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GFS: «Begoña Urroz», El Correo, 27-VI-2019

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La Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo (2011) se aplica a las personas que sufrieron atentados desde el 1 de enero de 1960. Anteriormente la fecha límite había sido 1968. Con tal ampliación se reparaba a la familia de Begoña Urroz Ibarrola, fallecida hace 59 años tras una explosión en la donostiarra estación de Amara. El Congreso eligió esa fecha, 27 de junio, como Día de las Víctimas del Terrorismo.

Se pretendía corregir el desamparo institucional y recuperar la memoria de la que era considerada la primera víctima mortal de ETA. Su autoría era verosímil, ya que la banda había asesinado a 21 menores de edad y herido a otros 172. Además, el episodio encajaba con lo poco que se sabía acerca de su historia inicial: en 1959 ETA había colocado tres explosivos caseros. Sin embargo, no había pruebas sólidas. Obras como El terrorismo en España (1982) de Alejandro Muñoz y Pirates de la llibertat (2004) de Xavier Montanyà apuntaban en otra dirección, al igual que algún documento, como advirtió Santiago de Pablo (EL CORREO, 19/06/2010). Ahora bien, no había nada concluyente.

Para acabar con las dudas acerca del atentado de Amara el Centro Memorial impulsó una investigación exhaustiva. Durante dos años Manuel Aguilar, documentalista, y yo, historiador, examinamos todas las fuentes disponibles, en gran medida inéditas, lo que nos permitió elaborar un informe de más de 100 páginas.

Su conclusión es que la bomba que mató a Begoña Urroz llevaba la firma del Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación. Nacido a principios de 1960 al calor de la revolución cubana, era un grupo formado por españoles y portugueses que buscaban el derrocamiento de las dos dictaduras ibéricas, la de Franco y la de Salazar, y la instauración de sendas repúblicas, que podrían federarse entre sí. El método que emplearon fue la violencia. Sobre el papel, iban a ser una guerrilla al estilo castrista, pero en la práctica se conformaron con un sucedáneo: el terrorismo.

El 18 de febrero de 1960 el Directorio puso cuatro bombas en Madrid. La primera estalló en el Ayuntamiento. La segunda, en la calle Toledo. Cuando llegó la Policía, encontraron herido de muerte a uno de los miembros del DRIL, al que le había explotado su propio artefacto. Más tarde se desactivaron los otros dos. Fueron detenidos dos activistas del DRIL, uno de los cuales sería ejecutado tras un juicio sumarísimo.

Unos meses después se produjo una nueva campaña terrorista. El 26 de junio de 1960 una bomba explotó en un tren que hacía el trayecto Barcelona-Madrid. Al día siguiente, 27 de junio, se registraron explosiones e incendios en las consignas de equipaje de las estaciones del Norte de Barcelona, del Norte de San Sebastián, de Amara y del Norte de Madrid. El 29 de junio hubo otro atentado en la terminal de Achuri de Bilbao.

En Amara resultaron heridas seis personas. Una de ellas era la encargada de la consigna de equipajes. Su sobrina nieta, Begoña Urroz, de 20 meses, presentaba el peor pronóstico: quemaduras en todas sus extremidades y en la cara, así como heridas contusas en pierna y pie izquierdos. Se trataba de la primogénita de un matrimonio originario del pueblo navarro de Beinza-Labayen, que se había trasladado a Lasarte.

La madre había dejado a la pequeña al cargo de su tía mientras iba a comprarle unos zapatitos. Cuando volvió, se encontró el desastre. Begoña había sido rescatada de entre las llamas por un mozo de servicio exterior de la estación, que puso en riesgo su propia vida. La llevaron a la clínica del Perpetuo Socorro, donde ingresó en estado grave. Murió el 28 de junio.

Justo al día siguiente el diario venezolano El Nacional recogió las declaraciones de dos portavoces del DRIL reivindicando los atentados. Un par de semanas después uno de ellos advirtió en el mismo periódico que las revoluciones para derrocar a los tiranos no se hacen con té y simpatía ni con bombones. Hay que emplear la violencia para responder a la que ellos usan”. Posteriormente otros líderes del Directorio admitirían su responsabilidad. Eso sí, ninguno pidió perdón por la muerte de Begoña ni mostró arrepentimiento.

En julio de 1960 la Guardia Civil descubrió en Andorra a un sospechoso, quien habría confesado a un confidente ser el autor material del atentado de Amara. Cuando la Policía andorrana acudió al hotel en el que solía almorzar, el miembro del DRIL no apareció. Sabemos que posteriormente viajó a Lieja (Bélgica), donde en septiembre de 1960 participó en una reunión del Directorio que fue interrumpida por agentes de aquel país. Hubo catorce detenidos. La dictadura franquista solicitó la extradición de los españoles, pero su petición fue desechada. En un mes y medio salieron todos en libertad.

En enero de 1961 el Juzgado Especial Nacional de Actividades Extremistas requirió la comparecencia de los tres presuntos autores de los atentados de junio de 1960. Nunca fueron capturados. Tampoco podemos estar seguros de su culpabilidad. No hubo juicio y la Ley de Amnistía de 1977 borró la responsabilidad penal del crimen. De igual manera, el tiempo borró la memoria de lo sucedido e incluso las siglas del DRIL.

Pero la historia es imborrable: Begoña Urroz fue víctima del terrorismo. Como cada 27 de junio, hoy las recordaremos a ella y a todas las demás.

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Muerte en Amara. La violencia del DRIL a la luz de Begoña Urroz

Informe06_page-0001.jpgEl Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo acaba de publicar su sexto informe de investigación, que he elaborado junto al documentalista Manuel Aguilar.

Pueden descargar aquí el informe completo en pdf. Y aquí la versión en euskera.

Resumen

Entre el 26 y el 29 de junio de 1960 el norte de España sufrió una cadena de explosiones. El 27 una bomba estalló en la estación de tren de Amara (San Sebastián), hiriendo a la niña Begoña Urroz, que falleció al día siguiente. Desde hace unos años, ha sido habitual que se atribuyese aquella muerte a ETA. Por ese motivo la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, estableció el 27 de junio como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo. Ahora bien, el presente trabajo demuestra documentalmente que la responsabilidad de los atentados de 1960 no recae en ETA, sino en el DRIL: un grupo hispanoluso antifranquista y antisalazarista que unos meses antes ya había colocado artefactos explosivos en Madrid y que sería conocido internacionalmente cuando secuestró el trasatlántico portugués Santa María en enero de 1961. Allí causó su segunda víctima mortal, João José do Nascimento Costa.

 

Laburpena

1960ko ekainaren 26a eta 29a bitartean, Espainiako iparraldeak leherketa kate bat jasan zuen. 27an bonba batek Amarako tren-geltokian (Donostia) eztanda egin, eta Begoña Urroz haurra zauritu zuen. Hurrengo egunean hil zen. Duela zenbait urtetik, ohikoa izan da heriotza hura ETAri leporatzea. Hori dela eta, irailaren 22ko 29/2011 Legeak ekainaren 27a ezarri zuen terrorismoko biktimen oroimen eta omenaldi gisa. Dena dela, honako lan honek dokumentuen bidez frogatzen du 1960ko atentatuen erantzukizuna ez dagokiola ETAri, DRILi baizik: talde hispaniar-lusitaniar antifrankista eta antisalazarista bat zen, hilabete batzuk lehenago Madrilen dagoeneko lehergailuak jarri zituena eta 1961eko urtarrilean, Santa María transatlantiko portugaldarra bahitu zuenean, nazioarte mailan ezaguna egin zena. Han eragin zuen bere bigarren biktima mortala, João José do Nascimento Costa.

 

 

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Encuentro con Martín Alonso en Soria

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Más información, aquí

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Presentación de dos libros en Santander

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17 junio, 2019 · 11:59

Presentación de una obra de Indalecio Prieto en Vitoria

Gonbidapena kanporako colección Clásicos del Pensamiento Político y Social en el País Vasco bilduma-1_page-0001

Pueden inscribirse aquí

 

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GFS: «Alde hemendik?», El Correo, 15-VI-2019

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El 7 de junio se cumplió el 51º aniversario del asesinato de José Antonio Pardines, la primera víctima mortal de ETA. El año pasado, con motivo de la presentación de Pardines. Cuando ETA empezó a matar en Malpica de Bergantiños, su localidad natal, tuvimos la ocasión de conocer a su hermano Manuel. Evocó tanto el medio siglo que José Antonio había pasado prácticamente olvidado como el hecho de que a unos cientos de kilómetros de allí se hubiera organizado un acto en honor del etarra que lo mató. Lamentablemente, este año se le ha vuelto a glorificar en Tolosa y Derio.

En el imaginario abertzale Txabi Echebarrieta se ha convertido en un mártir. En cambio, Pardines no existe o, a lo sumo, aparece como un agresor que provocó su propia muerte. Se trataba, además, de un “txakurra”: un agente de la Guardia Civil, cuerpo que para el nacionalismo radical representa una fuerza de ocupación extranjera y, por tanto, ajena al País Vasco.

Nada más lejos de la realidad. La Benemérita lleva vinculada a Euskadi desde su fundación, hace 175 años. Fue un donostiarra, Pedro Agustín Girón, el que en 1820 presentó el primer proyecto de Salvaguardias Nacionales ante las Cortes, que sería rechazado. Lo retomó el también ministro de la Guerra Manuel de Mazarredo, bilbaíno, que creó la Guardia Civil en marzo de 1844. Su primer director fue un pamplonica, Francisco Javier Girón y Ezpeleta.

Ese mismo año se constituyó el XII Tercio, con cabecera en Vitoria. Se publicó un anuncio en los boletines oficiales de los tres territorios vascos solicitando hombres para la Guardia Civil. Entre otras cosas, el aspirante debía ser “natural de estas Provincias conociendo su idioma”. El requisito se repitió en sucesivas convocatorias. Por cierto, en 1861 se añadió Navarra, transformándose en el XIII Tercio. “Laurac-bat”.

La Guerra Civil dividió en dos a la Benemérita. Un sector se adhirió a los sublevados, pero más de la mitad de la plantilla fue leal al Gobierno republicano. Lo mismo sucedió en el País Vasco. El Instituto Armado apoyó el “Alzamiento” en Álava, pero no así en Guipúzcoa y Vizcaya. De hecho, algunos de sus mandos tuvieron un papel destacado en la defensa de la Euskadi republicana: el primer responsable de la Ertzaña, el teniente coronel Saturnino Bengoa y Muruzábal, donostiarra, procedía de la Guardia Civil, al igual que el teniente coronel Juan Ibarrola Orueta, natural de Llodio, jefe de una de las cinco Divisiones del Ejército vasco y de un Cuerpo de Ejército de la República. El bando vencedor les reservó el mismo destino que al resto de los derrotados.

Tras la contienda, Franco se planteó la liquidación de los Carabineros y de la Guardia Civil. Finalmente solo disolvió a los primeros, pero depuró la Benemérita, convirtiéndola en un instrumento represivo más de la dictadura, que se demostró brutalmente efectivo en la lucha contra el maquis. No obstante, la auténtica policía política era la Brigada de Investigación Social, no la Guardia Civil, que en su mayor parte se dedicaba a combatir la delincuencia común y mantener el orden público. Por ejemplo, José Antonio Pardines, destinado a Tráfico, se encargaba de la seguridad vial.

Para bien y para mal, la situación de este cuerpo en el País Vasco era similar a la del resto de España. Como refleja la Memoria del Gobierno Civil de Guipúzcoa de 1960, sus principales problemas eran “el alojamiento” y “la carestía de vida, el alto nivel de existencia en esta provincia”. Aunque ya no se les exigía el dominio del euskera, siguió habiendo agentes vascos o que, provenientes de otras regiones, se integraban aquí, casándose con mujeres autóctonas.

La muerte de Pardines supuso un punto de inflexión. Comenzó una carnicería que no se detuvo en la Transición. Valga como muestra el asesinato en enero de 1979 del agente Antonio Ramírez Gallardo y su novia Hortensia González Ruiz, dos veinteañeros de Cádiz, sobre el que se acaba de estrenar el cortometraje 27 minutos. A tales “enemigos del pueblo vasco”, rezaba el comunicado etarra, había que marginarles y aislarles hasta que “se decidan a abandonar el territorio vasco”. Tampoco se libraron los conocidos de guardias civiles o policías, no pocos de los cuales fueron acusados de “txibatos” y sufrieron atentados. La consecuencia fue el ostracismo social de los funcionarios y sus familias.

La Benemérita del tardofranquismo llevo a cabo detenciones masivas y torturas. En ciertos ámbitos esta inercia continuó hasta los años ochenta, como evidencian algunas sentencias de malos tratos y de pertenencia a los GAL. No hay que ocultar tales hechos, pero tampoco obviar que fueron obra de determinados mandos y agentes en un periodo concreto, no de todo el colectivo.

Un balance de la actuación de la Guardia Civil durante la etapa democrática arroja un saldo positivo. Baste mencionar su labor durante las inundaciones de 1983 en Euskadi. Sin embargo, resulta indudable que su éxito más sobresaliente, compartido con la Policía Nacional y el CNI, es el fin de ETA. Si hoy podemos vivir en libertad, es gracias a las FCSE. Pagaron un alto precio: ETA asesinó a 215 guardias civiles, 151 policías nacionales, 97 militares, 25 policías locales, 14 policías autonómicos, 6 jueces, 5 funcionarios de prisiones y 1 policía francés. No hay que olvidarlos. Se lo debemos.

 

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Presentación de “Gestos frente al miedo” en Bilbao

¡Cambio de hora! El acto será el mismo día y en el mismo lugar, pero a las 20:00
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Nacional I, historia de la primera víctima de ETA (online)

 

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El documental «Nacional I, historia de la primera víctima de ETA» en La 2

El miércoles 5 de junio sobre las 24:30 horas, después del Cine Clásico, La 2 de TVE emitirá el documental Nacional I, historia de la primera víctima de ETA, en el que he participado. A partir del día siguiente se podrá ver en abierto abierto en la web de la Fundación Miguel Ángel Blanco.

Más información aquí y aquí

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40º aniversario de la muerte de Gladys del Estal

El 3 de junio de 1979 en Tudela se había organizado una protesta tanto contra la energía antinuclear como contra el Polígono de tiro de las Bardenas. A pesar de contar con el correspondiente permiso, fue disuelta por la Policía Armada. A las afueras de la localidad hubo una sentada de jóvenes, que se negaban a abandonar el lugar. Según la versión oficial de los hechos, cuando la Guardia Civil intentó que se dispersaran, a un agente se le disparó el subfusil, que acabó con la vida de Gladys del Estal, una joven estudiante hispanovenezolana que formaba parte de un grupo ecologista. Hubo numerosas movilizaciones de protesta en el País Vasco y Navarra. La Audiencia de Pamplona condenó al guardia civil autor del disparo a dieciocho meses de prisión por imprudencia temeraria con resultado de muerte, sentencia que en 1984 sería confirmada por el Tribunal Supremo. Sin embargo, para una parte de la ciudadanía el veredicto no fue satisfactorio. En todo caso, se trató de uno de los dramáticos ejemplos de «gatillo fácil» que hubo durante la Transición democrática.
Tras su muerte, Gladys del Estal se convirtió en un símbolo del ecologismo.

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