Blog de Gaizka Fernández Soldevilla

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El jurista y político Landelino Lavilla falleció en abril de 2020. Sin embargo, su vida podría haber acabado 39 años antes. Por partida doble. Por un lado, Lavilla era presidente del Congreso cuando Tejero lo asaltó el 23-F. A punta de metralleta, estuvo retenido durante horas sin saber qué iba a ser de él y del resto de los diputados. Como consecuencia del golpe de Estado, al día siguiente, 24 de febrero, la dirección de ETA político-militar llamó por teléfono al jefe del comando que la banda había mandado a Madrid: se le ordenó que suspendiese todas sus operaciones. Una de ellas, prevista para ese mismo mes, era el asesinato de Lavilla.

La lista de las víctimas mortales de ETA contiene 853 nombres. No obstante, aunque no sea un consuelo, podría haber sido mucho más larga. Un elevado número de los asesinatos que la organización había planeado no se llegaron a cometer. Los motivos son múltiples: una bomba que funcionaba mal o que fue desactivada a tiempo; la torpeza de los terroristas; su detención, fruto de la investigación policial o del aviso de algún ciudadano que vio algo raro; la rápida reacción de la persona objetivo del atentado o de sus escoltas; o el puro azar.

El 2 de abril de 1990, en un control rutinario de carretera, las FCSE detuvieron a Henri Parot cuando transportaba en un automóvil 300 kilogramos de amonal destinados a la Jefatura de Policía de Sevilla. ETA acababa de perder a su integrante más sanguinario. Fue condenado como responsable de 38 asesinatos.

El 23 de octubre de 1991 en Zaragoza una pareja le pidió a un transeúnte que les ayudara a empujar su coche, que se había averiado. No dio crédito: el número de la matrícula era exactamente el mismo que el del suyo. Cuando les pidió explicaciones, los dos etarras echaron a correr. El vehículo estaba cargado con 35 kg. de explosivo y otros 20 de metralla.

El 20 de mayo de 1996 ETA colocó dos coches-bomba con cerca de 200 kg. de amonal, así como un artefacto de 5 kg. en un contenedor de basura. Su objetivo era un autobús con militares que viajaban a la base de Cerro Muriano (Córdoba). El contenedor estalló, arrebatando la vida del sargento Miguel Ángel Ayllón, pero un fallo en el mando a distancia evitó que se activaran los coches-bomba.

En diciembre de 1999 la Guardia Civil interceptó dos furgonetas, una de ellas con 950 kg. de explosivos y otra, con unos 730. ETA pretendía llevarlas a Madrid y hacerlas explotar en los túneles que hay bajo la Torre Picasso para derribarla.

A principios de 2000 ETA colocó 10 kg. de dinamita en la jardinera de una ventana de una vivienda en la que había residido el comandante de la Guardia Civil de Cintruénigo (Navarra). Pero ya no estaba allí: se había mudado una familia distinta. A la bomba le daba lo mismo: estaba programada para detonar en noviembre de aquel año. Por fortuna, hubo un error técnico. No fue localizada y desactivada hasta febrero de 2001.

El 12 de octubre de ese año un comando colocó un coche-bomba en Madrid. Estaba preparado para que su carga, 25 kg. de dinamita, se activase a las 11:55 horas en pleno desfile de las Fuerzas Armadas. La banda avisó 40 minutos antes, sin especificar de qué vehículo se trataba. Las FCSE no lo encontraron, por lo que se pensó que era una falsa alarma. Sobre las 20:00 horas el automóvil fue retirado por una grúa porque bloqueaba un paso de cebra. Explotó en el depósito municipal a las 23:55 horas. Los etarras, que quizá no sabían inglés, habían pulsado “PM” en lugar de “AM”.

El 17 de diciembre de 2002 dos guardias civiles interceptaron un vehículo sospechoso en Villalba. Hubo un tiroteo que costó la vida al agente Antonio Molina Martín, pero su sacrificio evitó una masacre. El coche-bomba tenía como objetivo volar por los aires el Corte Inglés de Pozuelo de Alarcón.

A finales de agosto de 2007 un vecino de Les Coves de Vinromá (Castellón) advirtió a las FCSE de que había una furgoneta Mercedes Vito habilitada como caravana en un descampado. No constaba como sustraída, porque la familia propietaria había sido secuestrada en las Landas, pero los agentes se acercaron. Asustado, el comando Elurra de ETA detonó el vehículo y huyó. La furgoneta-bomba estaba destinada a atentar contra un complejo turístico de Oropesa del Mar.

Estos casos tan solo son una pequeña muestra. A ETA se le hizo poco asesinar a 853 personas y herir a otras 2.632. Ya fuera por sus errores, por la suerte, por la colaboración ciudadana o por la acción policial, la banda no arrebató más vidas porque no pudo. Y solo dejó de hacerlo porque las FCSE le obligaron. Conviene recordárselo a quienes siguen justificando la historia de una organización obsesionada con llenar cárceles y cementerios.

ELENA BLÁZQUEZ2
Universidad Complutense de Madrid

GAIZKA FERNÁNDEZ SOLDEVILLA3
Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo

JUAN FRANCISCO LÓPEZ PÉREZ
Investigador independiente

Resumen
Este artículo analiza los actos de violencia política contra las salas de cine que se produjeron en España entre 1966 y 1992 y, en particular, en el periodo de mayor intensidad de estos ataques contra la cultura: el tardofranquismo y la Transición. Para este estudio, se han usado tanto fuentes hemerográficas y bibliográficas, como fondos de archivos, con el fin de crear una base de datos que permita recoger el conjunto de estos ataques contra salas de exhibición por motivos políticos.

Palabras clave: Violencia política, terrorismo, extrema derecha, ETA, salas de cine, España.

-con Blázquez, Elena y López, Juan Francisco (2022): «El cine en el punto de mira: La violencia política contra las salas de cine en España (1967-1992)», Filmhistoria Online, vol. 32, nº 2, pp. 204-227.

El 16 de enero de 1973 un comando de ETA secuestró a Felipe Huarte Beaumont, gerente de Torfinasa. Su padre había sido el empresario Félix Huarte Goñi, que durante el franquismo ocupó cargos como el de vicepresidente de la Diputación Foral de Navarra. Desde esa posición había promovido el desarrollo industrial de la provincia.

No se trataba del primer rapto de ETA. En diciembre de 1970 la organización había secuestrado a Eugen Beihl, cónsul de la República Federal Alemana, para llamar la atención sobre el proceso de Burgos. El segundo rehén, en enero de 1972, fue Lorenzo Zabala, gerente de Precicontrol, que atravesaba un enconado conflicto laboral. La organización terrorista obligó a la firma a aceptar las demandas de los trabajadores.

También estaba en huelga la plantilla de Torfinasa en 1973. Sin embargo, cuando miembros de ETA propusieron a un enlace sindical intervenir mediante una “acción”, este se había negado y les hizo prometer que renunciarían al plan. Los terroristas no cumplieron su palabra, ya que tenían un móvil poderoso. A cambio de la vida de Huarte, no solo exigieron que Torfinasa accediera a las reivindicaciones de sus empleados, sino también un sustancioso rescate: 50 millones de pesetas. Para estupor de ETA, los trabajadores no quisieron aprovecharse de aquella ventaja y suspendieron la huelga. No obstante, la organización consiguió lo que realmente buscaba, el botín, y soltó al rehén.

Tras aquel éxito, todas las ramas de ETA recurrirían al secuestro de empresarios, directivos y profesionales para pagar el sueldo de los terroristas liberados, los pisos, los vehículos, las armas, los explosivos… Pondré tan solo dos ejemplos. En marzo de 1976 ETApm raptó al industrial Ángel Berazadi. Sus allegados no pudieron sufragar los doscientos millones de pesetas que se les reclamaron y la banda decidió dar un escarmiento. El cadáver apareció en abril cerca de Elgóibar. En junio de 1982 ETApm VIII Asamblea secuestró a Miren Elósegui, comerciante, hija del propietario de Boinas Elósegui (Tolosa) y esposa del gerente. Su rescate ascendió a 25 millones de pesetas. Miren Elósegui fue la única mujer secuestrada por la organización. Falleció hace unos días, el 8 de enero.

Las diferentes ramas de ETA raptaron a un total de 86 personas (sin contar los secuestros exprés). De acuerdo con un trabajo elaborado por Francisco J. Llera y Rafael Leonisio, “la mayoría de los secuestros (51%) tuvieron una motivación económica, es decir, se buscaba el cobro de un rescate (en la mayoría de los casos) o bien la apertura de alguna caja fuerte de un banco”. Fueron más comunes los del primer tipo, en los que ETA se valía de la amenaza de muerte para que las familias de sus víctimas pagaran grandes sumas de dinero.

Además de su afán recaudatorio, en ocasiones los secuestros económicos servían para intimidar a aquellas personas que eran reticentes a sufragar el “impuesto revolucionario”. Durante un tiempo los terroristas acompañaron sus cartas de extorsión con una fotografía del cautiverio de Berazadi en la que alguien le apuntaba con una pistola a la cabeza. Esa impactante imagen puede verse en la exposición del Centro Memorial. Tres de los rehenes de ETA fueron asesinados por sus captores al no poder satisfacer el rescate exigido: Berazadi en 1976, Javier de Ybarra en 1977 y Francisco Arín Urcola en 1983. Otro, Luis Manuel Allende, falleció unos meses después de su liberación, en febrero de 1983, a consecuencia de una enfermedad derivada de su cautiverio.

Hace cincuenta años, con el secuestro de Felipe Huarte Beaumont, la banda estrenó una de sus principales fuentes de financiación. En La bolsa y la vida, obra coordinada por Josu Ugarte, Florencio Domínguez estimaba que de 1973 a 1996 las distintas ramas de ETA consiguieron por esa vía entre 6.086 y 6.416 millones de pesetas. El dinero obtenido mediante los raptos, los atracos y el “impuesto revolucionario” permitió a la organización seguir matando durante décadas.

Los crímenes de ETA, incluyendo los secuestros, fueron jaleados por una parte de la población, la misma que hostigaba a los pacifistas y a quienes llevaban un lazo azul en la solapa para pedir la libertad de los rehenes. Desde 2011 las palabras del nacionalismo radical se han edulcorado, pero no sus hechos, que hablan por sí mismos. Ningún condenado por delitos de terrorismo ha colaborado para la resolución de los más de trescientos asesinatos que han quedado sin reproche penal. Ni de los secuestros. Y a lo largo de 2022 Covite ha registrado 547 actos de apoyo a ETA. Ojalá en 2023 asistamos a cambios reales. Para empezar, que los presos de la banda tengan el valor de hablar y que el contador de Covite se quede a cero.