En 1977 la amnistía era un tema crucial para la «izquierda abertzale» y la principal consigna de numerosas manifestaciones y huelgas antifranquistas en los años precedentes. Tras las primeras elecciones democráticas, se abordó la cuestión a instancias de las izquierdas y los nacionalismos vasco y catalán, que lograron sumar a la UCD del presidente Adolfo Suárez. El 15 de octubre de 1977, con la abstención de Alianza Popular, la práctica totalidad del arco parlamentario aprobó la Ley de Amnistía. Se trataba de desactivar el terrorismo y de sellar la definitiva reconciliación entre las «dos Españas». Por consiguiente, el olvido legal afectó tanto a la Guerra Civil y a la represión franquista como a los crímenes cometidos por las bandas terroristas (con excepciones como algunos atentados de los GRAPO o la masacre ultraderechista de los abogados de Atocha).
De acuerdo con un reportaje de ABC, 1.232 integrantes de ETA se beneficiaron de la amnistía. Es probable que la cifra sea menor, pero no hay duda de que decenas de reclusos con delitos de sangre fueron excarcelados. El 9 de diciembre de 1977 el último de ellos, el exmiembro de ETApm Francisco Aldanondo (Ondarru), abandonaba la prisión de Martutene. Tras haber alcanzado sus fines fundacionales, la Gestora pro-amnistía de Guipúzcoa se disolvió. La Ley era una oportunidad histórica para acabar con la violencia política: los terroristas podrían haber vuelto a casa con total impunidad, ya las víctimas fueron completamente ignoradas por las instituciones y la sociedad.
No obstante, la autodisolución no entraba en los planes de ninguna de las ramas de ETA. Al día siguiente de que el Consejo de ministros ratificase el proyecto de Ley, los milis asesinaron a Augusto Unceta Barrenechea, presidente de la Diputación de Vizcaya, y a los dos guardias civiles que le escoltaban: Ángel Antonio Rivera Navarrón y Ángel Fernández Hernández-Segura. El atentado produjo tal consternación que incluso la prensa afín a la «izquierda abertzale», Egin y el semanario Punto y Hora de Euskal Herria, emitió una enérgica condena, que fue rápidamente neutralizada y no se volvería a repetir. Las críticas no hicieron mella en ETAm. No había pasado ni una semana de la excarcelación de Aldanondo cuando otro comando acabó con la vida del concejal de Irún Julio Martínez. El propio Aldanondo volvería a empuñar las armas, esta vez enrolado en los CAA: falleció en un tiroteo con la Guardia Civil en octubre de 1979. Como él, otros presos amnistiados reingresaron en las distintas ramas de ETA. En palabras de Patxo Unzueta (1996), «la dinámica infernal -atentados, presos, más atentados- estaba de nuevo en marcha».
De acuerdo con Santos Juliá (2017), la Ley de Amnistía «no obtuvo en modo alguno el taumatúrgico efecto pacificador que de ella esperaban quienes la defendieron en el Congreso y en el Senado: ni alentó la vuelta de los chicos de ETA a casa ni marcó el fin de los atentados. Ocurrió, más bien, lo contrario». No obstante, incluso tras despreciar la medida, a ETA se le ofrecerían nuevas y generosas salidas: el Estatuto de autonomía, la reinserción colectiva, la reinserción individual, las sucesivas conversaciones con el Gobierno, etc. Los autoproclamados nuevos «gudaris» las rehusaron una tras otra. Así pues, si el terrorismo continuó, lo hizo únicamente porque esa fue su decisión.
Este texto es un fragmento de mi último libro.
Bibliografía citada
UNZUETA, José Luis (1980): (1996): «Euskadi: amnistía y vuelta a empezar», en JULIÁ, Santos, PRADERA, Javier y PRIETO, Joaquín (coords.): Memoria de la Transición. Madrid: Taurus, pp. 275-283.
JULIÁ, Santos (2017): Transición. Historia de una política española (1937-2017). Barcelona: Galaxia Gutenberg.
Blog de Gaizka Fernández Soldevilla 