La construcción de la Y vasca que nos unirá a la red tanto del resto de España como de Europa dio comienzo en septiembre de 2006. Se preveía que la rama Vitoria-Bilbao-San Sebastián-frontera francesa iba a estar en funcionamiento en 2012. Año tras año, el horizonte final se ha ido alejando hasta tal punto que es difícil tomarse en serio el anuncio de una nueva fecha. La única certeza es que Euskadi sigue en el vagón de cola del tren de alta velocidad junto a Cantabria, Navarra y La Rioja.
Ocasionalmente (pero será más frecuente en este año electoral) las administraciones públicas se echan la culpa unas a otras de que el AVE todavía no esté operativo en el País Vasco. No obstante, el retraso requiere una explicación completa. Aunque no faltan píldoras para la memoria (por ejemplo, la excavadora quemada en Rentería el pasado octubre), hemos olvidado que, si hubo alguien que perjudicó a las obras de la Y vasca, fueron ETA y su entorno, que pretendían repetir los sangrientos éxitos de la paralización de la central nuclear de Lemóniz y la alteración del trazado de la autopista de Leizarán.
Como cuentan Florencio Domínguez y Javier Merino en La bolsa y la vida, el empeño de la izquierda abertzale fue brutal. El primer ataque de kale borroka data de enero de 2007 y la primera bomba de ETA, de mayo de 2008. A partir de entonces se desarrolló una campaña contra las obras de la Y vasca, contra las empresas y, por desgracia, contra los seres humanos que las impulsaban. El 3 de diciembre de 2008 la banda asesinó en Azpeitia a Ignacio Uría, propietario de una de las constructoras.
Desconocemos a cuánto asciende el importe de los daños materiales producidos por los atentados, pero al mismo hay que sumar un sobrecoste de más de 60 millones de euros en seguridad. Además, la Ertzaintza tuvo que dedicar una unidad específica a supervisar la construcción. Como ocurrió durante décadas, la factura del nacionalismo vasco radical la pagamos entre todos.
El ferrocarril ha sido uno de los escenarios recurrentes de la violencia de ETA desde el principio. El 18 de julio de 1961, en su primera acción reivindicada, intentó hacer descarrilar un tren de veteranos guipuzcoanos que acudían a San Sebastián a conmemorar el aniversario del “Alzamiento Nacional”. Y en diciembre de 1963 un comando voló con dinamita un vagón estacionado en Alsasua.
A lo largo de su historia ETA puso bombas en instalaciones de RENFE, paradas y líneas férreas de toda España, especialmente durante sus campañas de verano. Algunos de sus atentados dejaron víctimas mortales y heridos. En junio de 1975, en el tren San Sebastián-Bilbao, el guardia civil Mariano Román sufrió un accidente mortal después de que su compañero resultase herido por un etarra. En mayo de 1978 a otro agente, Manuel López, le mató la explosión de un artefacto cuando volvía de prestar servicio en la estación de Pamplona. En julio de 1979 un atentado múltiple de ETA político-militar en el aeropuerto de Barajas y las estaciones de tren de Chamartín y Atocha causó la muerte a siete personas: Juan Luna, Dionisio Gonzalo Rey, J. Emilio Pérez, Guadalupe Redondo, Dorotea Fertig, J. Manuel Juan y J. Manuel Amaya.
En julio de 1981 en la estación de Basauri un pistolero asesinó al agente retirado Joaquín Gorjón. En diciembre de 1982 los guardias Manuel López y Juan García fueron ametrallados cuando inspeccionaban un tren de mercancías en Irún. En septiembre de 1983 ETA mató al policía Pablo Sánchez en el andén de Urnieta. En septiembre de 1984 una bomba-trampa escondida en las vías, cerca de Alegría, acabó con la vida de los guardias José Luis Veiga, Agustín Pascual Jove y Victoriano Collado. Otra mató al ertzaina José Juan Pacheco en octubre de 1988.
En nombre de Euskadi, la izquierda abertzale tampoco dudó en destruir el patrimonio industrial de Euskadi. En agosto de 1993 el entorno juvenil de ETA provocó un grave incendio en el Museo Vasco del Ferrocarril que se estaba construyendo en Azpeitia. Un vagón de tren de 1887 y otro de 1923 resultaron calcinados. Dos vagones más y una locomotora de 1898 también fueron afectados por el fuego.
Como tantos otros elementos, aquel ataque acerca al nacionalismo vasco radical al movimiento tradicionalista y monárquico al que a menudo reivindica como su antecedente histórico. Durante la Tercera Guerra Carlista el cura Santa Cruz mandó a su partida de guerrilleros destruir vías férreas, túneles, estaciones y trenes. El ferrocarril era un símbolo de industrialización, modernidad, liberalismo e inmigración. Y por eso lo odiaba. Pese a sus empeños, Santa Cruz no logró detener el progreso. Sus pretendidos sucesores tampoco: solo lo han retrasado.
Ya está disponible el 1º Sierra Delta Contra de 2024, el pódcast de Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y Seguridad y Defensa: En este programa Sergio Altuna explica cómo se financia Hamás en los países occidentales y Matteo Re analiza la figura de Toni Negri y los “anni di piombo” en Italia.
Escauriaza Escudero, Ana, & Fernández Soldevilla, Gaizka (2023). «Académicos en el punto de mira. La violencia de eta y su entorno contra la universidad (1995-2011)». Studia Historica. Historia Contemporánea, 41, 81–105. https://doi.org/10.14201/shhc20234181105
La estrategia denominada «socialización del sufrimiento» comienza en 1995 con el asesinato de Gregorio Ordóñez. También en este momento las universidades del País Vasco y de Navarra vieron cómo la amenaza de ETA se cernía sobre ellas. Una parte de la comunidad universitaria, que desde los años 80 había escrito en prensa para deslegitimar el terrorismo y organizaba concentraciones de Gesto por la Paz en sus campus para protestar contra los asesinatos y secuestros, empezó a estar en el punto de mira de ETA. De la violencia genérica en los campus y en los claustros se pasó a las amenazas con nombre y apellido. De ahí a los escoltas primero y a hacer las maletas para huir del terror después. Esa mayor amenaza creció en paralelo a la resistencia que mostraba la Universidad, siendo precisamente ese combate contra ETA una de las principales causas por las que pasó a convertirse en un objetivo de primera línea para la organización terrorista.
En este artículo, propongo analizar cómo algunas (mini)series de ficción de la última década sobre el terrorismo de ETA –en especial El precio de la libertad y El asesinato de Carrero Blanco (2011), La línea invisible (2020) y, en menor medida, Patria (2020)– tratan el complejo legado antifranquista de la temprana ETA. Desde la mitificación de algunas figuras legitimadoras como el poeta Lauaxeta, de algunos momentos fundacionales en la lucha contra el franquismo y de algunos miembros convertidos en héroes de la causa bajo el franquismo (Txabi Etxebarrieta, Mario Onaindia, Argala), las tres primeras series ofrecen una lectura mediática de las raíces del terrorismo vasco y la cuarta se hace eco de esta herencia en el terrorismo de los años de plomo. Si bien en ocasiones beben del discurso memorialista de ETA sobre sus propias víctimas y mártires –la figura del gudari, la guerra civil como un episodio del conflicto ancestral– para mejor evidenciar su falacia, tienen el mérito de cuestionar algunos tópicos surgidos de la “batalla del relato” hasta el punto de poner en peligro la difusión o la recepción de dichas series.
El 20 de diciembre de 1973 la explosión de una potente bomba acabó con las vidas del presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, de su chófer, José Luis Pérez Mogena, y de su escolta, Juan Antonio Bueno Fernández. ETA reivindicó el atentado, pero pronto surgieron las dudas. Junto a la actividad del FRAP y los GRAPO, así como a la masacre del 11-M, se trata de una de las acciones terroristas que más relatos fantasiosos ha inspirado en nuestra historia reciente. Así, políticos, militares, periodistas, ensayistas, novelistas y cineastas han lanzado conjeturas sobre la participación en el magnicidio de la masonería, algún sector del régimen, el KGB, la CIA o varios de estos actores a la vez. La teoría de la conspiración que más ha éxito ha tenido es la de que el Gobierno de Estados Unidos permitió o incluso estuvo detrás del atentado. Encaja tan bien con la imagen omnisciente y omnipotente que nos hemos formado sobre la CIA que, con el tiempo, la supuesta implicación de la agencia ha conseguido incrustarse en nuestra memoria colectiva. Se refleja en multitud de novelas, series televisivas y películas. ¿Qué indicios suelen esgrimir los defensores de dicha hipótesis? Uno es la cercanía de la Embajada de EE. UU. al lugar del crimen: sería imposible que la CIA no se hubiese dado cuenta de nada. Sin embargo, según Google Maps, entre las placas en recuerdo de las víctimas mortales y la legación hay 210 metros andando o 400 en automóvil. Como es comprensible, los agentes norteamericanos protegían su Embajada, no la seguridad de todo el barrio. Otro argumento reside en el explosivo. Se ha dicho que el material utilizado fue C-4 de uso militar estadounidense, pero también que se trató de una mina o incluso que no sabemos cuál era composición, ya que una mano oscura se encargó de que jamás se realizase un análisis químico. No obstante, entre las más de 3.000 páginas de la causa judicial hay varios informes cuya conclusión fue unánime e inequívoca: ETA había utilizado detonadores eléctricos, mecha y goma 2E-C fabricados por la Unión de Explosivos Río Tinto para uso civil. La Policía sabía perfectamente en qué polvorines los había robado. El resto se desmonta con idéntica facilidad. En resumen, ni en las diligencias policiales, ni en los informes periciales, ni en el resto del sumario, ni en los boletines del SECED, ni en la documentación de la Segunda Sección Bis del Ejército se advierte el mínimo indicio de que ETA hubiese contado con la ayuda de agentes extranjeros o de la propia dictadura. Las teorías de la conspiración han sido rechazadas por todos los historiadores profesionales que han estudiado el caso, como Javier Tusell, Charles J. Powell, Antonio Rivera, David Mota y José Antonio Castellanos. Como confesó el comisario José Sainz, «la sorpresa» fue total. Por un lado, la única amenaza terrorista activa en Madrid era la del FRAP, cuyos integrantes utilizaban armas blancas. ETA era un problema menor y localizado en el País Vasco. Por otro, el sistema de seguridad de las élites franquistas estaba anticuado y falló. Los servicios secretos y las Fuerzas de Orden Público adolecían de escasez de medios, hombres y profesionalización. Además, su prioridad era vigilar a la Iglesia, el movimiento estudiantil, los sindicatos clandestinos y el comunismo. De acuerdo con un boletín del SECED, «Madrid resultaba plaza excéntrica a la acción de ETA; la atención de las Fuerzas de Seguridad fue atraída hacia el Norte con la cadena de atentados últimamente allí realizados; el día 20 presuponía mayores temores de agitación laboral y callejera que terrorista. Todo, en fin, contribuyó a multiplicar la sorpresa de la acción y el inicial escape de los autores». Al asesinato de Carrero ha de aplicársele el principio de la navaja de Ockham: cuando hay varias explicaciones posibles a un fenómeno, la más simple suele ser la correcta. La única ayuda que ETA necesitó para aquella operación, más que suficiente, fue la red de apoyo local que había creado Eva Forest, la misma que posibilitaría la masacre de la cafetería Rolando en septiembre de 1974. Aunque su propaganda lo presentó como una forma de impedir un franquismo sin Franco, ETA no perpetró el magnicidio por dicho motivo, sino que tenía sus propias razones. Una, el nombramiento de Carrero como presidente del Gobierno dificultaba su plan original de secuestrarlo. Otra, el puro oportunismo: la banda contaba con información, medios y voluntad para hacerlo. Y la última, el atentado respondía a la estrategia de acción-reacción-acción que guiaba a ETA: buscaba provocar la máxima represión posible por parte de la dictadura. Y lo consiguió.
A las 10:00 horas del 20 de diciembre de 1973 el Juzgado de Instrucción nº 8 de Madrid recibió una llamada: “sobre la esquina de las calles Claudio Coello y Maldonado de esta Capital se ha producido una explosión al parecer de gas” cuando pasaba el vehículo oficial de Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno de la dictadura franquista.
El Dodge Dart se había elevado entre 35 y 40 metros para caer en el interior de un edificio propiedad de la Compañía de Jesús. Hubo tres muertos: el almirante, su chófer, José Luis Pérez Mogena, y uno de sus escoltas, el inspector Juan Antonio Bueno Fernández. Estas dos últimas víctimas y los siete heridos fueron y continúan siendo los grandes olvidados.
El ingeniero jefe de Gas Madrid descartó la posibilidad de una fuga. Tampoco era un accidente. Las Fuerzas de Orden Público (FOP) descubrieron una galería subterránea de seis metros de longitud que iba desde el centro de la vía al sótano del número 104 de la calle Claudio Coello. Había sido un atentado. Ese mismo día ETA lo reivindicó mediante un comunicado. La organización confirmaría su autoría en una rueda de prensa.
Las FOP realizaron una investigación exhaustiva del caso, que permitió identificar a sus autores materiales. Sin embargo, no pudieron arrestarlos: los etarras pasaron un mes escondidos en Madrid y luego, huyeron a Francia. En enero de 1974 el juez envió una orden de detención al país vecino, pero el ministerio de Exteriores francés se negó. Solo tras la matanza de la cafetería Rolando en septiembre de 1974, se detuvo a algunos de los cómplices con los que ETA había contado en la capital de España. Más adelante cayeron algunos de los dirigentes de la banda que habían estado allí.
La acumulación de pruebas, informes y declaraciones dio lugar a una causa judicial de 3.009 folios, más dos piezas separadas, una de 128 folios y otra de siete. El sumario es un documento clave que, junto a otras fuentes, nos permite explicar lo que ocurrió sin necesidad de recurrir a teorías de la conspiración.
ETA llevaba en Madrid al menos desde 1971. Ese año José Miguel Beñarán (Argala) conoció a Eva Forest, una extremista que tejió a su alrededor una red de apoyo al terrorismo. Su labor fue crucial para llevar a cabo tanto el magnicidio como el atentado de Rolando, que costaría la vida a 13 personas. Otros proyectos fueron un fiasco, como el secuestro del presidente de Petronor y el asesinato de un periodista de ABC.
Según algunas versiones, en septiembre de 1972 un misterioso desconocido facilitó a ETA una nota manuscrita: el vicepresidente Carrero Blanco asistía diariamente a la misa de las 9:00 horas de la iglesia de san Francisco de Borja. No sabemos quién era aquel hombre y por qué colaboró con la organización. Como se cuenta en el último episodio del pódcast Sierra Delta, es probable que no se tratara más que de un truco narrativo para encubrir a Eva Forest. De cualquier manera, aquella información no era precisamente un secreto de Estado. Incluso el domicilio de Carrero aparecía en la guía telefónica
Tras realizar tareas de vigilancia, los miembros de ETA se dieron cuenta de que el almirante seguía la misma rutina diaria y que tenía poca protección. Se trataba de un blanco fácil. El frente militar decidió secuestrarlo. A cambio de su vida, la banda exigiría la libertad de sus presos, algo a lo que difícilmente accedería Franco. Distintos etarras fueron turnándose en Madrid. Estudiaron el itinerario de Carrero, las salidas de la iglesia y el tráfico. También adquirieron un piso en Alcorcón, en cuyo interior se construyó una “cárcel del pueblo”.
La fecha límite para el secuestro era el 18 de julio de 1973, pero en junio Franco nombró a Carrero Blanco presidente del Gobierno y el almirante dejó de acudir a la iglesia con la misma asiduidad. En julio los etarras se trasladaron a Francia para participar en una asamblea. A su regreso Carrero había retomado su rutina, pero se habían añadido más agentes y un vehículo a su escolta. Juzgando el secuestro demasiado arriesgado y sin consultar al resto de la dirección de ETA, el frente militar decidió matar al presidente.
En otoño la organización lanzó una ofensiva en el País Vasco para desviar la atención de las FOP. En septiembre una bomba voló la plaza de toros de Villarreal de Urrechua. En octubre se colocaron 75 kilogramos de explosivo bajo un puente a la salida de San Sebastián, pero fueron descubiertos por unos niños. También fracasó el comando que en noviembre intentó secuestrar al embajador de España ante las Comunidades Europeas en su domicilio de Bruselas.
Mientras tanto se trasladaron grandes cantidades de explosivo a la capital de España. A mediados de noviembre ETA adquirió un sótano en la calle Claudio Coello. Los terroristas excavaron una galería que atravesaba la cimentación y los muros de la fachada. Cuando los vecinos se quejaron por el ruido, uno de los etarras alegó que era escultor y que estaban reparando la vivienda. En la tarde del 19 de diciembre un miembro de la organización colocó un cable que salía del sótano. Dijo que estaba preparando una línea de teléfono.
El comando, formado por Argala, Javier Larreategui (Atxulo) y Jesús Zugarramurdi (Kiskur), colocó tres cargas de 25 kilogramos de explosivo cada una bajo el firme de la calle. Además, aparcaron en doble fila un automóvil con una bomba de 9,25 kilos, que no llegaría a detonar. El 20 de diciembre de 1973, cuando el vehículo de Carrero Blanco pasaba por encima del lugar señalado, Argala activó el artefacto.
La sorpresa de las FOP y los servicios secretos fue total. Por un lado, la única amenaza terrorista activa en Madrid era la del FRAP, cuyos integrantes utilizaban armas blancas. ETA era un problema menor y localizado en Euskadi. Por otro, el sistema de seguridad de las élites franquistas estaba anticuado y falló. Los servicios de información y las FOP no eran eficaces y carecían de medios humanos y materiales. Además, su prioridad era vigilar a la Iglesia, el movimiento estudiantil, los sindicatos clandestinos y el comunismo.
Como admitió el Gobierno Civil de Guipúzcoa, el magnicidio supuso “un motivo propagandístico excepcional”, que provocó “el alza de cara al exterior” de ETA. El mito le sería muy rentable. Pero, aunque la propaganda de la izquierda abertzale lo presentó (y lo presenta) como su contribución a impedir un franquismo sin Franco, la organización terrorista no perpetró el atentado por dicho motivo, sino que tenía sus propias razones. Una, el nombramiento de Carrero como presidente dificultaba su plan original de secuestrarlo. Otra, el puro oportunismo: la banda contaba con información, medios y voluntad para hacerlo. Y la última, la más importante, el atentado respondía a la estrategia de acción-reacción-acción que guiaba a ETA: buscaba provocar la máxima represión posible por parte de la dictadura. Y lo logró.
Caso cerrado. El 11 de abril de 1977 el Juzgado de Instrucción nº 21 de Madrid declaró concluso el sumario, que se cerró el 27 de mayo de ese mismo año. No era consecuencia de una conspiración, sino de una decisión política del Gobierno de Adolfo Suárez para facilitar que ETA y su entorno aceptasen las elecciones democráticas del 15 de junio de 1977 o, como poco, que cesasen los atentados durante la campaña electoral.
En octubre de 1977 las Cortes españolas aprobaron la Ley de Amnistía que sacó de la cárcel a todos los presos de ETA, incluyendo aquellos con delitos de sangre, y acabó definitivamente con la responsabilidad penal de los 66 asesinatos que hasta el 15 de junio había realizado la banda terrorista, incluyendo el magnicidio. Pese a aquella oportunidad histórica, ETA siguió matando y los tres autores materiales del asesinato de Carrero prefirieron continuar en las filas terroristas. La venganza cayó sobre uno de ellos. El 21 de diciembre de 1978 un atentado parapolicial acabó con la vida de Argala, que se había convertido en el máximo dirigente de ETA militar. Como Carrero Blanco, es uno de esos victimarios-víctimas cuya polémica memoria nos toca gestionar ahora.
Blog de Gaizka Fernández Soldevilla 