjo tanto en la Policía y el Ejército como en el propio Gobierno, el presidente consiguió que el extrañamiento saliera adelante. Euskadiko Ezkerra, con vínculos con ETA político-militar, participó en los comicios, lo que permitió su evolución posibilista. En cambio, ETA militar y su entorno llamaron a la abstención.
Uno de los primeros temas que debatieron las Cortes fue el de la amnistía general. Se hizo a instancias de las izquierdas y los nacionalismos periféricos, que sumaron a la UCD de Suárez. El 15 de octubre de 1977, con la abstención de AP, la práctica totalidad del arco parlamentario aprobó la Ley de Amnistía. Se trataba tanto de desactivar el terrorismo como de lograr la definitiva reconciliación entre las “dos Españas”, razón por la que el olvido legal afectó a los crímenes cometidos por ETA y otras bandas terroristas, así como a la Guerra Civil y a la posterior represión franquista.
Decenas de reclusos fueron excarcelados. El 9 de diciembre el último preso etarra, Francisco Aldanondo, abandonaba Martutene. La gestora pro amnistía de Guipúzcoa se disolvió. El ciclo de protestas entraba en declive. La ciudadanía percibió la amnistía como una oportunidad histórica para acabar con el enfrentamiento y la violencia. Por desgracia, las dos ramas de ETA la rechazaron. En un boletín interno de ETAm se podía leer: “Hemos observado un receso en el pueblo en cuanto a movilizaciones, y un ascenso de las fuerzas reformistas que podía llevarnos a un asentamiento de la Reforma de Suárez en Euskadi. Ante esto hemos optado por tomar la iniciativa y actuar para intentar que ello no sucediese”.
Al día siguiente de que el Consejo de Ministros ratificase el proyecto de Ley, ETAm asesinó a Augusto Unceta, presidente de la Diputación de Vizcaya, y a sus dos escoltas. La amnistía, comunicaron los terroristas, “es parcial, pero aunque fuese total no variarían nuestros planteamientos, ya que nosotros iniciamos la lucha porque Euskadi estaba oprimida”. No había pasado ni una semana de la excarcelación de Aldanondo cuando un comando acabó con la vida de Julio Martínez, concejal de Irún. Comenzaban los “años de plomo”.
La Ley de Amnistía no fue impuesta por los antiguos franquistas, sino que fue fruto del consenso entre estos y los antiguos antifranquistas, a iniciativa de estos últimos. Iba a servir para cerrar las heridas del traumático pasado y volver a empezar. Solo se logró de manera parcial y a un alto precio: el que pagaron las víctimas de la dictadura y las del terrorismo. No obstante, cabe preguntarse qué otras alternativas tenían en 1977 quienes, superando el dolor y los agravios, estaban esforzándose por construir una democracia en la que hubiera cabida para todos. Ya sabemos a dónde condujo el camino de quienes intentaron destruirla.
Blog de Gaizka Fernández Soldevilla 