Blog de Gaizka Fernández Soldevilla

Pueden escucharla aquí

Pueden leer este magnífico artículo aquí

En julio de 1976 Juan Carlos I encargó la formación de un nuevo Gobierno a Adolfo Suárez, quien dirigió la sustitución del sistema dictatorial por otro representativo. Lo hizo respetando la legalidad vigente. Así, en noviembre las Cortes franquistas aprobaron la Ley para la Reforma Política: su harakiri. Se convocó un referéndum. El 94,45% de los ciudadanos que acudieron a las urnas votaron afirmativamente. El barco había sido botado. A principios de diciembre la oposición moderada creó la “Comisión de los nueve” para negociar el alcance de la reforma con el Gobierno.

Ahora bien, no estaba claro que el proceso democratización fuese a llegar a buen puerto, ya que tenía muchos enemigos. Es más, estuvo a punto de naufragar el 24 de enero de 1977, hace ahora cuarenta años, cuando un comando terrorista de ultraderecha asesinó a cinco personas en un despacho de abogados laboralistas de la calle Atocha de Madrid: Enrique Valdevira Ibáñéz, Luis Javier Benavides Orgaz, Francisco Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez Leal. Las víctimas estaban vinculadas a CCOO y al PCE. Durante esos días otros dos militantes de izquierdas habían muerto en diferentes circunstancias: uno en el transcurso de una manifestación y otro en un atentado terrorista. El objetivo del neofranquismo, que estaba respaldado por una parte de la Administración, era sabotear la Transición, animando a los militares más reaccionarios a reinstaurar la dictadura por la fuerza de las armas.

El sector más exaltado de la extrema izquierda también se posicionó frontalmente contra el intento de implantar una democracia homologable con las del resto de Europa occidental. El mismo día 24 de enero los GRAPO, que ya mantenían como rehén a Antonio María de Oriol, exministro de Justicia y presidente del Consejo de Estado, secuestraron al general Emilio Villaescusa Quilis, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. El 28 esta misma banda asesinó a dos policías, José María Martínez Morales y Pedro Sánchez Hernández, así como a un guardia civil, José María Lozano Sáinz. El efecto desestabilizador del terrorismo de la izquierda radical se venía sumar así al de la ultraderecha.

Tres días antes se había convocado una huelga en protesta por la masacre de Atocha, secundada por alrededor de medio millón de trabajadores. El 26 de enero unas cien mil personas participaron en el multitudinario entierro en Madrid. La marcha transcurrió en silencio y no se produjeron incidentes. Lejos de caer en la provocación de la extrema derecha, la dirección del PCE, que todavía era un partido ilegal, demostró tanto la disciplina de su militancia como su incontestable poder de convocatoria. Aquella manifestación de duelo fue crucial para que, a pesar de las posturas en contra de parte de su propio equipo, en abril Suárez decidiese legalizar al Partido Comunista.

Paradójicamente los pistoleros ultras habían conseguido justo lo contrario de lo que deseaban. Por añadidura, el 11 de febrero Oriol y Villaescusa fueron liberados por las FCSE, lo que supuso un sonoro fiasco para los GRAPO. Según El voto ignorado de las armas de Xavier Casals, “la violencia política (…), salvo en el caso de ETA, se volvió contra sus promotores y actores, contribuyendo a su derrota”.

La nonata democracia superó la tormenta de enero de 1977, pero en los siguientes años aún tuvo que enfrentarse a otros peligros: las tramas golpistas en las que participaban los sectores más nostálgicos de las FCSE y del Ejército, así como el terrorismo de las distintas ramas de ETA, las cuales causaron más de trescientas víctimas mortales. Durante aquellos “años de plomo” la banda más sanguinaria, ETA militar, se dedicó al asesinato de policías y militares con el fin de soliviantar a sus mandos y hacer creíble la amenaza involucionista. Los terroristas esperaban que, con tal de evitar un golpe de Estado, el Gobierno acabaría cediendo a sus demandas. ETAm calculó mal, como quedó demostrado el 23-F. Ahora bien, el teniente coronel Antonio Tejero y el resto de conspiradores también fracasaron en su empeño de resucitar el franquismo.

Reaccionarios y terroristas de toda índole compartían su fanatismo, su intransigencia, su pretensión de ser los únicos intérpretes de la voluntad del pueblo, su odio al sistema parlamentario, su desprecio por la vida humana y su fe en la fuerza bruta. La violencia condicionó la Transición, que fue un periodo convulso, contradictorio y a veces desilusionante y marcado por injusticias, como el olvido en el que cayeron las cerca de quinientas personas asesinadas por el terrorismo. Y los historiadores debemos señalar las sombras del proceso. Ahora bien, también sus luces. Demonizar la Transición es caer en el mismo error de quienes han tenido la tentación de idealizarla: hacer una lectura simplista, parcial e incluso militante del pasado. Tal interpretación supondría olvidar que, pese a todo (la crisis, los excesos policiales, los golpistas, los terroristas, etc.), el barco acabó llegando a puerto seguro. Pero en enero de 1977 era imposible prever que el viaje iba a culminar con éxito: pudo haberse hundido entonces o el 23-F. De haber ocurrido, nuestra historia reciente habría sido mucho peor. Es algo que convendría recordar en este año plagado de aniversarios.

Pueden leerla aquí

El próximo 4 de enero se cumplen ochenta años del día en que el encomiable esfuerzo del Gobierno vasco por mantener el orden en su territorio durante la Guerra Civil se fue súbitamente al garete. En solo tres horas, en esa jornada trágica de enero de 1937, 224 personas fueron asesinadas cuando milicianos y civiles armados asaltaron las cárceles de Bilbao. Para entender la trascendencia de este hecho hay que tener en cuenta que en el País Vasco bajo el franquismo nunca se produjo una matanza similar: en la Álava sublevada, por ejemplo, fueron fusiladas durante los tres años de guerra 186 personas.

Si el hecho en sí mismo es sorprendente –dado el empeño del lehendakari Aguirre en hacer realidad el “oasis vasco” de 1936-1937–, aún lo es más que un acontecimiento de este calibre haya desaparecido del recuerdo colectivo, hasta el punto de haberse convertido en un no-lugar de memoria, precisamente ahora que tanto se habla de conservar la memoria histórica de la Guerra Civil.

Si esta tragedia es hoy casi desconocida no es por falta de investigación, pues los hechos básicos son bien conocidos por la historiografía: grupos de manifestantes, enfurecidos tras un bombardeo franquista, se unieron a milicianos de la CNT y asaltaron las prisiones de la villa (Larrinaga, los Ángeles Custodios, el Carmelo y Casa Galera), para dar un escarmiento a los presos. Estos, ayudados por algunos vigilantes, trataron de defenderse, construyendo barricadas frente a unos asaltantes que utilizaban incluso bombas de mano. Entre los asesinados había significados derechistas, como el integrista Juan Olazábal o el exalcalde de Bilbao Adolfo Careaga, pero la mayoría eran personas anónimas, de ideas conservadoras, incluyendo a trece sacerdotes (uno de ellos simpatizante del PNV).

El inicio del asalto pilló por sorpresa a las autoridades vascas, que además tardaron mucho tiempo en detener la matanza. La Consejería de Defensa quiso desplazar un batallón del PNV, pero no había ninguno acuartelado en Bilbao en ese momento, por lo que envió uno de la UGT que, al ver lo que pasaba, se inhibió y en alguna de las cárceles se unió incluso a los agresores. Los asaltos solo terminaron cuando llegaron en persona a las prisiones tres consejeros del Gobierno vasco. La situación era tan dantesca que uno de ellos, el socialista Juan Gracia, no pudo aguantar y se desmayó.

Si el Gobierno vasco fracasó en la prevención de los hechos, tuvo una actitud ejemplar a posteriori, reaccionando de un modo imposible de encontrar en ningún otro caso en los dos bandos durante la guerra. El 10 de enero publicó una nota en la que, sin concretarlos, hablaba de los recientes “crímenes y saqueos” y aseguraba que iba a exigir “con rigor las responsabilidades contraídas por los culpables, reforzando las previsiones adecuadas para que no vuelvan a repetirse semejantes hechos”. El Departamento de Justicia permitió celebrar funerales por los fallecidos y la seguridad de las cárceles fue reforzada por ertzainas y gudaris nacionalistas, que evitaron nuevos asaltos. Además, se nombró un juez especial (el diputado del PNV Julio Jáuregui), que procesó a 61 responsables, aunque el sumario no se había cerrado cuando Bilbao fue conquistada en junio de 1937, por lo que los procesados, que permanecían en libertad provisional, nunca fueron juzgados.

En un gesto que le honra, en el Congreso Mundial Vasco celebrado en París en 1956 Aguirre reconoció valientemente su responsabilidad y la de su ejecutivo en un hecho “que nos avergonzó ante el mundo”: “Somos culpables nosotros. Yo el primero, en nombre del Gobierno, porque nos fallaron los resortes del mando en aquel momento”. Como era de esperar, el franquismo trató de preservar el recuerdo de la masacre, a través de homenajes, mausoleos y publicaciones. Para el nacionalismo vasco fue durante el exilio un tema tabú, del que apenas se hablaba, pese a que la memoria de la guerra era casi omnipresente.

Tampoco en la Transición el nuevo Gobierno vasco hizo nada por conservar la memoria de ese aciago 4 de enero. Solo en 2011, en un artículo publicado en EL CORREO, Idoia Mendia, la consejera de Justicia del Gobierno de Patxi López, recordó –junto a otras matanzas cometidas en la zona franquista– “el hecho represivo más sangriento de la guerra en Euskadi”. Evocando expresamente el coraje de Aguirre al reconocer su error, Mendia señalaba que había “llegado el momento de reivindicar el dolor de todas las víctimas de la guerra civil en Euskadi. De todas, de las que fueron silenciadas durante cuarenta años de dictadura y también de las que con la llegada de la democracia fueron borradas de la memoria colectiva por resultar políticamente incorrectas”.

Sin embargo, cuando en 2015 se organizó en Bilbao una exposición sobre la historia de la cárcel de Larrinaga (1871-1968), con el título “La memoria cautiva”, esta ni siquiera mencionaba los hechos de enero de 1937, pese a que en Larrinaga hubo 55 víctimas. La muestra se centraba en la dictadura franquista y en los cuarenta presos ejecutados a garrote vil en el patio de la prisión en 1937-1939, pero el necesario recuerdo de estos no puede servir para olvidar a otras víctimas de la guerra, como las del 4 de enero. Tampoco es excusa el hecho de que estas últimas fueran conmemoradas por el franquismo (en puridad, ni siquiera puede decirse que fueran “franquistas”, puesto que murieron antes de poder colaborar con la dictadura). De hecho, Aguirre no se escudó en que esos muertos fueran del otro bando.

Por ello, es una pena que –al menos que yo sepa– el actual Gobierno vasco no haya preparado ningún acto en recuerdo de los fallecidos el 4 de enero de 1937, como lo está haciendo con otras matanzas de la Guerra Civil. Al fin y al cabo, también estas son víctimas “del sufrimiento injustamente padecido” en “los últimos cien años”, cuya evocación forma parte de los objetivos de Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del Gobierno vasco.

Santiago de Pablo, Catedrático de Historia Contemporánea de la UPV/EHU