José Antonio Lasa Aróstegui y José Ignacio Zabala Artano

El 5 de octubre de 1983, coincidiendo con el inicio del juicio a los polimilis detenidos por el asalto al cuartel de Berga (noviembre de 1980), lo que quedaba de ETApm VIII Asamblea secuestró al capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios. Dos semanas después los terroristas acabaron con su vida. En el ínterin la Policía francesa se puso en contacto con un séptimo reinsertado para que pasase un mensaje a los octavos: si le ocurría algo al militar se iba a «dar carta blanca» para que actuaran los «barbouzes» (bandas parapoliciales) en el territorio galo. No parece casualidad que justo entonces apareciesen los GAL.
Según la sentencia que emitió la Audiencia Nacional, a lo largo de 1983 el comandante de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo y el gobernador civil de Guipúzcoa, Julen Elgorriaga, «al tener conocimiento de que en el Ministerio de Interior se iba abriendo camino la idea de aceptar la realización de acciones violentas contra miembros de ETA refugiados en el Sur de Francia, como una vía para acabar con la actividad terrorista de ese grupo, entonces tremendamente cruenta, decidieron que ellos debían intervenir, tratando de lograr la detención en Francia y el traslado a España de aquellos miembros de ETA que consiguiesen localizar, a fin de obtener información, aunque luego fuese preciso hacerlos desaparecer para evitar que los hechos fueran descubiertos».
El 15 de octubre de 1983 un atentado de ETA acabó con la vida de un guardia civil en Oñate (Guipúzcoa). Al día siguiente otros agentes secuestraron a José Antonio Lasa Aróstegui y José Ignacio Zabala Artano en Bayona. Eran miembros de ETA, pero estaban lejos de ser dirigentes. Simplemente eran fáciles de localizar. Nacidos en Tolosa en 1963 y solteros, los dos amigos formaban parte del comando Gorki. En noviembre de 1981 acababan de realizar un atraco cuando uno de los integrantes de la célula fue detenido «mientras que los demás, armados y encapuchados, tras enfrentarse a tiros con los miembros del Cuerpo Superior de Policía, lograban darse a la fuga». A raíz de aquel suceso, Lasa y Zabala huyeron a Francia. Y allí, cuando se disponían a ir a las fiestas de un pueblo cercano, les encontraron los GAL.
Los terroristas parapoliciales trasladaron a los rehenes a la semiabandonada villa La Cumbre en San Sebastián, propiedad del Estado. Se les torturó brutalmente. Más tarde los guardias civiles llevaron a Lasa y Zabala a Busot (Alicante). «Allí, con una pistola Browning, hicieron un disparo a José Antonio Lasa en la cabeza, y dos a José Ignacio Zabala, también en la cabeza, lo que les causó la muerte inmediata». Fueron enterrados bajo unos 50 kilogramos de cal viva.
Dos años después un cazador encontró los cadáveres. No había pistas sobre su identidad. Jesús García García, el comisario jefe de un grupo de la Policía Nacional contra la delincuencia, se interesó por el caso. El forense, que era su amigo, le contó detalles que hacían descartar un ajuste de cuentas o un crimen sexual: probablemente habían sido torturados para obtener información, pero no sabían por quién ni para qué. Los cuerpos cayeron en el olvido durante una década, aunque no para el comisario.
En 1995 Jesús García García, por entonces jefe de grupo de la Policía Judicial adscrita a los Juzgados de Alicante, escuchó acerca del plan de los GAL de enterrar a Segundo Marey en cal viva. «Me resultó llamativo, porque en la fosa de Busot habían aparecido unos 50 kilos de cal», explicaría durante el juicio el policía. Según El País, «García calificó de “aberrantes” y “actos vandálicos» los sufrimientos infligidos a Lasa y Zabala y dijo que pensó en el intento de secuestro del etarra Larretxea por esas fechas y que pudieron haberlo hecho para sacar información sobre el paradero del capitán de Farmacia Martín Barrios. Después inició las gestiones para confirmar las identidades y judicializar el caso, para lo que contactó con un fiscal».
Gracias a la investigación policial, los responsables del crimen fueron detenidos. En abril de 2000 la Audiencia Nacional dictó largas condenas de cárcel para quienes habían participado en el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala, ya fuera como autores materiales o intelectuales. Entre los primeros había varios guardias civiles. Entre los segundos destacaban Julen Elgorriaga y el ya general de la Benemérita Enrique Rodríguez Galindo.
El comisario Jesús García García sufrió un infarto cuando declaraba como testigo en el juicio. Fue trasladado al Hospital Carlos III, donde falleció. Unas 500 personas acudieron al entierro de este policía nacional en el cementerio de San Idelfonso de Mula (Murcia), su localidad natal. El funeral se había celebrado en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, donde, de acuerdo con El País, el obispo de Cartagena Javier Ureña subrayó que Jesús García había muerto «en acto de servicio». Este mismo periódico publicó una breve carta de su hermana María Teresa para agradecer «a aquellos que han entendido que actuó guiado exclusivamente por su sentido de la dignidad y del respeto a su profesión y a la ley, a la que se debía, al margen de simpatías o antipatías personales, de filias y fobias, despreciando las consecuencias que para él mismo y para su familia pudiera acarrear su decisión; sin dudar en acudir a los llamamientos judiciales y a cuantas diligencias fue requerido, y ello aun conociendo el delicado estado de su corazón y siendo consciente de que -como así sucedió- le podía estallar. Sin embargo, nada de eso fue suficiente para doblegar su voluntad y su sentido del deber».

Este texto es un fragmento del libro El terrorismo en España

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