GFS: “Mujeres víctimas del terrorismo”, El Correo,4-II-2019

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El Ministerio del Interior ha reconocido a 1.448 víctimas mortales del terrorismo. El 15,6% del total eran mujeres: 226. La primera fue Begoña Urroz, la niña a la que el DRIL mató el 27 de junio de 1960. Las últimas ocho fueron asesinadas por yihadistas en Barcelona y Cambrils en agosto de 2017. Quizá la más conocida haya sido Dolores González Katarain (Yoyes), a la que sus excompañeros de ETA arrebataron la vida en septiembre de 1986. Además, los atentados han causado cientos de heridas. Hay que añadir una larga lista de viudas, huérfanas, madres y hermanas. Ellas, que enterraron a sus seres queridos, también son víctimas.

Durante décadas todas las damnificadas fueron invisibles. Aparte del duelo, soportaron la frialdad de quienes miraban hacia otro lado, la hostilidad del nacionalismo vasco radical y el desamparo de las instituciones. Este olvido administrativo dejó en una situación crítica, entre otras, a muchas de las viudas, a las que la violencia había golpeado cuando eran amas de casa y que recibieron muy poca ayuda para sacar adelante a sus familias. Lo mismo les sucedió a las heridas. Baste recordar que hasta 1990 no se reguló la concesión de pensiones extraordinarias por terrorismo y que no hubo una ley específica para el colectivo hasta 1999.

El primer paso para acabar con tal abandono lo dieron Ana María Vidal-Abarca (viuda del comandante Jesús Velasco, asesinado por ETA en 1980), Sonsoles Álvarez de Toledo e Isabel O’Shea. En febrero de 1981 estas tres mujeres fundaron la Hermandad de Familiares de Víctimas del Terrorismo. Rebautizada como AVT en 1987, ha sido clave para dar visibilidad a las damnificadas y para que se reconozcan sus derechos. Está presidida por Maite Araluce, hija de Juan María, presidente de la Diputación de Guipúzcoa a quien un comando etarra arrebató la existencia en 1976.

En noviembre de 1998 otro trío creó COVITE, que ha desarrollado una intensa campaña de denuncia y divulgación: Teresa Díaz Bada (hija del superintendente de la Ertzaintza Carlos Díaz Arcocha, cuya vida segó ETA en 1985), Consuelo Ordóñez (hermana del concejal donostiarra del PP Gregorio Ordóñez, asesinado por la banda en 1995) y Cristina Cuesta (hija de Enrique Cuesta, delegado de Telefónica a quien los Comandos Autónomos Anticapitalistas mataron en 1982). Hoy en día Díaz Bada ejerce de psicóloga, Ordóñez ostenta la presidencia de COVITE y Cuesta trabaja como directora de la Fundación Miguel Ángel Blanco.

Natividad Rodríguez, viuda del político socialista Fernando Buesa, a quien ETA asesinó en el año 2000, es la presidenta de la fundación que lleva su nombre, de la que son cabezas visibles sus hijas, Sara y Marta. Es una entidad puntera en campos como la educación.

​Pilar Manjón era la madre del estudiante de INEF Daniel Paz Manjón, que falleció en los atentados que cometió Al Qaeda el 11 de marzo de 2004 en Madrid. Tuvo el coraje de asumir la presidencia de la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, constituida tres meses después de la matanza. El organismo, que actuó como acusación popular en el juicio, se asegura de que la Administración atienda a las víctimas, a las que rinde periódicos homenajes.

También hay damnificadas en política. La abogada Lola González Ruiz, herida en la masacre neofascista de Atocha en 1977, en la que fue asesinado su marido, Javier Sauquillo, estuvo vinculada al PCE y a IU. Coral Rodríguez Fouz, sobrina de José Humberto Fouz, uno de los tres inmigrantes gallegos a los que ETA hizo desaparecer en 1973, fue senadora y parlamentaria por el PSOE. Maite Pagazaurtundúa, hermana de Joseba, policía municipal asesinado por los etarras en 2003, es eurodiputada por UPyD. Comparte Parlamento con Teresa Jiménez-Becerril, del PP, hermana de Alberto, político al que la banda terrorista mató en 1998. Un año antes ETA había acabado con la vida del concejal popular Miguel Ángel Blanco. Su hermana, Marimar, es diputada por el PP y presidenta de la FVT. La comisionada para las víctimas del terrorismo de la Comunidad de Madrid, Ángeles Pedraza, era la madre de Myriam, otra de las personas fallecidas el 11-M. Pili Zabala, hermana de José Ignacio, asesinado por los GAL en 1983, ocupa un escaño en el Parlamento Vasco por la coalición Elkarrekin Podemos.

¿Cómo no subrayar el papel de resistentes como la escritora y psicóloga Irene Villa, que sufrió graves heridas en 1991? O la jurista Teresa Freixes, cuyo hermano, Jesús María, guardia civil, murió en el atentado de la plaza de la República Dominicana de 1986. O María Teresa Castells, la propietaria de la librería Lagun, uno de los objetivos predilectos de la violencia callejera ultraderechista y luego abertzale. En septiembre de 2000 ETA hirió gravemente a su esposo, José Ramón Recalde. Pero no logró callarle, como tampoco había logrado cerrar Lagun.

Líderes en positivo, estas mujeres son una pequeña muestra de las muchas víctimas empoderadas que trabajan constructivamente por el bien común: ayudando a otras, dando su testimonio en las aulas, tomando iniciativas, escribiendo, movilizándose o simplemente superando el dolor y sus secuelas un día más. Todas ellas son ejemplos de resiliencia, superación y civismo. Si dejamos a un lado los prejuicios y las escuchamos con empatía, podríamos aprender una lección vital.

 

 

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