Archivo del Autor: gaizkafernandez

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Se emitirá el jueves 28 de octubre, el documental «Ramón Rubial. Un vasco 
universal». Será a las 23.30 horas a través del canal ETB2.

El espíritu que anima esta producción audiovisual es destacar cómo 
Ramón Rubial, el que fuera primer Lehendakari de la democracia, con su 
presidencia del Consejo General Vasco, gracias a una impecable 
trayectoria, se convirtió con el paso de los años, en el ejemplo de la 
reconciliación, el perdón sin olvido y en el paradigma de una 
generación que perdió la guerra y ganó la democracia.

La vida de Ramón Rubial fue larga y prolija. Cargada de emoción, 
sentimiento, compromiso, ideología y, sobre todo, humanidad. La vida 
de Ramón Rubial es la del propio siglo XX; el paso del PSOE de la 
Guerra Civil al de la clandestinidad, el paso del PSOE de Suresnes al 
PSOE que cambió y modernizó España, ya en el ocaso del siglo.

Por este documental, discurre la vida de Ramón Rubial, su historia 
personal y política y su legado e impronta en el socialismo español 
del siglo XX.

Figuras como Felipe González, Alfonso Guerra, Joaquín Almunia y 
personas militantes representadas en Jesús Gil, Carmen Retenaga, Santi 
Barroso o Txema R. Orrantia, describen la semblanza de un hombre que 
no dejó nunca indiferente a quienes le conocieron.

«Ramón Rubial. Un vasco universal» es una producción audiovisual 
dirigida por Antonio Cristóbal y Ander Landaburu. El documental ha 
contado con la participación de más de una treintena de personas y la 
colaboración del ente público Euskal Irrati Telebista (EITB) y de la 
Fundación Ramón Rubial/Ramón Rubial Fundazioa.

El anuncio del “cese definitivo” de la “actividad armada” de octubre de 2011 confirmó lo que hasta unos años antes parecía imposible: la derrota operativa de la banda. También significaba el fiasco de la “socialización del sufrimiento”, su última gran ofensiva contra la democracia.

La caída de su cúpula en Bidart (1992), que dejó a la organización muy debilitada, el desgaste electoral de HB y el temor a perder la calle ante las cada vez más nutridas manifestaciones pacifistas fueron algunas de las razones por las que la “izquierda abertzale” dio un viraje que se plasmó en dos vertientes. Por una parte, procuró recomponer sus relaciones con el PNV y EA, lo que acabó derivando en el excluyente y frentista Pacto de Estella.

Por otra, adoptó la estrategia de “socialización del sufrimiento”, inaugurada con el asesinato de Gregorio Ordóñez en 1995. Con el sostén de su órgano de comunicación oficioso, Egin, y de HB (y sus siglas herederas), ETA y su brazo juvenil se dedicaron a amenazar, hostigar, atemorizar, herir y matar a afiliados, líderes y cargos electos del PP, el PSOE, UPN y Unidad Alavesa, es decir, a los representantes de la mitad de los vascos y navarros. Los ultranacionalistas también pusieron en su diana a intelectuales, artistas, profesores, periodistas, juristas y otro tipo de profesionales. Y a las familias de todos sus objetivos.

Entre 1995 y 2011 ETA cometió 602 atentados. Aun siendo una cifra menor que la registrada en etapas anteriores, fue suficiente como para que los terroristas acabaran con la vida de 95 personas. Al menos un tercio de ellas, 33, respondían al perfil de la “socialización del sufrimiento”.

No solo hubo atentados. Para compensar el agotamiento de ETA, su entorno juvenil intensificó el acoso, la intimidación y la kale borroka. Según la agencia VascoPress, si en 1994 se habían registrado 287 incidentes de este tipo en el País Vasco y Navarra, al año siguiente se multiplicaron hasta los 924. En total, desde 1995 a 2011 hubo 6.541 ataques, de los cuales 1.105 fueron dirigidos contra sedes de partidos políticos. El repertorio violento de estos grupos también incluía el lanzamiento de objetos y cócteles molotov, la rotura y el incendio de mobiliario urbano y vehículos, las acciones contra edificios institucionales y domicilios particulares, etc. No es de extrañar que, como reveló el Euskobarómetro, el 90% de los vascos lo considerara un problema bastante o muy grave.

La violencia de persecución, que no cesó durante las breves treguas que declaró la organización terrorista (junio de 1996, finales de 1998 y 2006), dio resultado: aisló a sus víctimas potenciales. Raúl López Romo cuenta que en 2002 había 963 personas escoltadas por la amenaza de ETA en el País Vasco, aparte de los 11.483 agentes de la ley (descontados los policías municipales), objetivos habituales de la banda. Además, este tipo de violencia sirvió para adiestrar y luego reclutar nuevos integrantes de la organización con los que suplir a los arrestados.

La ausencia de libertad, los atentados terroristas, la kale borroka y el acoso sistemático obligaron a un número indeterminado de ciudadanos a abandonar Euskadi. Pese a que se trata de un fenómeno innegable, todavía no contamos con ningún estudio riguroso que nos permita calcular el número exacto de los transterrados por culpa de ETA y de su entorno. Sí podemos medir variables concretas, como hicieron en el primer informe del Memorial Rafael Leonisio y Francisco J. Llera con el miedo a hablar de política libremente, que siempre fue significativamente mayor entre los vascos no nacionalistas que entre los nacionalistas.

En un Zutabe de 1995 ETA afirmó que la “socialización del sufrimiento” demostraba “uno de los frutos de nuestra dinámica: la voluntad de ir adelante, la postura de ir a ganar”. El paso del tiempo, las movilizaciones cívicas y pacifistas, la resistencia de los cargos públicos no nacionalistas, la insubordinación de un sector de la hasta entonces servil “izquierda abertzale” y, sobre todo, la acción judicial y policial hicieron desaparecer esa voluntad. Se cuenta detalladamente en el informe “Las claves de la derrota de ETA” y el nuevo número de la revista Grand Place.

“Está claro que a medida que el conflicto armado ha evolucionado, la eficacia de la lucha armada ha cambiado y se ha desgastado”, reconocía la banda en su último Zutabe (2018). “Está a la vista que todavía nuestros objetivos no se han cumplido”. La “socialización del sufrimiento” fue su última apuesta sangrienta. ¿Sirvió de algo toda la muerte y el dolor que causó? ¿Mereció la pena? Ojalá algún día el nacionalismo radical tenga el valor de hacerse estas preguntas. Y de actuar en consecuencia.

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Desde 1995 hasta 2011 en el País Vasco se produjo el fenómeno conocido como violencia de persecución, cuando la estrategia conocida como la sociabilización del sufrimiento puesta en marcha por ETA y su difuso entorno de Herri Batasuna ampliaron sus objetivos a amplias capas de la población vasca. En este trabajo se presenta a uno de esos colectivos diana, la juventud militante en el PSE-EE, que en ese momento se incorporaron a la actividad política siendo muy jóvenes, y cómo impactó en ellos este fenómeno. Por otra parte, se contextualiza el fenómeno, haciendo especial hincapié en cómo se produjo la violencia de persecución, que mecanismos se pusieron en marcha (especialmente la kale borroka). El acceso al pasado se ha hecho tanto a través de fuentes documentales como historia oral.

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El 5 de octubre de 1983, coincidiendo con el inicio del juicio a los polimilis detenidos por el asalto al cuartel de Berga (noviembre de 1980), lo que quedaba de ETApm VIII Asamblea secuestró al capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios. Dos semanas después los terroristas acabaron con su vida. En el ínterin la Policía francesa se puso en contacto con un séptimo reinsertado para que pasase un mensaje a los octavos: si le ocurría algo al militar se iba a «dar carta blanca» para que actuaran los «barbouzes» (bandas parapoliciales) en el territorio galo. No parece casualidad que justo entonces apareciesen los GAL.
Según la sentencia que emitió la Audiencia Nacional, a lo largo de 1983 el comandante de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo y el gobernador civil de Guipúzcoa, Julen Elgorriaga, «al tener conocimiento de que en el Ministerio de Interior se iba abriendo camino la idea de aceptar la realización de acciones violentas contra miembros de ETA refugiados en el Sur de Francia, como una vía para acabar con la actividad terrorista de ese grupo, entonces tremendamente cruenta, decidieron que ellos debían intervenir, tratando de lograr la detención en Francia y el traslado a España de aquellos miembros de ETA que consiguiesen localizar, a fin de obtener información, aunque luego fuese preciso hacerlos desaparecer para evitar que los hechos fueran descubiertos».
El 15 de octubre de 1983 un atentado de ETA acabó con la vida de un guardia civil en Oñate (Guipúzcoa). Al día siguiente otros agentes secuestraron a José Antonio Lasa Aróstegui y José Ignacio Zabala Artano en Bayona. Eran miembros de ETA, pero estaban lejos de ser dirigentes. Simplemente eran fáciles de localizar. Nacidos en Tolosa en 1963 y solteros, los dos amigos formaban parte del comando Gorki. En noviembre de 1981 acababan de realizar un atraco cuando uno de los integrantes de la célula fue detenido «mientras que los demás, armados y encapuchados, tras enfrentarse a tiros con los miembros del Cuerpo Superior de Policía, lograban darse a la fuga». A raíz de aquel suceso, Lasa y Zabala huyeron a Francia. Y allí, cuando se disponían a ir a las fiestas de un pueblo cercano, les encontraron los GAL.
Los terroristas parapoliciales trasladaron a los rehenes a la semiabandonada villa La Cumbre en San Sebastián, propiedad del Estado. Se les torturó brutalmente. Más tarde los guardias civiles llevaron a Lasa y Zabala a Busot (Alicante). «Allí, con una pistola Browning, hicieron un disparo a José Antonio Lasa en la cabeza, y dos a José Ignacio Zabala, también en la cabeza, lo que les causó la muerte inmediata». Fueron enterrados bajo unos 50 kilogramos de cal viva.
Dos años después un cazador encontró los cadáveres. No había pistas sobre su identidad. Jesús García García, el comisario jefe de un grupo de la Policía Nacional contra la delincuencia, se interesó por el caso. El forense, que era su amigo, le contó detalles que hacían descartar un ajuste de cuentas o un crimen sexual: probablemente habían sido torturados para obtener información, pero no sabían por quién ni para qué. Los cuerpos cayeron en el olvido durante una década, aunque no para el comisario.
En 1995 Jesús García García, por entonces jefe de grupo de la Policía Judicial adscrita a los Juzgados de Alicante, escuchó acerca del plan de los GAL de enterrar a Segundo Marey en cal viva. «Me resultó llamativo, porque en la fosa de Busot habían aparecido unos 50 kilos de cal», explicaría durante el juicio el policía. Según El País, «García calificó de “aberrantes” y “actos vandálicos» los sufrimientos infligidos a Lasa y Zabala y dijo que pensó en el intento de secuestro del etarra Larretxea por esas fechas y que pudieron haberlo hecho para sacar información sobre el paradero del capitán de Farmacia Martín Barrios. Después inició las gestiones para confirmar las identidades y judicializar el caso, para lo que contactó con un fiscal».
Gracias a la investigación policial, los responsables del crimen fueron detenidos. En abril de 2000 la Audiencia Nacional dictó largas condenas de cárcel para quienes habían participado en el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala, ya fuera como autores materiales o intelectuales. Entre los primeros había varios guardias civiles. Entre los segundos destacaban Julen Elgorriaga y el ya general de la Benemérita Enrique Rodríguez Galindo.
El comisario Jesús García García sufrió un infarto cuando declaraba como testigo en el juicio. Fue trasladado al Hospital Carlos III, donde falleció. Unas 500 personas acudieron al entierro de este policía nacional en el cementerio de San Idelfonso de Mula (Murcia), su localidad natal. El funeral se había celebrado en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, donde, de acuerdo con El País, el obispo de Cartagena Javier Ureña subrayó que Jesús García había muerto «en acto de servicio». Este mismo periódico publicó una breve carta de su hermana María Teresa para agradecer «a aquellos que han entendido que actuó guiado exclusivamente por su sentido de la dignidad y del respeto a su profesión y a la ley, a la que se debía, al margen de simpatías o antipatías personales, de filias y fobias, despreciando las consecuencias que para él mismo y para su familia pudiera acarrear su decisión; sin dudar en acudir a los llamamientos judiciales y a cuantas diligencias fue requerido, y ello aun conociendo el delicado estado de su corazón y siendo consciente de que -como así sucedió- le podía estallar. Sin embargo, nada de eso fue suficiente para doblegar su voluntad y su sentido del deber».

Este texto es un fragmento del libro El terrorismo en España