Como ha señalado un reciente artículo de Tatiana Davidova (EL CORREO, 9-XI-2017), en Cataluña se está intentando blanquear la historia del terrorismo de corte secesionista. Tanto allí como en el País Vasco el nacionalismo radical ha puesto en marcha una eficiente maquinaria propagandística que, con el respaldo de sectores políticos, redes culturales y medios de comunicación afines, impulsa actos, exposiciones, documentales y publicaciones. Se trata de obras de combate, parciales, militantes y de escasa calidad, cuyo objetivo declarado es justificar la violencia a posteriori, pero goza de una notable difusión. Baste comprobar su presencia en las librerías.
Ahora bien, hay una diferencia significativa entre el caso vasco y el catalán. Aquí contamos con una amplia bibliografía académica sobre ETA, elaborada por historiadores y otros investigadores. Por el contrario, en Cataluña apenas existen obras rigurosas sobre la violencia ejercida por una parte del ultranacionalismo. Y tampoco las instituciones le prestan una especial atención. Así, mientras no es raro que se ensalce a los (ex)terroristas, el olvido cae sobre sus víctimas.
A imitación de ETA, y en ocasiones con su ayuda material, una fracción del débil y fragmentado nacionalismo catalán radical apostó por el terrorismo en diferentes momentos históricos. Se trató de grupos efímeros y completamente marginales, con escasísimo respaldo político y social. Además, el nivel de destrucción que causaron no es comparable con el de su homólogo abertzale. Sin embargo, al igual que ETA, provocaron dolor en forma de muertos, heridos y exiliados. Su primera víctima mortal fue el guardia civil Dionisio Medina Serrano: el 7 de marzo de 1971 una bomba del Front d’Alliberament de Catalunya acabó con su vida en la Delegación de Hacienda de La Sagrera (Barcelona).
A EPOCA, el Exèrcit Popular de Catalunya, algunas fuentes le atribuyen dos asesinatos en sendos atracos: un anónimo guardia civil el 29 de marzo de 1974 en la fábrica de radiadores Roca en Gavá (Barcelona); y el policía armado Diego del Río, muerto como consecuencia de las heridas que había recibido el 29 de septiembre de 1975 en la residencia del Valle de Hebrón (Barcelona). No obstante, los periódicos de la época desmienten que hubiese víctimas en el atraco de Gavá, del que las FCSE culparon a delincuentes comunes, detenidos muy poco después. Respecto al asesinato de Diego del Río hay que tener en cuenta que, aunque hay indicios que apuntan a EPOCA, tampoco faltan los que señalan al FRAP o a los GRAPO. Sí está claro que EPOCA fue la autora de los asesinatos de José María Bultó, presidente de Cros SA, el 9 de mayo de 1977; y del exalcalde de Barcelona (1975-1976) Joaquín Viola, y de su esposa Montserrat Tarragona Corbella, el 25 de enero de 1978. Al contrario de lo que ocurría en el País Vasco, en Cataluña estos crímenes fueron unánimemente rechazados por la sociedad y la clase política.
Según un trabajo de Diego Muro y Simon Vall-Llosera, Terra Lliure cometió más de 200 atentados. El 21 de mayo de 1981 un comando secuestró a dos profesores de Enseñanza Secundaria en Santa Coloma de Gramanet. Uno de ellos era Federico Jiménez Losantos. Siguiendo el modus operandi de ETApm, los terroristas le dispararon un tiro en la pierna, abandonándole a él y a su compañera atados a un árbol. Terra Lliure acusó a Jiménez Losantos de ser “enemigo de los Países Catalanes” pero, en realidad, la banda lo había escogido como objetivo por ser el “más asequible” de los cuatro redactores del “Manifiesto por la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña”, documento que criticaba la progresiva marginación del español en dicha comunidad autónoma.
Pese a que supuestamente intentó no causar víctimas mortales, esta organización terrorista fue responsable de un asesinato. El 10 de septiembre de 1987 un comando de Terra Lliure detonó una bomba de 3 kilogramos de pólvora prensada dentro del juzgado de Borjas Blancas (Lérida). La explosión derribó un muro, que cayó encima de una mujer que estaba durmiendo en la casa contigua, Emilia Aldomà Sans, quien falleció en el acto. Era viuda y tenía tres hijos. La víctima había residido en Bilbao de donde se fue, tras quedar viuda, por miedo al terrorismo.
En una llamada a la televisión autonómica un portavoz de Terra Lliure lamentó “el accidente que ha causado la pérdida de la vida a una persona inocente”. Al parecer, los terroristas no incluían en tal categoría a las FCSE, ya que el 2 de mayo de 1988 hicieron estallar dos bombas con metralla en Barcelona a modo de “trampa explosiva”: primero una y, una vez provocada la alarma, 11 minutos después, la segunda. Hubo dieciséis heridos, dos de ellos de gravedad: un policía y un guardia civil.
A pesar de todo, el terrorismo ultranacionalista que con más fuerza ha golpeado a Cataluña no ha sido el autóctono, sino el de ETA, con 77 atentados, que provocaron 54 muertos, 21 de ellos en la masacre de Hipercor. Este año se ha cumplido el 30º aniversario de aquella tragedia, al que se ha dedicado una interesante exposición que todavía se puede visitar en el Archivo de la Corona de Aragón. Sin embargo, la efeméride del asesinato de Emilia Aldomà ha pasado desapercibida. Como si nunca hubiera ocurrido.
Blog de Gaizka Fernández Soldevilla 