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No se pierdan el artículo que hoy publica el Eldiarionorte.es mi compañero Raúl López Romo. Tampoco la entrevista a Florencio Domínguez, director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.
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ALFONSO BOTTI
Profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Modena-Reggio Emilia
Organiza: Grupo de Investigación El nacionalismo vasco en perspectiva comparada
Máster de Historia Contemporánea. UPV/EHU
Fecha: Miércoles 19 de octubre, 16 horas
Lugar: Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación
Campus de Leioa
HITZALDIA
Eliza eta Guda Zibila Vatikanoko Dokumentazioaren Ispiluan
ALFONSO BOTTI
Historia Garaikidearen irakaslea Modena-Reggio Emiliako Unibertsitatean
Antolatzailea: Euskal nazionalismoa ikuspegi konparatiboaren araberako ikerketa taldea
UPV/EHUko Historia Garaikidearen Masterra
Data: Urriaren 19a, asteazkena, arratsaldeko 4retan
Lekua: Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateko Auditoriuma
Leioako Campusa
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Lo que queda de ETA
El Correo / FLORENCIO DOMÍNGUEZ DIRECTOR DEL CENTRO MEMORIAL DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
No han comprendido que el desarme es un problema particular suyo, no de los Estados, que no comparten su pretensión de escenificar un gran acto propagandístico.
En noviembre de 2002, con una ETA que ya había perdido la iniciativa frente al Estado, los jefes de la banda hicieron lo que llamaron un «recuento de personal»: el grupo terrorista contabilizó 1.031 militantes, la mitad de ellos (514) en prisión y la otra mitad (517) encuadrados en las diferentes estructuras, la mayor parte de ellos en el aparato militar que contabilizaba 271 activistas en sus filas. Nueve años más tarde, cuando tuvieron que optar por el abandono del terrorismo, la decisión fue tomada por apenas treinta etarras, señal de que no había muchos más en activo.
En octubre de 2011, cuando renunciaron oficialmente al terrorismo –en la práctica habían parado en febrero de 2010, casi al mismo tiempo que asesinaban al policía francés Jean-Pierre Nerin–, ETA estaba acosada por las fuerzas de seguridad francesas y españolas, carecía de liderazgo sobre su entorno político y sospechaba que estaban infiltrados, algo en lo que no andaban muy descaminados. Durante los últimos años, los jefes de ETA habían ido cayendo en manos de la policía antes de haber acumulado el primer trienio de antigüedad en el cargo y en algunos casos sin tiempo siquiera para superar el periodo de prácticas. Una ETA sin jefes y sin capacidad terrorista entró en conflicto con su brazo político porque la ilegalización de Batasuna y el resto de marcas les había dejado fuera de las instituciones y necesitaban que la banda abandonara la violencia para poder volver al juego electoral. Y lo dejaron hace ya cinco años.
En estos cinco años, lo que queda de ETA ha cosechado una colección de iniciativas fracasadas una tras otra. Fracasó, primero, el objetivo de negociar con el Gobierno español en Oslo sobre lo que los terroristas llaman las «consecuencias del conflicto» que, curiosamente, no incluyen a los muertos ni a los heridos de los atentados. Este fracaso tiene fecha: el 18 de febrero de 2013 las autoridades noruegas expulsaron a los tres representantes de ETA del país, cansadas de la intransigencia de los etarras ante la Comisión Internacional de Verificación. La banda se quedó sin estrategia pues estaba convencida de que, tarde o temprano, el Gobierno español iría a negociar con ellos.
Tardaron dos años en perfilar una estrategia alternativa al fracaso de Oslo. El plan de ETA era realizar un montaje propagandístico con el sellado de las armas que ya no iban a utilizar. El sellado era un sucedáneo del desarme, que seguía condicionado a una negociación con España o Francia, y que consistía en hacer un inventario de armas, armas que seguirían en poder de ETA. Esa estrategia fracasó el 21 de febrero de 2014, cuando los verificadores dieron a conocer en qué consistía el sellado en cuestión y la banda difundió un vídeo con las imágenes. El ridículo fue tal que los verificadores no han vuelto al País Vasco desde entonces. Bueno, en esa decisión también ha pesado el miedo a tener que declarar ante la Audiencia Nacional.
Un oficial de la Policía Judicial francesa, el comandante Laurent Hury, mostró su sorpresa por el vídeo del sellado durante una declaración efectuada ante un tribunal de París: «Los dos miembros de la Comisión Internacional de Verificación (CIV) recorren con la mirada lo presentado, pero no hacen ninguna actividad de verificación de las armas ni los explosivos –afirmó–. Como policía francés les digo que cuando se neutraliza algo realmente se neutraliza, se marca y luego se precinta. Ahí [en referencia al vídeo difundido por ETA] no se ve nada de eso. Simplemente sobrevuelan la mesa y se marchan con un papel».
Lo que queda de ETA no ha comprendido que el desarme es un problema particular suyo, no de los Estados, que no comparten su pretensión de escenificar un gran acto propagandístico. En los tres últimos años, la banda ha tratado sin éxito de implicar a Francia en un proceso de desarme al margen de España, pero a los Gobiernos de París y Madrid les basta con esperar a que los cuerpos policiales vayan apoderándose de las armas de ETA como ha ocurrido esta misma semana. La capacidad de ETA de ofrecer algo el día del desarme se reduce de forma drástica tras cada operación policial. A la banda terrorista sólo le queda protestar y lamentarse de que al quitarle las armas le impiden desarmarse. Lo que queda de ETA no ha comprendido tampoco que la situación de los presos preocupa únicamente a los familiares de los reclusos y sólo en los días especiales inquieta a la izquierda abertzale.
La renuncia al terrorismo de ETA ha relajado la vida política vasca, ha normalizado la vida social. Al desaparecer el factor que amenazaba la vida y las libertades de una parte importante de los ciudadanos, la normalidad se ha impuesto. La normalidad es el respeto a la legalidad democrática y al Estado de derecho, contra el que han combatido a mano armada los terroristas. La única anormalidad en el País Vasco durante décadas ha sido la presencia de una banda cometiendo atentados y poniendo en peligro la democracia.
Al desaparecer la amenaza, la sociedad se ha olvidado rápidamente de ETA y de los etarras, para lo bueno y para lo malo. Lo que no debería olvidarse es la historia de terror de ETA. Hay que tener presente lo ocurrido, enseñarlo a los más jóvenes, para deslegitimar la violencia y evitar que futuras generaciones tengan la tentación de volver a las armas.
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Raúl López Romo
Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo
Han pasado cinco años desde que ETA anunció el “cese definitivo” de su actividad terrorista. En este tiempo se ha desarrollado en España un intenso debate público sobre la memoria de los “años de plomo”. El título de un seminario de la Fundación Fernando Buesa, celebrado en 2013, condensa las preguntas más relevantes al respecto: ¿cómo, qué y para qué recordar?
Otras sociedades se enfrentaron con anterioridad a un problema similar. Jorge Semprún, superviviente de los campos de concentración nazis, se hizo eco de esas grandes cuestiones en La escritura o la vida: “Me imagino que habrá testimonios en abundancia… Valdrán lo que valga la mirada del testigo, su agudeza, su perspicacia… Y luego habrá documentos… Más tarde, los historiadores recogerán, recopilarán, analizarán unos y otros, harán con todo ello obras muy eruditas… Todo se dirá, constará en ellas… Todo será verdad… salvo que faltará la verdad esencial, aquella que jamás ninguna reconstrucción histórica podrá alcanzar”.
Por eso es preciso fomentar políticas públicas de memoria que informen lo más fielmente posible de lo que sucedió y que vayan encaminadas a subrayar la dignidad de las víctimas del terrorismo, la defensa del Estado de derecho y el rechazo de la violencia política y de las ideologías que la justifican.
Frente a la tentación del olvido, y también frente a perspectivas relativistas y justificativas de los criminales, en este lustro sin atentados de ETA ha ido cuajando un relato que sitúa a las víctimas del terrorismo en el centro de gravedad. Se trata de una narrativa no sistematizada, con la que se pueden sentir identificados diferentes agentes políticos, sociales, culturales e intelectuales, en una variedad de grados y matices. Sus contenidos se resumen en los siguientes principios básicos.
Principio ético de globalidad. Existe un deber de memoria con las víctimas de todos los terrorismos que han actuado en el País Vasco. Del mismo modo, no se debe laminar moralmente a las víctimas del terrorismo considerando que fueron la consecuencia de un conflicto entre dos bandos armados equiparables.
Principio de humanización. Es preciso dar a conocer estudios que contengan estadísticas y cifras sobre el terrorismo y sus víctimas, pero esto solo no sirve. Referirse, por ejemplo, a 845 asesinatos de ETA y otras organizaciones afines no tiene el mismo efecto que ilustrar esos datos con casos concretos, con “vidas identificadas”, según la expresión de Thomas Schelling. Además, esta individualización, al dar un rostro y reflejar la historia de las víctimas, contribuye a hacer frente a las ideologías totalitarias, que demonizan y cosifican a sectores enteros de población. Las víctimas no son categorías, sino personas con nombre y apellidos, y lo ideal es que ellas mismas puedan aportar su testimonio.
Principio de ejemplaridad. Todas las víctimas del terrorismo son iguales en su condición de objeto de una violencia injusta. Su ejemplo nos debe hacer reflexionar y nos ilustra sobre los efectos del terrorismo. Por eso es importante divulgar y hacer pedagogía para desactivar el caldo de cultivo del odio.
Principio de análisis de causas. Es preciso explicar las causas y consecuencias del terrorismo. Esto implica tener muy presente el papel de los verdugos. No se trata de diluir sus responsabilidades creyendo que eran unos locos ni, en sentido contrario, unos idealistas, sino que hay que mostrar que se escudaban tras pretextos políticos (totalitarios) y eran apoyados por unos simpatizantes imprescindibles para su supervivencia.
Principio de atribución de responsabilidades. Frente al relativismo del “todos fuimos víctimas/verdugos”, es preciso señalar la responsabilidad de las organizaciones terroristas en el ejercicio de la violencia ilegal y, sobre todo, la de ETA, la banda más mortífera, más longeva y la única que ha contado con apoyo social en el País Vasco.
Principio de contextualización. En relación con el impacto del terrorismo, no es lo mismo hablar de la transición que de la época de la “socialización del sufrimiento”. Por tanto, las políticas públicas de memoria deben reflejar las diferentes etapas de la historia del terrorismo y, dentro de ellas, las distintas consideraciones que tuvieron sus víctimas. Del mismo modo, frente a la difusión de narraciones localistas, es conveniente situar el relato en su contexto internacional, el del terrorismo en Europa occidental.
Principio de conexión con el presente. Frente a la tentación de relatar un momento congelado en el tiempo (los “años de plomo”), es preciso relacionar todo aquello con la defensa de los derechos humanos en la actualidad para contribuir a que no vuelva a repetirse, lo que implica interpelar a los ciudadanos para que no vean el terrorismo como un fenómeno que no le afecta.
Principio de rigurosidad. Es preciso divulgar una memoria de las víctimas sustentada en las mejores aportaciones de la historiografía y de otras ciencias sociales que se han ocupado del fenómeno del terrorismo.
Tener en cuenta estos principios es esencial para que dentro de unos años no nos encontremos con una nueva generación que no sabe lo que fue ETA o, peor aún, que legitima a sus miembros y, por tanto, el uso de la violencia con fines políticos.
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