En #SierraDelta Contra #sdcontra13 traemos a José Miguel Calvillo Cisneros, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, que nos habla sobre el terrible pasado y el complejo presente de Afganistán: el fracaso de la ocupación occidental, la efímera y endeble democracia, las diferencias étnicas, la persecución religiosa, el terrorismo, el enfrentamiento entre Al Qaeda e ISIS-K, el cultivo del opio, la situación de la mujer, el nuevo Gobierno de los talibán y la actitud de los actores internacionales.
Además, Gaizka Fernández charla con el escritor Ramón González, superviviente del atentado yihadista contra la sala Bataclan (París, 2015). Con él habla acerca del libro en el que ha plasmado aquellos hechos, «Paz, amor y death metal», y de la película que su historia ha inspirado: «Un año, una noche» (Isaki Lacuesta, 2022).
El crimen ocurrió hace ahora medio siglo, pero no fue sino la culminación de unos acontecimientos y de un proceso de radicalización que se habían puesto en marcha un año antes. En 1971 un puñado de estudiantes universitarios, algunos procedentes del PCE (internacional), fundaron en Zaragoza el Colectivo Hoz y Martillo. A principios de 1972 este grupúsculo de tendencia marxista-leninista entró en contacto con ETA, a la que solicitó cursos de instrucción en manejo de explosivos.
Aunque pretendía emular los atentados que habían dado protagonismo al nacionalismo vasco radical, durante aquel año los militantes del Colectivo Hoz y Martillo se limitaron a la violencia de “baja intensidad”: el lanzamiento de un cóctel molotov en el cuarto de bedeles de la Facultad de Filosofía y Letras, el robo de una multicopista en la Facultad de Veterinaria, el atraco de una sucursal bancaria, donde se apoderaron de 2.400.000 pesetas, y el asalto a otro estudiante, al que le sustrajeron 100 pesetas y su documentación personal.
No era suficiente. Esperando ganar prestigio y estar en una mejor posición a la hora de pedir armamento a ETA, el Colectivo Hoz y Martillo planeó una acción más contundente con la excusa de la solidaridad con los “refugiados” abertzales que estaban en huelga de hambre en el País Vasco francés. A las 9:00 horas del 2 de noviembre de 1972 un comando formado por tres jóvenes entró en el consulado que Francia tenía en Zaragoza. Maniataron al cónsul honorario, Roger Tur Pallier, a su secretaria y al portero del edificio. Luego les echaron encima pintura roja y lanzaron un cóctel molotov al interior del despacho. La pintura acrílica era muy inflamable, por lo que se produjo un incendio que causó quemaduras muy graves a Roger Tur. El cónsul falleció cinco días después.
La Policía no tardó en arrestar a los autores materiales del atentado. Se les incautaron tres pistolas y 1,4 millones de pesetas. El fiscal pidió la pena de muerte para tres de los miembros del Colectivo Hoz y Martillo. ETA aprovechó la ocasión para emitir un comunicado en su defensa: “primero, porque su acción fue una postura internacionalista con respecto a nuestros propios militantes, perseguidos por las clases dominantes de España y Francia; segundo, porque tales tentativas de intimidación han sido frecuentemente empleadas contra nosotros mismos”. Finalmente, el consejo de guerra condenó a los acusados a 30 años de prisión.
No obstante, los integrantes del Colectivo Hoz y Martillo solo pasaron encerrados cuatro años y siete meses. Fueron excarcelados por el Gobierno del presidente Adolfo Suárez a finales de julio de 1977. Ni siquiera tuvieron que esperar a la Ley de Amnistía aprobada en octubre de aquel mismo año, que sacó de las cárceles a todos los presos por delitos de terrorismo, con algunas excepciones, como los ultraderechistas autores de la masacre de Atocha.
¿Quién era Roger Tur? Natural de Nimes, estaba casado y tenía una hija. Llevaba 40 años en España, compaginando la diplomacia (primero como cónsul, luego como cónsul honorario) con la dirección de una empresa, la firma Tur, que entre otros productos fabricaba el regaliz Zara.
Durante la Segunda Guerra Mundial su padre había ayudado a muchos judíos a huir de la Francia ocupada por la Alemania nazi. La Gestapo acabó con su vida. Al otro lado de la frontera, Roger Tur también luchó contra el Eje. Gracias al libro Los secretos del franquismo, de Eduardo Martín de Pozuelo, sabemos que entre 1944 y 1946 se dedicó a espiar a los nazis residentes o refugiados en Zaragoza: el cónsul del III Reich, los responsables del Partido Nacionalsocialista, varios empresarios alemanes, etc. Como las autoridades francesas no dieron valor a sus informes, Tur decidió ponerse a las órdenes de los servicios secretos de Estados Unidos (la OSS, antecesora de la CIA), que le pusieron el nombre en clave de Ric. Su actividad fue tan importante que, tras la contienda, recibió la Legión de Honor. Hoy en Zaragoza una calle lleva su nombre.
De acuerdo con la reciente obra de Carmen Ladrón de Guevara, Las víctimas del terrorismo de extrema izquierda en España (Almuzara), las bandas de esta tendencia ideológica fueron responsables de haber cometido 111 asesinatos en nuestro país entre 1960 y 2006. La mayoría de ellos, 93, llevaban la firma de los GRAPO, el brazo armado del PCE (reconstituido). La segunda fue el FRAP, vinculado al PCE (marxista-leninista), con seis víctimas mortales. Tampoco faltaron grupúsculos efímeros como el DRIL, Defensa Interior, los autónomos, el FRAVA o el Colectivo Hoz y Martillo.
Aunque no fueron tan longevos y letales como ETA, es importante conocer su historia y, sobre todo, la de sus víctimas.
¡Nuevo episodio del pódcast Sierra Delta Contra! Al hilo de dos novedades editoriales, en esta ocasión charlamos con Carmen Ladrón De Guevara sobre el terrorismo de extrema izquierda y sus víctimas, así como con Matteo Re sobre la interrelación entre terroristas españoles e italianos.
Matteo Re, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, y un servidor publicamos nueva obra en italiano: Storia del terrorismo in Spagna. Grazie mille al sello Rubbettino Editore y al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo per il tuo supporto. Già nelle tue librerie! https://www.store.rubbettinoeditore.it/catalogo/storia-del-terrorismo-in-spagna/
Sin caer en su utilización como arma arrojadiza en el debate político, sin idealizarla (como se llegó a hacer en el pasado) ni demonizarla (como se hace ahora cada vez más), sin ponerle adjetivos simplistas como «pacífica» o «sangrienta», debemos afrontar la historia de la Transición con rigor. Es imprescindible contarlo todo. También el papel que jugaron quienes utilizaron la violencia para sabotear el proceso de democratización.
Nos referimos a la brutalidad de ciertos agentes de las FCSE, al golpismo de algunos militares nostálgicos y a las organizaciones terroristas. David Ballester ha contabilizado 91 fallecidos a consecuencia de la violencia policial con connotaciones políticas: el «gatillo fácil», la represión, los malos tratos, la tortura, etc. Jaleado por la extrema derecha, envalentonado por la impunidad de los implicados en la «Operación Galaxia» y potenciado por los continuos atentados contra funcionarios uniformados, el «ruido de sables» desembocó en el 23-F.
Sin desestimar el peso de la violencia policial y el golpismo, el mayor obstáculo al que se enfrentó la Transición fue el terrorismo. Entre 1976 y 1982 las bandas que operaban en España acabaron con la vida de 498 personas, hirieron a 450 y secuestraron a otras 70. Aproximadamente dos tercios de estos crímenes llevaban la firma de las distintas ramas de ETA, sobre todo de ETA militar, cuya historia se prolongaría hasta 2018. Aunque en menor medida, ETA político-militar también dejó un largo reguero de sangre: fue responsable de 24 víctimas mortales, a las que hay que sumar dos de los escindidos Komando Bereziak en 1977 y otras dos de ETApm VIII Asamblea en 1983.
No hablamos de estadísticas, sino de seres humanos, con nombre y apellidos. En 1974 los polimilis asesinaron a los guardias civiles Jerónimo Vera, Luis Santos y Argimiro García; en 1975 a los policías José Díez, José Ramón Morán y Ovidio Díaz, así como al guardia civil Manuel López; en 1976 al empresario Ángel Berazadi y los policías José Luis Martínez y Jesús María González; en 1977 al policía Manuel Orcera y al empresario y político Javier de Ybarra; en 1979 al policía Alfonso Estevas-Gilmain; en 1979 al militar retirado José María Maderal, al guardia civil Juan Luna, al policía Dionisio Gonzalo Rey, al ebanista Jesús Emilio Pérez, a la ama de casa Guadalupe Redondo, a la estudiante Dorotea Fertig, al estudiante y atleta José Manuel Juan Boix y al submarinista José Manuel Amaya; en 1980 al directivo de Michelín Luis Hergueta, al soldador Mario González, al policía Basilio Altuna, al perito industrial y político José Ignacio Ustarán y al profesor universitario y político Juan de Dios Doval; en 1983 al militar Alberto Martín Barrios. Ese mismo año falleció el odontólogo Luis Manuel Allende, que había sufrido un secuestro por parte de ETApm VIII en 1982. Se trató de una víctima indirecta. Basándose en los informes periciales de tres especialistas, un juzgado estableció que había existido «una relación causal entre el secuestro y el desencadenamiento de los síntomas de la enfermedad pancreática para el fatal desenlace». En total, 28 vidas rotas. ETApm nunca fue una «ETA blanda», como se la llegó a denominar.
En 1980 la joven democracia española atravesaba una crisis generalizada que se vio aún más agravada por los 132 asesinatos, 100 heridos y 20 secuestros que cometieron los terroristas, incluyendo los polimilis. No es de extrañar que, de acuerdo con una encuesta de la empresa ICSA-Gallup, la ciudadanía los considerara el mayor problema de España detrás del paro. Aquel año fue la antesala, y en cierta medida el desencadenante, de los acontecimientos de principios de 1981 y del golpe de Estado.
Sin embargo, pese al embate combinado de los enemigos de la libertad, la democracia logró consolidarse. Una de las claves de aquel éxito fue el descenso de la violencia terrorista. Dos factores lo posibilitaron. Por un lado, una actuación policial más efectiva durante el mandato de Juan José Rosón como ministro del Interior (1980-1982). Por otro, el acuerdo sin precedentes que, pese a la campaña de ETApm contra UCD de 1980, alcanzaron el líder de Euskadiko Ezkerra Mario Onaindia y el propio Rosón.
Como resultado, en febrero de 1981 ETApm declaró una tregua. En septiembre de 1982 el sector fiel a EE, ETApm VII Asamblea, dio su última rueda de prensa. Una llamada anónima había intentado reventar el acto con un aviso de bomba, pero no surtió efecto. Joseba Aulestia (Zotza) declaró que «hemos venido a hablar y de aquí no nos movemos». Aquel día ETApm VII Asamblea se autodisolvió.
Como explicó Ángeles Escrivá en su libro ETA: el camino de vuelta, la contrapartida fue la reinserción de entre 250 y 300 expolimilis (incluyendo algunos octavos, milis y autónomos). A los que estaban detenidos (pendientes de juicio) se les concedió la libertad provisional bajo fianza. Ulteriormente fueron absueltos o su causa sobreseída. Quienes cumplían su condena en la cárcel fueron indultados. Los «exiliados» fueron trasladados en los coches particulares de abogados ligados a EE desde Francia a Madrid. Una vez ante el juez de la Audiencia Nacional, los séptimos se declaraban inocentes de todos los cargos por los que estaban imputados y se sobreseían las causas judiciales.
ETApm VIII Asamblea, la facción de ETApm que no había aceptado el acuerdo Rosón-Onaindia, rompió la tregua y reinició la campaña terrorista. Ahora bien, bastantes de sus miembros optaron por la reinserción o fueron detenidos en sucesivas operaciones policiales. Sin moral de resistencia ni capacidad operativa, ETApm VIII Asamblea entró en crisis y a principios de 1983 se fragmentó. Una veintena de octavos, incluyendo a Arnaldo Otegi, solicitaron el ingreso en ETA militar, que les impuso ciertas condiciones: siete atentados y arrepentirse públicamente de su pasado. El resto de los terroristas, encabezado por Txutxo Abrisketa, comenzó una huida hacia adelante que se cobró una víctima mortal: el capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios. Su último comando cayó en marzo de 1985.
La desaparición de ETApm redujo los niveles de violencia y crispación política en España en general y en Euskadi en particular, lo que contribuyó a afianzar la democracia parlamentaria y la autonomía vasca. No obstante, al contrario de lo que ha ocurrido tras otras experiencias similares, los partidos que la habían promovido no obtuvieron réditos electorales. En las generales de 1982 UCD se hundió, pasando de 6.268.593 a 1.425.093 votos, y EE se estancó, con 100.326, frente a los 210.601 sufragios del brazo político de ETAm, Herri Batasuna.
Por añadidura, el proceso arroja sombras que no conviene ocultar. Aunque el Gobierno de UCD había advertido que únicamente los expolimilis que no tuvieran delitos de sangre podrían acogerse a las medidas de reinserción, esa exigencia fue ignorada. Se trató de una amnistía encubierta: nadie respondió por los crímenes de ETApm, que entre 1977 y 1981 había cometido 138 atentados, entre ellos 21 asesinatos. Las víctimas de la banda pagaron un altísimo precio.
Tras la Ley de Amnistía de 1977, la reinserción fue la segunda oportunidad histórica que la «izquierda abertzale» despreció: tanto ETAm como los Comandos Autónomos Anticapitalistas se negaron a sumarse a la tregua de ETApm en febrero de 1981. Según un boletín polimili, los milis les respondieron «que no querían saber nada, que no estaban dispuestos a discusión ninguna». Las condiciones que se le ofrecían no eran suficientes para ETAm, que todavía creía poder derrotar al Estado de derecho.
Desde la rueda de prensa de los séptimos hasta el asesinato de Jean-Serge Nérin en septiembre de 2010, el nacionalismo vasco radical acabó con la vida de 480 personas e hirió a otras 2.318, que se añadieron a los centenares de víctimas anteriores. Tampoco hay que olvidar que cientos de miembros de la banda y de su entorno cumplieron y siguen cumpliendo largas condenas de cárcel. Todo aquel dolor no sirvió de nada: cuando ETA se disolvió en 2018 se encontraba tan lejos de alcanzar sus objetivos fundacionales (la creación de un estado vasco independiente, homogéneo y monolingüe que se anexionase Navarra y el País Vasco francés) como lo había estado en 1982.
Blog de Gaizka Fernández Soldevilla 