Raúl López Romo y Gaizka Fernández Soldevilla: “La moral en la política”, El Correo, 20-II-2020

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Nacido en Bilbao el 29 de mayo de 1946, Fernando Buesa pasó su infancia en Guernica. Cursó Derecho en Madrid y Barcelona, para luego ejercer de abogado en Vitoria. Compaginó su profesión con una carrera política excepcional. Siempre ligado al socialismo vasco, fue diputado foral de Álava (1979-1983), concejal del ayuntamiento de Vitoria (1983-1987), secretario de Organización del PSE-PSOE (1985-1988) y diputado general (1987-1991). Desde 1984 era parlamentario autonómico y en septiembre de 1991, además de asumir la Consejería de Educación, fue nombrado vicelehendakari del Gobierno Vasco de coalición PNV-PSE presidido por José Antonio Ardanza.

En 1995 ETA mató al líder del PP Gregorio Ordóñez. Era el comienzo de la socialización del sufrimiento. La nueva estrategia de la banda consistía en atemorizar a los vascos y navarros no nacionalistas mediante la persecución y el asesinato de cargos públicos del PP, el PSOE y UPN, así como de intelectuales, profesores, periodistas y otro tipo de profesionales. La campaña se saldaría con una treintena de víctimas mortales.

Como a tantos otros políticos, a Fernando Buesa se le asignó protección policial. Su escolta era Jorge Díez Elorza, un ertzaina de 26 años. Por desgracia, los terroristas llevaban ventaja. El comando Ituren de ETA les estuvo vigilando durante más de un mes para descubrir sus rutinas. Según la sentencia, “finalizada tal fase de averiguación de datos, comprobaron que un gran número de días recorría la calle Aguirre Miramón de Vitoria (Álava) con objeto de dirigirse a la sede del partido político de que era portavoz”. Los etarras colocaron una furgoneta-bomba “en diversas ocasiones, en las inmediaciones de los lugares de usual recorrido del señor Buesa próximos a su domicilio, sin que por diversas circunstancias pudiera llevarse a cabo el atentado previamente planeado”.

Hasta el 22 de febrero de 2000. Ese día Buesa y Díez salieron de la casa del primero para dirigirse a la sede del PSE. Cerca del cruce de la calle Aguirre Miramón con la calle Nieves Cano, en plena zona universitaria, la banda había colocado una furgoneta Renault Express cargada con 20 kilogramos de explosivos y bolas de metal. Algo después de las 16:30 horas, cuando las víctimas pasaban por allí, el comando activó el artefacto mediante un sistema de radio frecuencia. La explosión acabó con la vida de Fernando Buesa y Jorge Díez. Además, hubo dos mujeres heridas.

Tres años antes, en julio de 1997, el secuestro y asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco había unido a todos los demócratas frente al terror. No obstante, ahora la respuesta al atentado de Vitoria mostró el preocupante grado de división que se estaba instalando en la sociedad vasca, inédito desde los tiempos de la dictadura. Tras el esperanzador “espíritu de Ermua”, la mayor revuelta cívica contra ETA, había llegado el frentismo. Todas las fuerzas nacionalistas, incluyendo las radicales, se habían agrupado en el Pacto de Estella (1998). Con este, el PNV dejaba a un lado una década de colaboración transversal con el PSE en el Gobierno Vasco y orillaba también la clara frontera moral trazada en el Pacto de Ajuria Enea (1988), del que solo HB quedó fuera por su connivencia con ETA. Pero Estella devolvía a los extremistas a la centralidad del tablero político sin necesidad de que condenaran el terrorismo, lo que lanzaba un pernicioso mensaje a la ciudadanía.

El Pacto de Estella fracasó por la intransigencia y las prisas de ETA, no por la falta de voluntad “soberanista” de los dirigentes de aquel PNV, con Xabier Arzalluz, Juan José Ibarretxe y Joseba Egibar a la cabeza. A la banda le pareció que aún así estos iban demasiado lento y en diciembre de 1999 rompió la tregua que venía manteniendo desde un año antes. Su primer asesinato fue el del teniente coronel Pedro Antonio Blanco en Madrid. El siguiente, el que aquí nos ocupa.

En un clima de tensión, dos manifestaciones masivas recorrieron las calles de Vitoria. Una se convirtió en un acto jeltzale de apoyo al lehendakari Ibarretxe, que hasta entonces mantenía un acuerdo de legislatura con EH, sucesora de HB. La otra, siguiendo la llamada de la familia de Buesa, reunió a los constitucionalistas.

Conviene no olvidar la lección de aquellos días de febrero de cara a evitar futuras derivas que antepongan la clave étnica a la democrática. Para ello, hay entidades como la Fundación Fernando Buesa, que, con el brutal atentado de hace ahora 20 años en la memoria, mira hacia adelante a través de una encomiable labor educativa, para transmitir a las nuevas generaciones la necesidad de preservar la moral en la política y en cualquier ámbito de la vida pública.

 

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