Blog de Gaizka Fernández Soldevilla

A principios de la década de los setenta Los Cabras, la primera escisión “militarista” de ETA, inventaron lo que luego sería conocido como “impuesto revolucionario”: la extorsión, mediante el envío de cartas amenazadoras, a industriales, banqueros, ejecutivos y profesionales liberales del País Vasco y Navarra. Ahora bien, como reconoció su líder Xabier Zumalde, nadie cedió al chantaje. “Pronto comprendimos que si no secuestrábamos o ejecutábamos a algún empresario no habría nada que hacer”. Así que Los Cabras desistieron.

En 1975 ETA político-militar empezó a cobrar su propio “impuesto revolucionario”. Con éxito. El Gobierno Civil de Guipúzcoa calculaba que, tan solo en dicha provincia durante 1976, los polimilis habían recaudado 50 millones de pesetas (casi 3 millones de euros actuales). ¿Cómo lograron que funcionara? Porque en abril de aquel mismo año habían secuestrado y -tras no recibir el rescate exigido- asesinado al empresario Ángel Berazadi. El crimen sirvió para demostrar que esta vez la extorsión iba en serio. Se hizo aún más evidente cuando, en junio de 1977, los berezis escindidos de ETApm raptaron y mataron a Javier de Ybarra y Bergé.

Tan solo unos meses después del asesinato de Ybarra, los polimilis anunciaron que abandonaban el “impuesto revolucionario”. No supuso un alivio para sus potenciales objetivos: los Comandos Autónomos Anticapitalistas y ETA militar ya habían copiado y perfeccionado el método. Junto a los atracos y los secuestros, fue una de las principales formas de financiación del terrorismo durante los años siguientes. No sabemos con precisión a cuánto asciende la recaudación total de tal “tributo”, pero sí que fue suficiente para que ETA se perpetuase hasta 2011.

En La bolsa y la vida, obra coordinada por Josu Ugarte sobre la extorsión y la violencia de ETA contra el mundo empresarial, Florencio Domínguez estima que más de 10.000 de nuestros conciudadanos fueron sometidos al “impuesto”: si no pagaban, serían asesinados. En un contexto, además, en el que ni el Estado era capaz de protegerlos ni la sociedad les demostraba su apoyo. Al igual que el sheriff interpretado por Gary Cooper en el mítico wéstern, los chantajeados estuvieron solos ante el peligro. Los dejamos solos ante el peligro.

Una minoría pagó el “impuesto revolucionario”. Teniendo en cuenta la mortal disyuntiva en la que se les había colocado, su decisión es comprensible a nivel humano. Desde luego, yo no me considero capacitado para juzgarlos. No obstante, tampoco hay que ocultar que su dinero sirvió para que la banda siguiera matando, secuestrando y extorsionando a otras personas. En ese sentido, en palabras de Martín Alonso, “la extorsión destruye lo que hay de más valioso en la persona, su voluntad (…); destruye así moralmente a la víctima”.

La gran mayoría de los empresarios, directivos y profesionales no cedieron al chantaje. Algunos se exiliaron del País Vasco y Navarra, otros cerraron la fábrica y los más de ellos simplemente no contestaron a las cartas y siguieron con sus vidas. A pesar de las consecuencias que su gesto podía acarrearles, se negaron a sufragar a ETA. Se trató de un loable ejercicio de resistencia pasiva al terrorismo.

Hubo un puñado de hombres buenos que fueron más allá, comportándose como el protagonista de la película antes aludida. Se suele afirmar que el primer empresario en denunciar públicamente el “impuesto revolucionario” fue Juan Alcorta, quien en 1980 escribió un contundente artículo (EL CORREO, 29/04/1980). ETA le respondió con su habitual delicadeza al incendiar unos almacenes de Koipe en San Sebastián, compañía de la que Alcorta era presidente. Sin embargo, es de justicia recordar que, en realidad, el primero en dar aquel valiente paso fue el vitoriano Félix Alfaro Fournier, director de Naipes Heraclio Fournier, coleccionista, mecenas y patrocinador de los museos alaveses de Naipes, de Armería y de Bellas Artes. En noviembre de 1976 publicó una carta abierta a ETA en la prensa vasca (EL CORREO, 23/11/1976). Alfaro Fournier se declaró en contra de los objetivos del nacionalismo vasco radical y rechazó de forma tajante “contribuir económicamente” al terrorismo, al que calificaba como “contraproducente e inadmisible”. “Soy vasco y no deseo la destrucción de este noble país”.

Inspirándose en el título de justos entre las naciones, concedido a quienes salvaron vidas en el Holocausto, Raúl López Romo (EL CORREO, 26/03/2017) denominó justos a los ciudadanos que dieron una respuesta ejemplar al terror de ETA. Con pleno derecho, hay que situar entre los justos a los empresarios y profesionales que, pese a las amenazas de muerte, se negaron a pagar a ETA.

El coste de su heroicidad fue muy alto: hubo decenas de secuestros y casi un centenar de atentados, que produjeron cuantiosos daños materiales y humanos. La lista de las víctimas mortales del “impuesto revolucionario” es larga: se inauguró con el constructor José Legasa, al que ETAm mató en noviembre de 1978, por haber denunciado la extorsión a la Policía francesa; y se cerró con el asesinato de José María Korta en agosto de 2000 y de Ignacio Uria en diciembre de 2008, empresarios que se habían negado a ceder al chantaje. Todos estos justos merecen nuestro reconocimiento público. Y que no se blanquee la historia de ETA.

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En 1987 ETA asesinó a 52 personas: 21 de ellas en el atentado en el centro comercial de Hipercor (Barcelona) y otras 11 en el de la casa-cuartel de Zaragoza. Sin embargo, en vez de doblegar a la democracia, el terrorismo indiscriminado tuvo efectos que no esperaban ni ETA ni su brazo político.

El primero de ellos fue la desafección del independentismo catalán y de la extrema izquierda de toda España, que habían apoyado la campaña de la coalición Herri Batasuna en las elecciones europeas de aquel año. Tras la matanza de Hipercor, las relaciones entre los ultranacionalismos vasco y catalán se deterioraron, lo que se tradujo en una pérdida de votos en los siguientes comicios europeos.

Aquel atentado también fue criticado por un sector de la autodenominada “izquierda abertzale”. Txomin Ziluaga, secretario general de HASI, el partido que nucleaba HB, sugirió a los terroristas que se tomaran “unos meses de vacaciones”. Como castigo, ETA decretó la purga de Ziluaga y sus partidarios. Se hizo un silencio sepulcral: los disidentes permanecieron mudos. Todos recordaban a Dolores González Katarain (Yoyes), asesinada el año anterior.

La tercera y más importante consecuencia de las masacres de Barcelona y Zaragoza fue la gestación de los pactos contra la violencia de Madrid, Ajuria Enea y Navarra. De forma involuntaria, ETA había creado el clima propicio para la alianza de las formaciones democráticas, que hasta entonces habían dado muestras de constante división.

El 12 de enero de 1988 se materializó el “Acuerdo para la pacificación y normalización de Euskadi”, más conocido como Pacto de Ajuria Enea. Tras 110 días de arduas negociaciones, fue ratificado por los partidos vascos de índole democrática (PNV, PSE, EA, EE, AP y CDS), a los que posteriormente se adhirieron UA, EuE y EB/IU. El texto establecía la ilegitimidad del terrorismo para fijar la agenda política, revalorizaba el Estatuto de Guernica y admitía la posibilidad de un final dialogado de la violencia, respetando “el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular”. Entonces, ¿de qué cabía hablar con ETA? Según el documento, de “las vías de reinserción”. Poco más. Como colofón, se solicitaba al lehendakari José Antonio Ardanza, uno de los principales artífices de aquel hito, que continuase “liderando el proceso en aras de la total normalización del país”. De ahí surgió la llamada Mesa de Ajuria Enea, un organismo para análisis conjuntos y consensuar una estrategia global.

El Pacto de Ajuria Enea supuso un punto de inflexión en la historia de Euskadi. Superando las tradicionales divisiones identitarias (nacionalistas/no nacionalistas) o de clase (izquierdas/derechas), el texto sirvió para unir a los demócratas, que por fin podían actuar de manera coordinada frente al proyecto totalitario que intentaban imponer los violentos. Se deshizo su coartada: el problema nunca había sido un supuesto “conflicto” étnico entre vascos y españoles, sino ETA, que impedía a los propios vascos vivir y convivir en libertad.

Dicha libertad ya estaba siendo ejercida por grupos como Denon Artean y Gesto por la Paz, que se manifestaban en silencio después de cada asesinato, así como para pedir la libertad de las personas secuestradas por la organización, como Julio Iglesias Zamora, José María Aldaia o Cosme Delclaux. El Pacto de Ajuria Enea sirvió de “paraguas” al incipiente movimiento pacifista.

El nuevo contexto propició el fin de la legislación antiterrorista extraordinaria, la aprobación de la política de dispersión de los presos de ETA, que buscaba alentar su desvinculación de la banda, y una estrategia policial mucho más selectiva y efectiva. El 29 de marzo de 1992 la cúpula de ETA fue detenida en un caserío de Bidart. Sus sustitutos corrieron la misma suerte. La banda entró, en palabras de Florencio Domínguez, en “la más grave crisis de su historia”. No solo había perdido a su equipo dirigente y sus comandos operativos, sino que se había desvanecido el mito de que la organización era indestructible. Tanto en el Gobierno como en la desmoralizada “izquierda abertzale” se abrió paso la idea de que era posible la derrota policial y judicial de ETA, como efectivamente ha ocurrido.

No es de extrañar que los terroristas y su entorno considerasen el Pacto de Ajuria Enea como una amenaza. Según un informe de HASI, se estaba asistiendo a “una potente ofensiva del enemigo, a su reagrupamiento y relanzamiento de sus baterías contra el MLNV”. ETA advirtió de que el acuerdo suponía “un peligroso deslizamiento hacia el enfrentamiento civil”. Desde luego, por medio de sus atentados, la banda se empeñó en que así sucediera.

Ahora bien, el Pacto no naufragó por culpa del ultranacionalismo, sino de sus propios promotores. Los partidos fueron incapaces de gestionarlo de una manera eficaz y consensuada, como se vio en el caso de la autovía de Leizarán (1992). Aparecieron las grietas y, tras el Pacto de Estella (1998), se abandonó la dicotomía entre demócratas y violentos para volver a la de nacionalistas contra no nacionalistas. Y en aquel momento, con esa división sectaria, se enterró el Pacto de Ajuria Enea y las esperanzas que había generado.