Blog de Gaizka Fernández Soldevilla

Un sector de las élites políticas ha interpretado la historia no como una disciplina académica, sino como un arma de doble filo: una herramienta de propaganda para legitimarse que, a su vez, suponía una potencial amenaza para su posición. Por supuesto, esa visión instrumental era compartida por aquellos que pretendían arrebatarles el poder o transformar el sistema.  

George Orwell condensó ese afán en el Ministerio de la Verdad de la novela 1984. “Quien controla el presente controla el pasado. Y quien controla el pasado controlará el futuro”. En un ensayo de 1945 ya había escrito que “todo nacionalista acaricia la idea de que el pasado puede alterarse. Pasa la mayor parte del tiempo en un mundo fantástico en el que las cosas suceden como deberían suceder…”.

Quienes manipulan la historia con fines espurios tienen enfrente a los profesionales dedicados a estudiar y difundir que las cosas sucedieron como sucedieron, no como deberían haber sucedido. No es de extrañar que a menudo el trabajo de archiveros, bibliotecarios, historiadores, museógrafos y divulgadores haya despertado la ira de turbas, tiranos y terroristas, enemigos declarados de libertades como las de expresión y de cátedra. La hostilidad contra los productores de historia ha sido un fenómeno universal, como se comprueba en Crimes against History, de Antoon De Baets, que contabiliza 428 historiadores y 19 archiveros asesinados por razones políticas desde la Antigüedad hasta 2017.

También ocurrió en España durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Más recientemente el nacionalismo vasco radical puso en la diana a los historiadores cuyas publicaciones no eran patrióticamente correctas. La violencia de persecución hizo que algunos autores evitaran los temas espinosos o dejaran de escribir. Otros tuvieron que vivir con escolta policial o fueron obligados a partir al exilio, como Txema Portillo y Manu Montero, por citar dos ejemplos.

Hoy en día los odiadores ultraabertzales continúan ese acoso en las redes sociales. Tal vez se crean albaceas de la memoria de ETA, pero nadie los toma en serio: ya no disparan más que insultos y patrañas. Lo mismo puede decirse de sus homólogos de ultraderecha y de extrema izquierda, a los que tanto se parecen.

Por desgracia, los ataques que los productores de historia están recibiendo en otras latitudes son más serios. Es el caso de quienes conforman Memorial, una organización no gubernamental presente en Rusia, Ucrania y otros países que el año pasado ganó el Premio Nobel de la Paz. Data de 1987 cuando, gracias a la política de transparencia del presidente Gorbachov, surgieron en la URSS iniciativas de la sociedad civil que en 1989 se unificaron y en 1992 dieron lugar al actual Memorial. Su primer presidente fue el físico Andréi Sájarov, represaliado por la dictadura comunista y Premio Nobel de la Paz en 1975. Fue en su honor que el Parlamento Europeo instituyó el Premio Sájarov para la Libertad de Conciencia, que en 2000 recibió la asociación vasca ¡Basta Ya!.

Los voluntarios de Memorial se dedican a una labor triple. Por una parte, investigan y difunden la historia de la represión gubernamental desde la etapa soviética hasta la actualidad. Por otra, impulsan la reparación legal y moral de las víctimas del totalitarismo. Por último, promueven los derechos civiles en Europa del este.

La actividad de Memorial supone un obstáculo para el muy nacionalista Gobierno de Putin, empeñado en borrar los episodios más oscuros de la historia rusa y en resucitar los sueños imperiales del zarismo y del estalinismo. Por eso hace años que lanzó una ofensiva contra archiveros, historiadores, museógrafos y periodistas. Amenazados por el poder, algunos de ellos han tenido que huir de Rusia. Otros han sido encarcelados o algo peor: en julio de 2009 fue asesinada Natalia Estemirova, activista, periodista y profesora de historia que formaba parte de la junta de esta ONG. Y el año pasado se clausuró la sede de Memorial en Moscú. “Una catástrofe que forma parte de la gran catástrofe”, nos contaron nuestros colegas rusos hace unos días, cuando un grupo de historiadores españoles pudimos reunirnos con ellos en Madrid gracias al Ministerio de Exteriores.

Pese a los intentos de liquidar Memorial, la ONG sobrevive como red internacional y continúa con sus proyectos: recopilar fuentes orales, digitalizar y traducir documentación, investigar, elaborar bases de datos de los represaliados, documentar crímenes de guerra y hacer pedagogía de lo que supuso el estalinismo (y sus epígonos). Estos historiadores son un ejemplo para todo el gremio. No se me ocurre mejor manera de homenajearlos que conocer y dar a conocer su trabajo.

Resumen

Este artículo es una semblanza del historiador Ricardo Miralles (1954-2022), catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea. Ofrece una visión general de su labor como profesor e investigador durante más de cuatro décadas, que contribuyó a la renovación de la historiografía vasca. Resalta las aportaciones de sus obras sobre el socialismo vasco y español, sus líderes Indalecio Prieto y Juan Negrín, la II República, la Guerra Civil y las relaciones internacionales

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Novedad editorial. Fran Leira Castiñeira edita esta obra colectiva en la que Irene Moreno Bibiloni y yo escribimos un capítulo sobre las masivas movilizaciones populares que suscitó el secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco, así como sus consecuencias en el pacifismo en el País Vasco.

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Este jueves 16 a las 18:30 horas estaré charlando con el profesor Carlos Martínez Gorriarán sobre los distintos finales de las bandas terroristas en el Ateneo Guipuzcoano (convento de Santa Teresa, San Sebastián)

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El jurista y político Landelino Lavilla falleció en abril de 2020. Sin embargo, su vida podría haber acabado 39 años antes. Por partida doble. Por un lado, Lavilla era presidente del Congreso cuando Tejero lo asaltó el 23-F. A punta de metralleta, estuvo retenido durante horas sin saber qué iba a ser de él y del resto de los diputados. Como consecuencia del golpe de Estado, al día siguiente, 24 de febrero, la dirección de ETA político-militar llamó por teléfono al jefe del comando que la banda había mandado a Madrid: se le ordenó que suspendiese todas sus operaciones. Una de ellas, prevista para ese mismo mes, era el asesinato de Lavilla.

La lista de las víctimas mortales de ETA contiene 853 nombres. No obstante, aunque no sea un consuelo, podría haber sido mucho más larga. Un elevado número de los asesinatos que la organización había planeado no se llegaron a cometer. Los motivos son múltiples: una bomba que funcionaba mal o que fue desactivada a tiempo; la torpeza de los terroristas; su detención, fruto de la investigación policial o del aviso de algún ciudadano que vio algo raro; la rápida reacción de la persona objetivo del atentado o de sus escoltas; o el puro azar.

El 2 de abril de 1990, en un control rutinario de carretera, las FCSE detuvieron a Henri Parot cuando transportaba en un automóvil 300 kilogramos de amonal destinados a la Jefatura de Policía de Sevilla. ETA acababa de perder a su integrante más sanguinario. Fue condenado como responsable de 38 asesinatos.

El 23 de octubre de 1991 en Zaragoza una pareja le pidió a un transeúnte que les ayudara a empujar su coche, que se había averiado. No dio crédito: el número de la matrícula era exactamente el mismo que el del suyo. Cuando les pidió explicaciones, los dos etarras echaron a correr. El vehículo estaba cargado con 35 kg. de explosivo y otros 20 de metralla.

El 20 de mayo de 1996 ETA colocó dos coches-bomba con cerca de 200 kg. de amonal, así como un artefacto de 5 kg. en un contenedor de basura. Su objetivo era un autobús con militares que viajaban a la base de Cerro Muriano (Córdoba). El contenedor estalló, arrebatando la vida del sargento Miguel Ángel Ayllón, pero un fallo en el mando a distancia evitó que se activaran los coches-bomba.

En diciembre de 1999 la Guardia Civil interceptó dos furgonetas, una de ellas con 950 kg. de explosivos y otra, con unos 730. ETA pretendía llevarlas a Madrid y hacerlas explotar en los túneles que hay bajo la Torre Picasso para derribarla.

A principios de 2000 ETA colocó 10 kg. de dinamita en la jardinera de una ventana de una vivienda en la que había residido el comandante de la Guardia Civil de Cintruénigo (Navarra). Pero ya no estaba allí: se había mudado una familia distinta. A la bomba le daba lo mismo: estaba programada para detonar en noviembre de aquel año. Por fortuna, hubo un error técnico. No fue localizada y desactivada hasta febrero de 2001.

El 12 de octubre de ese año un comando colocó un coche-bomba en Madrid. Estaba preparado para que su carga, 25 kg. de dinamita, se activase a las 11:55 horas en pleno desfile de las Fuerzas Armadas. La banda avisó 40 minutos antes, sin especificar de qué vehículo se trataba. Las FCSE no lo encontraron, por lo que se pensó que era una falsa alarma. Sobre las 20:00 horas el automóvil fue retirado por una grúa porque bloqueaba un paso de cebra. Explotó en el depósito municipal a las 23:55 horas. Los etarras, que quizá no sabían inglés, habían pulsado “PM” en lugar de “AM”.

El 17 de diciembre de 2002 dos guardias civiles interceptaron un vehículo sospechoso en Villalba. Hubo un tiroteo que costó la vida al agente Antonio Molina Martín, pero su sacrificio evitó una masacre. El coche-bomba tenía como objetivo volar por los aires el Corte Inglés de Pozuelo de Alarcón.

A finales de agosto de 2007 un vecino de Les Coves de Vinromá (Castellón) advirtió a las FCSE de que había una furgoneta Mercedes Vito habilitada como caravana en un descampado. No constaba como sustraída, porque la familia propietaria había sido secuestrada en las Landas, pero los agentes se acercaron. Asustado, el comando Elurra de ETA detonó el vehículo y huyó. La furgoneta-bomba estaba destinada a atentar contra un complejo turístico de Oropesa del Mar.

Estos casos tan solo son una pequeña muestra. A ETA se le hizo poco asesinar a 853 personas y herir a otras 2.632. Ya fuera por sus errores, por la suerte, por la colaboración ciudadana o por la acción policial, la banda no arrebató más vidas porque no pudo. Y solo dejó de hacerlo porque las FCSE le obligaron. Conviene recordárselo a quienes siguen justificando la historia de una organización obsesionada con llenar cárceles y cementerios.