Apenas había pasado un lustro desde la muerte del dictador y la Transición ya estaba haciendo aguas. Las grietas que habían aparecido después de la euforia de las elecciones de 1977 no hicieron sino ensancharse. En 1980 la joven democracia española se enfrentó a una crisis generalizada: había enormes dificultades económicas, se alcanzó la cifra récord de un millón de desempleados, la delincuencia y el consumo de drogas comenzó a crecer, el Gobierno y la UCD se descomponían y el presidente Adolfo Suárez estaba en entredicho. Parte sustancial de la sociedad se sumió en el pesimismo y el “desencanto”.
Aquella inestabilidad alentó a los enemigos de la democracia: el golpismo, un sector de las FCSE y el terrorismo. Potenciado por los atentados de ETA y los GRAPO contra oficiales, en 1980 el “ruido de sables” era cada vez más audible: militares “nostálgicos” estaban urdiendo las tramas que culminarían en el 23-F. Otro factor negativo fueron los excesos y delitos que cometieron ciertos agentes de “gatillo fácil” que habían protagonizado hechos como la matanza de cinco obreros el 3 de marzo de 1976 en Vitoria. Aunque no llegaron a desaparecer, en los años posteriores se redujeron notablemente. Si bien 15 personas fallecieron en incidentes policiales en 1980, la absoluta mayoría de los casos carecía de connotaciones ideológicas.
Sin desestimar el peso de las anteriores, la mayor amenaza para el proceso de democratización fue el terrorismo, que entre 1976 y 1982 segó 498 vidas y causó 450 heridos. No por casualidad, el año en que se acumularon más damnificados fue 1980: se trató no solo del más cruento de la Transición, sino también del segundo de toda nuestra historia reciente: en las seis décadas que van desde 1960 a 2020 únicamente le superó en número de víctimas mortales 2004, a consecuencia de la masacre yihadista del 11-M. Como se indica en la obra 1980. El terrorismo contra la Transición, a lo largo de esos 366 días (era bisiesto) se perpetraron 395 atentados, que arrojaron un saldo de 132 asesinatos, 100 heridos y 20 secuestros. No es de extrañar que, de acuerdo con una encuesta de la empresa ICSA-Gallup, la ciudadanía considerara que el terrorismo era el mayor problema de España detrás del paro.
Numerosas bandas operaban en el país durante 1980, pero el grueso de los actos de violencia llevaba la firma del brazo armado del nacionalismo vasco radical: ETA causó 95 víctimas mortales (el 71,9% del total), 73 heridos (el 73%) y 17 secuestros (el 85%). La más letal de sus ramas fue ETA militar, que acabó con 81 vidas. Le seguían los Comandos Autónomos Anticapitalistas, que cometieron nueve asesinatos, y ETA político-militar, cinco. La segunda posición en este macabro ranking la ocupó el terrorismo ultraderechista y parapolicial. Escondiéndose bajo marcas como la Triple A o el BVE, dejó 28 víctimas mortales (el 21,2%). Las siglas de extrema izquierda, como los GRAPO, mataron a seis personas (el 4,5%). El palestino Fatah-Consejo Revolucionario perpetró un asesinato. Hay otros dos crímenes sobre cuya autoría existen dudas.
Las tensiones acumuladas durante 1980 estallaron a principios de 1981, hace ahora cuatro décadas. El 29 de enero el presidente Suárez dimitió: “Yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la Historia de España”. El mismo día ETAm había secuestrado a José María Ryan, el ingeniero jefe del proyecto de la central de Lemóniz, que sería asesinado el 6 de febrero. El 13 de ese mes el miembro de ETAm Joseba Arregi falleció a consecuencia de las torturas sufridas a manos de la Policía. Una semana después ETApm secuestró a los cónsules de Austria, Uruguay y El Salvador. El 23 de febrero el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en el Congreso de los diputados mientras que en Valencia el capitán general Jaime Milans del Bosch sacaba los tanques a la calle.
Podría haber sido el fin. Durante unas horas la democracia pendió de un hilo. No se rompió porque aquel día el rey Juan Carlos I hizo valer su autoridad y porque posteriormente las manifestaciones y el voto de la ciudadanía española dejaron claro que no estaba dispuesta a volver al pasado.
Irónicamente, el 23-F supuso un punto de inflexión. El golpe de Estado no solo fracasó, sino que permitió acallar el “ruido de sables”. ETApm liberó a sus rehenes y declaró una tregua. Tras su autodisolución en 1982, los expolimilis volvieron a casa. Ni ETAm ni los CAA aceptaron acogerse a aquella amnistía encubierta, pero, gracias a las FCSE, tampoco consiguieron mantener el nivel de violencia. Pese al embate combinado de golpismo y terrorismo, la democracia no fue un paréntesis en la historia de España.
Fuente: El Correo
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Pese a que contamos con una amplia bibliografía sobre la violencia política durante la Transición, sus conclusiones apenas han trascendido del ámbito académico. En general, todavía nos aferramos a interpretaciones simplistas y poco documentadas. Por un lado, un relato en el que se resaltan el protagonismo de las élites y las luces del proceso de democratización mientras se minimizan sombras como las del terrorismo y la actuación de algunos altos funcionarios y de una parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta imagen de una Transición pacífica y modélica ha sido utilizada como una especie de mito fundacional de la monarquía parlamentaria. Otra narrativa oculta el papel desestabilizador de bandas terroristas como ETA y los GRAPO para acentuar la violencia de un sector de las FCSE, supuestamente orquestada (o amparada) por el Gobierno de Adolfo Suárez, al cual también se responsabiliza del terrorismo ultraderechista y parapolicial. Con el mito de la Transición sangrienta se pretende desmentir que hubiera un cambio real: la dictadura habría prevalecido en el subsuelo, por lo que jamás hemos disfrutado de una auténtica democracia. En definitiva, por enésima vez, nuestra historia es percibida como una anomalía.
Blog de Gaizka Fernández Soldevilla 