Blog de Gaizka Fernández Soldevilla

El círculo se cerraba. La historia criminal de ETA terminó como había comenzado: con el asesinato de un agente de la ley en un encuentro fortuito. Su primera víctima mortal había sido el guardia civil José Antonio Pardines el 7 de junio de 1968. La última fue el brigadier de la Police Nationale Jean-Serge Nérin, al que arrebataron la vida hace ya una década.

Según Florencio Domínguez, desde 2000 a 2011 las FCSE arrestaron a 1.415 presuntos miembros o colaboradores de ETA, a los que se incautaron 1.545 armas de fuego, 811 granadas y 23.881 kilogramos de explosivo. La organización quedó débil, desorientada y sin líderes experimentados. Su letalidad entró en un imparable declive. Además, la Ley de Partidos dejó fuera de las instituciones a su brazo político, decisión que fue ratificada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que comprometía su supervivencia.

ETA había perdido sus apoyos internacionales, su “santuario”, sus comandos, sus cabecillas y su moral de resistencia. Por añadidura, su anteriormente servil entorno civil estaba dejando de serlo. Si bien la banda seguía apostando por el terrorismo, el sector mayoritario de la “izquierda abertzale” deseaba volver a la arena pública. Y la condición sine qua non era el fin de la violencia. En 2009 se inició una sorda lucha por el poder interno en el ultranacionalismo.

En enero de 2010 ETA intentó paralizar el debate sobre su continuidad con un atentado en las torres Kio de Madrid, pero fue frustrado por la Guardia Civil. Tras aquel fiasco, los terroristas entraron en un “parón técnico” que al año siguiente se convertiría en definitivo. Sin embargo, antes de anunciar el “cese definitivo de su actividad armada”, la organización volvió a matar.

El 16 de marzo de 2010 una decena de terroristas robaron varios vehículos de lujo en un concesionario de Dammarie-les-Lys. La Police Nationale recibió el aviso, aunque no se sabía que era un comando de ETA. Una patrulla compuesta por tres agentes y un brigadier interceptó uno de esos BMW en Villiers en Bière, una localidad a unos 50 kilómetros al sur de París. Ahora bien, los policías no habían detectado a los otros automóviles, que no tardaron en aparecer. Superándoles en número, los etarras abrieron fuego contra los agentes y mataron al brigadier Jean-Serge Nérin. Luego huyeron de allí. En un comunicado la banda responsabilizó a los policías franceses de haber iniciado el tiroteo. Una vez más los terroristas pretendían transferir la culpa a la propia víctima.

Jean-Serge Nérin había nacido en Cayenne (Guayana) en 1958. Estaba casado y tenía cuatro hijos. Le quedaban solo dos años para jubilarse. Fue enterrado en su región de origen, adonde se trasladó su viuda. Floryan Nérin, uno de los hijos, contó a El Correo que lo había hecho “para estar a su lado. Todos los días va al cementerio”.

El 5 de septiembre de 2010 ETA decretó un alto el fuego, pero el anuncio había llegado tarde para Nérin. En diciembre de 2017, durante el juicio de apelación contra los cuatro acusados de haber participado en el asesinato, una de ellas, Izaskun Lesaka, leyó un comunicado en nombre de la organización terrorista: “queremos manifestar públicamente que lamentamos sinceramente aquella muerte, y queremos mostrar nuestro pésame a sus familiares. Lo hacemos con todo respeto, pues sabemos que no existen palabras que apacigüen ese dolor”.

Cuando el periodista de El Correo Fernando Iturribarría preguntó a Floryan Nérin si aceptaba la petición de perdón de ETA, declaró que “no, no lo acepto. Porque una parte de nosotros se ha ido con nuestro padre. Intentamos sobrevivir, pero es muy duro soportar ese peso todos los días y no es fácil sostenerse. Llega muy tarde”. Más adelante añadía que “quitar la vida a alguien no es un ‘daño colateral’. Detrás de una vida hay personas. Mi padre era muy querido y apreciado como policía y como persona por sus jefes, colegas, amigos y familia. Una vida no es un ‘daño colateral’ y cuando se pierde es irreversible”. Jean-Serge Nérin había sido la última víctima mortal de la banda, pero “que sea la última, la primera o la 50ª no cambia nada. Evidentemente, habría preferido que depusieran las armas mucho antes. Mejor que no las hubieran cogido y que todo pasara pacíficamente”.

En marzo de 2010 ETA ya era consciente de su derrota operativa. El robo de los coches no era más que un intento desesperado de maquillarla de cara a su público afín. Como todos sus empeños, acabó en una tragedia inútil. Los terroristas podrían haber evitado ese asesinato, al igual que todos los anteriores. No quisieron. ETA es la única responsable de sus más de 850 víctimas mortales y casi 2.600 heridos. Ese es su legado.

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En la fotografía que nos hicimos en Zarautz el sábado 20 de junio de 2009, el día en que se constituyó la fundación, hay políticos, abogados, médicos, poetas, novelistas, periodistas, profesores universitarios, editores, filólogos, historiadores… Personas excepcionales en todos los sentidos. Yo estoy sentado en la fila de abajo, entre Patxi Elola y Luis Castells. Sonrío con entusiasmo juvenil: aún no me creía que me hubiesen invitado a participar en aquella fascinante aventura. Carecía de méritos y creo que era el único que no había conocido a Mario. Supongo que fue cuestión de suerte: había entrevistado a algunos de los promotores de la fundación para mi tesis doctoral sobre la historia de Euskadiko Ezkerra y ellos, abiertos y generosos, sin saber que iba a escribir sobre su antiguo partido, me habían adoptado.

Le tengo mucho cariño a la fotografía, pero no refleja toda la realidad. Recuerdo que justo al lado, atentos a lo que ocurría en la calle, había un grupo de hombres casi tan numeroso como el nuestro. Llevaban riñoneras y demasiada ropa para esa calurosa jornada de junio. Se trataba de los escoltas de algunos de mis nuevos compañeros. ETA seguía matando. Justo el día anterior una bomba lapa había acabado con la vida del inspector de la Policía Nacional Eduardo Puelles. Después del acto de constitución y la comida, los miembros del Patronato acudimos a la manifestación que el Gobierno Vasco de Patxi López había convocado en Bilbao. Resulta sintomático que esa fuese nuestra primera acción conjunta.

Presidida por Esozi Leturiondo y dirigida por Alberto Agirrezabal, la fundación se había fijado como fines promover la conservación, el estudio y la difusión del legado político e intelectual de Mario Onaindia; promocionar la investigación y la divulgación de la historia de las izquierdas en Euskadi y Navarra; favorecer la recuperación y la actualización de la cultura política vasca de carácter progresista, autonomista y democrático; y fomentar la pluralidad de la cultura vasca y el euskera. Éramos ambiciosos, tal vez en exceso, pero nos pusimos manos a la obra.

Pese a contar con un presupuesto muy ajustado, que a veces nos ha colocado al borde del precipicio, desde 2009 Mario Onaindia Fundazioa ha organizado 119 actos públicos: conferencias, presentaciones de libros, debates, etc. Destacan las jornadas anuales que se celebran en el Zazpi de Zarautz en memoria de Mario, en las que se entrega un premio que ya va por su novena edición y que han recibido, entre otros, Elías Querejeta, Arantza Urretabizkaia, Agustín Ibarrola, Rafael Aguirre, la Librería Lagun, Joseba Arregi, Juan Pablo Fusi, Jesús Eguiguren o Carmen Iglesias. También han sido muy exitosas las exposiciones “Ibarrola. El bosque de Oma” y “Un largo camino hacia la igualdad: las mujeres en Euskadi en el siglo XX”, que hasta hace poco se podía visitar en el Museo Vasco de Bilbao. En total, más de 10.000 personas nos han acompañado en estas actividades.

La fundación ha impulsado diversos proyectos de investigación: la historia de los comunistas y los socialistas vascos, la memoria de los presos por razones políticas durante el franquismo, “Itzuli nire ahotsa. Los programas vascos emitidos por Radio París durante la dictadura franquista”, una unidad didáctica sobre memoria histórica, etc. Paralelamente se han recogido, ordenado y catalogado fondos documentales muy valiosos: de Mario Onaindia, de ETA, de EIA, de Euskadiko Ezkerra, de otras formaciones de izquierdas, etc. En un futuro serán cedidos al Archivo Histórico de Euskadi, donde podrán ser consultados por la ciudadanía.

Mario Onaindia Fundazioa ha editado o coeditado siete libros. Por citar los más significativos: Rojo esperanza. Los socialistas vascos contra el franquismo, de Raúl López Romo, María Losada y Carlos Carnicero; Biografía patria. Mario Onaindia (1948-2003), de Fernando Molina; La secesión de España. Bases para un debate desde el País vasco, coordinado por Joseba Arregi; y Gestos frente al miedo. Manifestaciones contra el terrorismo en el País Vasco (1975-2013), de Irene Moreno.

En 2014 creamos la revista bianual Grand Place, dirigida por Felipe Juaristi con imaginación y espíritu ácrata. Se trata un oasis de cultura y pensamiento libre en un panorama vasco que algunos quieren reducir a un monótono desierto folclórico-patriótico. El euskera, la creación literaria en nuestras dos lenguas y los grandes debates que atraviesan Euskadi (como el nuevo Estatuto) tienen cabida en sus páginas, desde luego, como también otros temas universales de actualidad que demasiado a menudo perdemos de vista. Por ejemplo, el último número de Grand Place incluye un sugestivo dosier sobre mujer, género e igualdad que ha coordinado Luisa Etxenike.

Si hacemos balance de la andadura de Mario Onaindia Fundazioa, el resultado no puede ser más positivo. Con poco dinero, y a menudo frente a la desconfianza o la hostilidad de determinados sectores, se ha hecho muchísimo. El mérito les corresponde a Esozi, a Alberto, al resto de la comisión ejecutiva, a las administrativas Enara y Lurdes y a nuestros abnegados amigos. Como era inevitable, algunos se han ido, pero cada vez se nos unen más caras nuevas. Y siempre traen ideas originales.

Diez años (y pico) no son nada. Se nos han hecho cortos. Vamos a por la siguiente década.

Fuente: Eldiario.es

Nacido en Bilbao el 29 de mayo de 1946, Fernando Buesa pasó su infancia en Guernica. Cursó Derecho en Madrid y Barcelona, para luego ejercer de abogado en Vitoria. Compaginó su profesión con una carrera política excepcional. Siempre ligado al socialismo vasco, fue diputado foral de Álava (1979-1983), concejal del ayuntamiento de Vitoria (1983-1987), secretario de Organización del PSE-PSOE (1985-1988) y diputado general (1987-1991). Desde 1984 era parlamentario autonómico y en septiembre de 1991, además de asumir la Consejería de Educación, fue nombrado vicelehendakari del Gobierno Vasco de coalición PNV-PSE presidido por José Antonio Ardanza.

En 1995 ETA mató al líder del PP Gregorio Ordóñez. Era el comienzo de la socialización del sufrimiento. La nueva estrategia de la banda consistía en atemorizar a los vascos y navarros no nacionalistas mediante la persecución y el asesinato de cargos públicos del PP, el PSOE y UPN, así como de intelectuales, profesores, periodistas y otro tipo de profesionales. La campaña se saldaría con una treintena de víctimas mortales.

Como a tantos otros políticos, a Fernando Buesa se le asignó protección policial. Su escolta era Jorge Díez Elorza, un ertzaina de 26 años. Por desgracia, los terroristas llevaban ventaja. El comando Ituren de ETA les estuvo vigilando durante más de un mes para descubrir sus rutinas. Según la sentencia, “finalizada tal fase de averiguación de datos, comprobaron que un gran número de días recorría la calle Aguirre Miramón de Vitoria (Álava) con objeto de dirigirse a la sede del partido político de que era portavoz”. Los etarras colocaron una furgoneta-bomba “en diversas ocasiones, en las inmediaciones de los lugares de usual recorrido del señor Buesa próximos a su domicilio, sin que por diversas circunstancias pudiera llevarse a cabo el atentado previamente planeado”.

Hasta el 22 de febrero de 2000. Ese día Buesa y Díez salieron de la casa del primero para dirigirse a la sede del PSE. Cerca del cruce de la calle Aguirre Miramón con la calle Nieves Cano, en plena zona universitaria, la banda había colocado una furgoneta Renault Express cargada con 20 kilogramos de explosivos y bolas de metal. Algo después de las 16:30 horas, cuando las víctimas pasaban por allí, el comando activó el artefacto mediante un sistema de radio frecuencia. La explosión acabó con la vida de Fernando Buesa y Jorge Díez. Además, hubo dos mujeres heridas.

Tres años antes, en julio de 1997, el secuestro y asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco había unido a todos los demócratas frente al terror. No obstante, ahora la respuesta al atentado de Vitoria mostró el preocupante grado de división que se estaba instalando en la sociedad vasca, inédito desde los tiempos de la dictadura. Tras el esperanzador “espíritu de Ermua”, la mayor revuelta cívica contra ETA, había llegado el frentismo. Todas las fuerzas nacionalistas, incluyendo las radicales, se habían agrupado en el Pacto de Estella (1998). Con este, el PNV dejaba a un lado una década de colaboración transversal con el PSE en el Gobierno Vasco y orillaba también la clara frontera moral trazada en el Pacto de Ajuria Enea (1988), del que solo HB quedó fuera por su connivencia con ETA. Pero Estella devolvía a los extremistas a la centralidad del tablero político sin necesidad de que condenaran el terrorismo, lo que lanzaba un pernicioso mensaje a la ciudadanía.

El Pacto de Estella fracasó por la intransigencia y las prisas de ETA, no por la falta de voluntad “soberanista” de los dirigentes de aquel PNV, con Xabier Arzalluz, Juan José Ibarretxe y Joseba Egibar a la cabeza. A la banda le pareció que aún así estos iban demasiado lento y en diciembre de 1999 rompió la tregua que venía manteniendo desde un año antes. Su primer asesinato fue el del teniente coronel Pedro Antonio Blanco en Madrid. El siguiente, el que aquí nos ocupa.

En un clima de tensión, dos manifestaciones masivas recorrieron las calles de Vitoria. Una se convirtió en un acto jeltzale de apoyo al lehendakari Ibarretxe, que hasta entonces mantenía un acuerdo de legislatura con EH, sucesora de HB. La otra, siguiendo la llamada de la familia de Buesa, reunió a los constitucionalistas.

Conviene no olvidar la lección de aquellos días de febrero de cara a evitar futuras derivas que antepongan la clave étnica a la democrática. Para ello, hay entidades como la Fundación Fernando Buesa, que, con el brutal atentado de hace ahora 20 años en la memoria, mira hacia adelante a través de una encomiable labor educativa, para transmitir a las nuevas generaciones la necesidad de preservar la moral en la política y en cualquier ámbito de la vida pública.