Blog de Gaizka Fernández Soldevilla

Hace 25 años comenzó uno de los acontecimientos más trágicos del siglo XX. Alrededor de 800.000 personas fueron asesinadas en apenas un centenar de días. Se cometieron, además, cientos de miles de secuestros, violaciones, saqueos… Los perpetradores de aquellos crímenes conocían perfectamente a las víctimas: eran sus vecinos, sus compañeros de clase o trabajo, incluso sus familiares. ¿Cómo pudo ocurrir algo así?

La población de Ruanda estaba compuesta por una mayoría hutu y dos minorías: una tutsi y otra twa (pigmeos). Hablaban el mismo idioma y todavía se discute si conformaban etnias distintas o simplemente se trataba de castas creadas en el periodo de entreguerras por los colonizadores belgas, que dieron preminencia a los tutsis. De cualquier manera, cuando el país se independizó en 1962 ya se registraban tensiones y matanzas ocasionales. Las políticas de exclusión contra los tutsis empeoraron tras el golpe de Estado que en 1973 instauró una dictadura de partido único encabezada por el militar hutu Juvénal Habyarimana. En 1990 el Frente Patriótico Ruandés, compuesto mayoritariamente por tutsis exiliados, pasó a la ofensiva contra el régimen, lo que derivó en una guerra civil. Dos años después la contienda parecía en vías de solución, gracias al establecimiento de un gobierno transversal de transición.

Todo se quebró el 6 de abril de 1994, día en el que un misil derribó el avión de Habyarimana, que viajaba junto al presidente de Burundi, Cyprien Ntaryamira, también hutu. Todos los pasajeros murieron. El magnicidio no solo dio al traste con los anhelos de paz, sino que fue la chispa que inició el genocidio. A las pocas horas los hutus más radicales empezaron a matar tanto a sus conciudadanos tutsis como a los hutus que se oponían a la carnicería. Los asesinos fueron inusitadamente brutales: dos de sus métodos predilectos eran el machete y el masu, un garrote tachonado con clavos.

En realidad, no se trató de una reacción espontánea al atentado, sino que respondía a un minucioso plan de exterminio, precedido por una campaña de propaganda. Medios de comunicación como la Radio Télévision Libre des Mille Collines llevaban tiempo dando una versión adulterada de la historia del país, estableciendo una división maniquea entre “ellos” y “nosotros”, así como emitiendo un mensaje etnonacionalista y racista. En resumen, se culpaba de todos los males de Ruanda a los tutsis, que eran deshumanizados como “cucarachas” o “serpientes”. Ya no bastaba con discriminar a esos enemigos internos: había que “eliminarlos”. El magnicidio fue solo una excusa para pasar de las palabras a los hechos.

El proceso de animalización al que fueron sometidos los tutsis nos resulta familiar. Es uno de los “universales del odio” sobre los que ha advertido Martín Alonso. Se detecta en la retórica de movimientos totalitarios de diversa índole. El nazismo tachó a los judíos de “bacterias”, “piojos” o “ratas”. ETA y su entorno hicieron lo propio con policías y guardias civiles: “txakurrak” (perros). La misma expresión, por cierto, que los yihadistas emplean con aquellos a los que no consideran auténticos musulmanes. Por su parte, la extrema derecha compara a los negros con “simios” y a los izquierdistas con “cerdos”. Al transformar a seres humanos en bestias, los fanáticos pretenden arrebatarles la dignidad y alentar a la violencia contra ellos, legitimándola.

La moraleja es sencilla: hay que evitar los discursos de odio. Son potencialmente peligrosos para la convivencia. Ahora en Ruanda está prohibido hablar acerca de etnias diferentes. Oficialmente, ya no existen hutus ni tutsis. Tampoco es legal equiparar el genocidio con los crímenes del Frente Patriótico Ruandés, subterfugio al que se aferraban los genocidas. Se trata, en definitiva, de impedir la repetición de la catástrofe.

En Euskadi, sin embargo, todavía es habitual que se deshumanice a policías y guardias civiles, representados como “txakurrak” en la propaganda abertzale; o que incluso se les tilde de “nazis” y otras lindezas en el Parlamento. Tampoco faltan las justificaciones de los atentados de ETA, aludiendo al supuesto “conflicto” secular entre vascos y españoles, o los carteles y pintadas loando a los miembros de la banda, a quienes se tributan homenajes públicos cuando salen de la cárcel. La pesadilla etarra terminó, pero ha dejado rescoldos. ¿Quién nos asegura que no volverán a prender fuego en el futuro?

No se trata del único discurso de odio que nos amenaza, como prueban los atentados de los últimos años. Pese a la caída del “Califato” y los esfuerzos internacionales, el terrorismo yihadista sigue actuando en todo el mundo. El de ultraderecha ha causado una masacre en Nueva Zelanda, lo que indica que no deberíamos bajar la guardia en ese frente.

El Estado tiene la obligación de garantizar nuestra seguridad. En tal sentido, la prevención de la radicalización ha de ser una de sus prioridades. No obstante, como ciudadanos, nosotros también podemos contribuir a desactivar el caldo de cultivo de la violencia política. Empecemos por renunciar a las expresiones que animalizan a nuestros congéneres, sean quienes sean, piensen lo que piensen. Seamos conscientes de que son seres humanos. Y, a continuación, pasemos a recordárselo a quienes lo han olvidado.

Pueden leer el artículo en la revista Escripta

Hace un tiempo tuve el placer de entrevistar al filósofo Reyes Mate. Pueden ver el resultado aquí

Ya pueden descargarse de manera gratuita el libro Nación y nacionalismos en la España de las autonomías, editado por Isidro Sepúlveda y publicado por el BOE, en el que participo con un capítulo: «Matar por la patria. Nacionalismo radical y violencia terrorista en España (1975-2016)».

Las situaciones de violencia grave, y entre ellas el terrorismo, generan diferentes respuestas en la sociedad. Hay perpetradores que provocan un daño injusto. Hay espectadores indiferentes, que miran hacia otro lado. Hay víctimas, siempre inocentes, en el sentido de que no fueron merecedoras del dolor que les causaron. Y hay justos y resistentes que supieron dar una respuesta ejemplar, pese a los riegos que eso podía suponer para su integridad física. Estas categorías no son compartimentos estancos. Aún y con todos los matices, esos tipos ideales nos aproximan a la realidad y, sobre todo, nos ayudan a deslindar que no todos fueron criminales ni todos fueron inocentes.

Albert Camus explicó que los terroristas creen ser las auténticas víctimas y la genuina encarnación de la justicia. Sus simpatizantes también los ven así. Por eso conviene clarificar cuál es su verdadero rol, evitando legitimaciones o ambigüedades ante el mal. Y es que tanto el relativismo extremo (todos hemos sufrido) como las condenas homogéneas (toda la sociedad fue culpable) laminan moralmente a los justos. Entre los justos hubo sanitarios que salvaron a víctimas de atentados, artistas, periodistas o literatos que favorecieron la deslegitimación del terrorismo, artificieros que arriesgaron su vida para desactivar bombas, concejales que garantizaron la pluralidad política pese a las amenazas, testigos que ayudaron a detener a comandos evitando futuros ataques o pacifistas que se movilizaron contra la violencia.

En este Curso de Verano tendremos la ocasión de escuchar y analizar el testimonio de los justos y los resistentes, lo que nos ayudará a reconstruir con fidelidad una parte, la más positiva, de la historia del terrorismo.

Objetivos

La historia del terrorismo a menudo ha estado centrada en los perpetradores: su ideología, sus actuaciones, etc. Por contra, en este curso identificaremos quiénes fueron los justos y los resistentes contra el terrorismo, con particular atención al caso vasco, pero atendiendo también a otras realidades.

Veremos qué tipo de actividades realizaron los justos y los resistentes en contextos frecuentemente adversos y cuál era su ideal de justicia. De esta forma comprenderemos los motivos de su actuación a lo largo del tiempo.

Compararemos el fenómeno de los justos y los resistentes en el País Vasco con lo ocurrido en otros casos internacionales de campañas terroristas, buscando similitudes y diferencias. Daremos voz a los propios protagonistas, así como a diferentes expertos.

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El lunes 29 de julio de 1963 los madrileños disfrutaron de una agradable jornada de verano. En el parque del Retiro se registró una temperatura máxima de 30,6ºC. A las 18:00 apenas había bajado un grado. Se trataba de una tarde perfecta para dar un paseo. Por eso, cuando la maestra del taller le pidió que fuese a la Puerta del Sol a hacer un recado, es probable que María del Carmen A. se alegrara de su buena suerte. Nacida en Lopera (Jaén), esta aprendiz de modista de 16 años era hija de un albañil y una asistenta. Según quienes la vieron, destacaba por su belleza. Ese día, además, estrenaba vestido.

A las 17:30 llegó al Departamento de Pasaportes de la Dirección General de Seguridad. Tenía que entregar la solicitud de renovación del pasaporte de una de las hijas de la maestra. Cogió su turno y se acomodó en un banco situado a la derecha de la entrada principal de la oficina, en el rincón más alejado de la misma. A su lado, contó a la Policía al día siguiente, había “un joven bien parecido físicamente”, de unos 18 o 20 años. María del Carmen se puso a charlar con él. Apenas tuvieron diez minutos para conocerse. Eran las 17:40 cuando, citando su declaración, “oyó un ruido muy grande que ella pensó que era un cortocircuito y acto seguido se sintió desplazada de su sitio, herida y con sus ropas y cabellos ardiendo. Que en el suelo se retorcía, que perdió su calzado y también un billete de curso legal, de cien pesetas. Que después fue recogida por un caballero y una señora”.

Entre el humo y el polvo, otro damnificado distinguió la figura tendida de María del Carmen. Dudó, pero huyó de allí. Al poco, se arrepintió y volvió “a donde había visto a la mujer en el suelo para prestarle los correspondientes auxilios y llegando a donde la había visto se encontró con que otro hombre se había adelantado y la tenía en brazos sacándola de la sala”. Observó que “casi estaba desnuda y se la notaba con quemaduras en casi todo el cuerpo que a su vez lo tenía negro”.

Según el sumario, la explosión causó desperfectos por valor de 15.640 euros actuales. Los daños humanos fueron mayores. En aquella sala había más de cien personas. Treinta y una de ellas recibieron heridas de diversa consideración, la mayoría de carácter leve o reservado. La peor parte se la llevaron dos mujeres, ambas andaluzas: María del Carmen e Isabel P., una comadrona granadina de 52 años. Su estado era grave. “Se encontraba en la cola para gestionar el visado de salida (…) cuando sintió una explosión fenomenal, y cuando se recobró arrastrándose por el suelo, vio una gran humareda, y fue ayudada a levantarse por un sacerdote, puesto que las piernas no la sostenían, viéndose con sangre en los brazos, no sabiendo nada más”.

El pronóstico de María del Carmen era gravísimo: la bomba había estallado justo debajo de ella. Volatilizó el banco de madera y le causó quemaduras de tercer grado en espalda, torso, brazos y piernas. La chica se sentía “completamente abrasada”. Padecía, además, shock traumático. “¡Ay, mis piernas!”, se quejaba. “Nunca volveré a estar buena”. No obstante, escribió un periodista, “en los momentos de mayor gravedad casi lo que más le preocupaba era que hubiera resultado destrozado el modesto traje nuevo que llevaba puesto en aquella ocasión”.

En el hospital, María del Carmen recibió la visita del subsecretario del Ministerio de Gobernación y del director general de Seguridad, Carlos Arias Navarro. Era solo un gesto de cara a la galería: la suerte de las víctimas del terrorismo jamás fue prioritaria para la dictadura. Tampoco la justicia. El atentado del Departamento de Pasaportes tenía la firma de Defensa Interior, una organización anarquista que el año anterior había causado la muerte de un hombre, Manuel Eleuterio Liáñez. Al igual que entonces, los responsables de la bomba de julio de 1963 escaparon a Francia. Ahora bien, la Policía arrestó a los miembros de otro comando, Francisco Granado y Joaquín Delgado. Tenían armas y explosivos, pero ninguna relación con este crimen: sus compañeros ni les habían avisado. Pese a todo, fueron juzgados, declarados culpables y ejecutados.

Es sintomático que aquella fuera la única respuesta del régimen franquista. No hizo nada, en cambio, por los damnificados en el atentado. María del Carmen no fue indemnizada hasta noviembre de 1982, ya durante el Gobierno de UCD del presidente Leopoldo Calvo-Sotelo. Había tenido que esperar diecinueve años.

Los lesionados por la violencia terrorista no solo fueron relegados por las instituciones, sino también por quienes estudiamos el fenómeno. Tanto es así que no se les ha dedicado una monografía hasta la reciente aparición de Heridos y olvidados, obra rigurosa y exhaustiva de los profesores de la Universidad de Navarra María Jiménez y Javier Marrodán. En ella se revela que el Ministerio del Interior ha reconocido a 4.808 heridos por actos terroristas: casi todos causados por ETA (el 54%) o el yihadismo (38%). Cuando se sumen los de Barcelona y Cambrils de 2017, la cifra rondará los 5.000.

El libro indica el lugar y la fecha del atentado más antiguo con heridos reconocidos oficialmente: Madrid, 29 de julio de 1963. Hubo un damnificado. No se cita su nombre, pero sí su sexo y edad: una chica de 16 años. Ya sabemos quien era y su historia, una entre miles.