Blog de Gaizka Fernández Soldevilla

El 16 de enero de 1973 un comando de ETA secuestró a Felipe Huarte Beaumont, gerente de Torfinasa. Su padre había sido el empresario Félix Huarte Goñi, que durante el franquismo ocupó cargos como el de vicepresidente de la Diputación Foral de Navarra. Desde esa posición había promovido el desarrollo industrial de la provincia.

No se trataba del primer rapto de ETA. En diciembre de 1970 la organización había secuestrado a Eugen Beihl, cónsul de la República Federal Alemana, para llamar la atención sobre el proceso de Burgos. El segundo rehén, en enero de 1972, fue Lorenzo Zabala, gerente de Precicontrol, que atravesaba un enconado conflicto laboral. La organización terrorista obligó a la firma a aceptar las demandas de los trabajadores.

También estaba en huelga la plantilla de Torfinasa en 1973. Sin embargo, cuando miembros de ETA propusieron a un enlace sindical intervenir mediante una “acción”, este se había negado y les hizo prometer que renunciarían al plan. Los terroristas no cumplieron su palabra, ya que tenían un móvil poderoso. A cambio de la vida de Huarte, no solo exigieron que Torfinasa accediera a las reivindicaciones de sus empleados, sino también un sustancioso rescate: 50 millones de pesetas. Para estupor de ETA, los trabajadores no quisieron aprovecharse de aquella ventaja y suspendieron la huelga. No obstante, la organización consiguió lo que realmente buscaba, el botín, y soltó al rehén.

Tras aquel éxito, todas las ramas de ETA recurrirían al secuestro de empresarios, directivos y profesionales para pagar el sueldo de los terroristas liberados, los pisos, los vehículos, las armas, los explosivos… Pondré tan solo dos ejemplos. En marzo de 1976 ETApm raptó al industrial Ángel Berazadi. Sus allegados no pudieron sufragar los doscientos millones de pesetas que se les reclamaron y la banda decidió dar un escarmiento. El cadáver apareció en abril cerca de Elgóibar. En junio de 1982 ETApm VIII Asamblea secuestró a Miren Elósegui, comerciante, hija del propietario de Boinas Elósegui (Tolosa) y esposa del gerente. Su rescate ascendió a 25 millones de pesetas. Miren Elósegui fue la única mujer secuestrada por la organización. Falleció hace unos días, el 8 de enero.

Las diferentes ramas de ETA raptaron a un total de 86 personas (sin contar los secuestros exprés). De acuerdo con un trabajo elaborado por Francisco J. Llera y Rafael Leonisio, “la mayoría de los secuestros (51%) tuvieron una motivación económica, es decir, se buscaba el cobro de un rescate (en la mayoría de los casos) o bien la apertura de alguna caja fuerte de un banco”. Fueron más comunes los del primer tipo, en los que ETA se valía de la amenaza de muerte para que las familias de sus víctimas pagaran grandes sumas de dinero.

Además de su afán recaudatorio, en ocasiones los secuestros económicos servían para intimidar a aquellas personas que eran reticentes a sufragar el “impuesto revolucionario”. Durante un tiempo los terroristas acompañaron sus cartas de extorsión con una fotografía del cautiverio de Berazadi en la que alguien le apuntaba con una pistola a la cabeza. Esa impactante imagen puede verse en la exposición del Centro Memorial. Tres de los rehenes de ETA fueron asesinados por sus captores al no poder satisfacer el rescate exigido: Berazadi en 1976, Javier de Ybarra en 1977 y Francisco Arín Urcola en 1983. Otro, Luis Manuel Allende, falleció unos meses después de su liberación, en febrero de 1983, a consecuencia de una enfermedad derivada de su cautiverio.

Hace cincuenta años, con el secuestro de Felipe Huarte Beaumont, la banda estrenó una de sus principales fuentes de financiación. En La bolsa y la vida, obra coordinada por Josu Ugarte, Florencio Domínguez estimaba que de 1973 a 1996 las distintas ramas de ETA consiguieron por esa vía entre 6.086 y 6.416 millones de pesetas. El dinero obtenido mediante los raptos, los atracos y el “impuesto revolucionario” permitió a la organización seguir matando durante décadas.

Los crímenes de ETA, incluyendo los secuestros, fueron jaleados por una parte de la población, la misma que hostigaba a los pacifistas y a quienes llevaban un lazo azul en la solapa para pedir la libertad de los rehenes. Desde 2011 las palabras del nacionalismo radical se han edulcorado, pero no sus hechos, que hablan por sí mismos. Ningún condenado por delitos de terrorismo ha colaborado para la resolución de los más de trescientos asesinatos que han quedado sin reproche penal. Ni de los secuestros. Y a lo largo de 2022 Covite ha registrado 547 actos de apoyo a ETA. Ojalá en 2023 asistamos a cambios reales. Para empezar, que los presos de la banda tengan el valor de hablar y que el contador de Covite se quede a cero.

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En las elecciones generales de octubre de 1982 el PSOE, un partido que provenía de la oposición antifranquista, alcanzó la mayoría absoluta en el Congreso. La investidura de Felipe González como presidente del Gobierno ratificó que la Transición democrática había culminado con éxito.

La ultraderechista Fuerza Nueva (FN), con 108.746 votos (el 0,52% del total), fue una de los grandes derrotadas en los comicios. Blas Piñar había perdido no solo tres cuartas partes de sus apoyos anteriores, sino también su único escaño. Ahogada por las deudas, FN se disolvió el 20 de noviembre de aquel mismo año. En su discurso de despedida Piñar culpó del descalabro a la Iglesia, al Ejército, a los empresarios… “Pero también nos ha dejado solos nuestro pueblo. ¡Oh, pueblo de España!, ¿qué mal te hemos hecho para que nos hayas respondido así?”

Muchos males. Piñar y su partido habían intentado interrumpir la Transición para restablecer una dictadura. Lo habían hecho por cauces legales, pero simultáneamente habían ejercido de agentes de radicalización por medio de un discurso de la nostalgia y el odio. En consecuencia, FN, su brazo juvenil (Fuerza Joven) y sus escisiones se convirtieron en uno de los principales focos del terrorismo de extrema derecha durante los años del cambio. Según los cálculos de la historiadora Sophie Baby, personas vinculadas a Fuerza Nueva y a su entorno fueron responsables de 85 acciones violentas entre 1975 y 1982. Algunas de ellas causaron víctimas mortales: Andrés Fraguas, Andrés García Fernández, José Luis Alcazo, Yolanda González, Vicente Cuervo…

A finales de 1982 la victoria socialista y la autodisolución de FN conmocionaron al sector más exaltado de sus juventudes. En Madrid exmiembros de Fuerza Joven crearon la Legión de San Miguel Arcángel para, reza la sentencia judicial, realizar “actos que subvirtiesen el orden constitucional del estado social y democrático de derecho por medios violentos”. Fueron desarticulados antes de cometer delitos de sangre.

Sus homólogos vallisoletanos fueron más lejos. Exmilitantes de Fuerza Joven constituyeron los Grupos de Acción Nacional-Sindicalista de 28 de octubre para perpetrar atentados contra las autoridades locales, como el alcalde y el gobernador civil, ambos del PSOE, con el fin de desestabilizar la democracia parlamentaria. La primera operación de uno de sus integrantes fue amenazar de muerte al propietario de un bar que le había echado.

Otros dos, José Carlos Bravo del Amo y José Carlos Ramos Mateo, se comprometieron a proveer de armas de fuego a la banda. El 5 de diciembre de 1982 entraron en el taxi de Salvador Sampedro de Dios y le pidieron que los llevara desde Valladolid a Salamanca. Habían recorrido ya unos kilómetros cuando el chofer les preguntó si llevaban dinero para pagar el servicio. La respuesta de uno de los jóvenes fue asestarle un navajazo en el cuello. Como Sampedro no falleció en el acto, los ultras pararon para fumar un cigarro y discutir qué hacer con él. Decidieron cruzar la línea invisible. Sacaron al herido del vehículo, lo dejaron en la calzada y lo atropellaron con su propio taxi hasta matarle. Sampedro estaba casado y tenía un hijo.

Los terroristas se desplazaron al chalé de un familiar en Aldeavieja de Tormes (Salamanca), donde sustrajeron un rifle y un revolver. No tardaron en utilizar aquellas armas. En la noche del 20 al 21 de diciembre robaron un automóvil a punta de pistola. Querían asaltar un banco, pero se detuvieron en una gasolinera de Herrera de Pisuerga (Palencia). Además de robar la caja del establecimiento (15.000 pesetas), obligaron al único empleado, Severino García García, a subirse al coche. Más adelante detuvieron el motor, condujeron a García por un camino de tierra y le dispararon por la espalda.

Los terroristas cambiaron de planes y se dirigieron a Santander. El conductor se quedó dormido y sufrieron un accidente, siendo hospitalizado uno de ellos. La Guardia Civil les seguía la pista, por lo que, sabiéndose sospechosos, en enero de 1983 se entregaron en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Valladolid. En mayo la Policía detuvo a los otros cinco miembros del grupúsculo terrorista. En junio de 1984 la Audiencia Provincial de Valladolid condenó a Bravo del Amo y Ramos Mateo por dos robos con homicidio. Al primero a 60 años de cárcel y al segundo, que era menor de edad en el momento de los hechos, a 47.

La extrema derecha fracasó. No consiguió detener el reloj de la historia ni resucitar a Franco. No obstante, las consecuencias de sus actos de violencia fueron brutalmente reales. El terrorismo ultraderechista y parapolicial causó 62 víctimas mortales durante la Transición. A ellas y a sus familias, que a menudo no fueron amparadas como necesitaban por las instituciones, les debemos justicia, memoria y reparación. Si bien se ha avanzado en esa dirección, todavía nos queda mucho camino por recorrer.

Fuente: El País

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La Delegación del Gobierno ha solicitado al Ayuntamiento de Usurbil que renombre la plaza Joxe Martín Sagardia, ya que fue miembro de la banda terrorista ETAm. La alcaldesa ha replicado que se trata de una víctima del terrorismo. El problema es que ambas cosas son verdad.

Sagardia es uno de los victimarios-víctimas: autores materiales o intelectuales de violencia política que fallecieron en actos de violencia ilegítimos. De vez en cuando se desatan polémicas sobre estos personajes, pero podríamos evitarlas si llegamos a un consenso básico: aplicar la misma norma a todos ellos.

Por supuesto, lo primero es identificarlos. ¿Quiénes son? Una tipología es la de los victimarios del franquismo-víctimas del terrorismo. Melitón Manzanas, jefe de la Brigada de Investigación Social de San Sebastián, que perseguía y torturaba a antifranquistas, fue asesinado por ETA en agosto de 1968. En diciembre de 1973 una bomba mató al almirante Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno de la dictadura.

Otra es la de los terroristas que, acusados de asesinato, fueron condenados a muerte por consejos de guerra franquistas sin garantías. En marzo de 1974 Salvador Puig Antich, exmilitante del MIL, fue agarrotado. En septiembre de 1975 fueron fusilados tres integrantes del FRAP, José Humberto Baena, José Luis Sánchez y Ramón García, y dos de ETApm: Ángel Otaegi y Juan Paredes (Txiki).

También hubo terroristas víctimas de la violencia policial ilegitima. En la Transición se registraron muertes por “gatillo fácil” o malos tratos a manos de ciertos agentes de la ley. Por ejemplo, el etarra Joseba Arregi falleció en febrero de 1981 a consecuencia de las torturas a las que le habían sometido.

No olvidamos a los terroristas que sufrieron atentados. Durante la Transición el terrorismo parapolicial causó una treintena de víctimas mortales. Desde 1983 a 1987 los GAL asesinaron a 27 personas. Bastantes de ellas eran “errores”, pero otras eran terroristas. Citaremos algunos. En diciembre de 1978 una bomba-lapa segó la vida de José Miguel Beñarán (Argala), líder de ETAm. Dos años después su compañero J. M. Sagardia corrió la misma suerte. Francisco J. Martín y Aurelio Fernández, miembros de los GRAPO, fueron tiroteados en junio de 1979. Los GAL asesinaron a los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala en octubre de 1983.

Otros fueron víctimas de la misma banda a la que habían pertenecido. En noviembre de 1978 ETA asesinó al exetarra Joaquín Azaola, que cuatro años antes había dado al traste con el plan de secuestro de Juan Carlos y su familia. En junio de 1980 un pistolero acabó con la vida del antiguo integrante de ETA Tomás Sulibarria, acusado de “infiltrado”. En enero de 1981 los camaradas del terrorista José Luis Oliva lo mataron por gastarse parte del botín de un atraco. En febrero de 1984 el exetarra Mikel Solaun fue asesinado por haber evitado una masacre. Y en septiembre de 1986 Antonio López (Kubati) disparó a Dolores González (Yoyes), desvinculada de ETAm desde 1978.

Referencia específica merecen los terroristas que fueron víctimas de autoría dudosa. El líder de ETApm Eduardo Moreno Bergaretxe (Pertur) desapareció en julio de 1976. Todavía hoy no sabemos quién lo mató. Lo mismo ocurre con José Miguel Etxeberria (Naparra), dirigente de los CAA del que se pierde la pista en junio de 1980. Por último, Juan Ignacio González, cabecilla del ultraderechista y violento Frente de la Juventud, fue asesinado por desconocidos en diciembre de 1980.

¿Qué hacer con los victimarios-víctimas? Partiendo de la universalidad del derecho a la vida, no distingamos entre unos y otros dependiendo de en qué filas militaban o de quién los mató. Son iguales y se les debe medir por el mismo rasero.

Como al resto de los damnificados, sería conveniente que las instituciones reconociesen a los victimarios-víctimas. Y que aparezcan en libros, unidades didácticas, exposiciones, redes sociales… Por supuesto, dejando constancia tanto de su condición de víctimas como de las sombras de su pasado. Ambas facetas son inseparables.

No obstante, reconocer no es lo mismo que homenajear. Y es que, cuando se homenajea a este tipo de personajes, se cometen tres errores. Uno, falsear su currículo y, por ende, la historia. Dos, revictimizar a sus víctimas. Y, tres, transmitir un mensaje peligroso a los jóvenes.

Acabemos con los homenajes a los victimarios-víctimas: los monumentos conmemorativos, como el dedicado a Carrero Blanco en su localidad natal, Santoña; las medallas, como la que se concedió a título póstumo a Manzanas; los nombres en el callejero, como la plaza Sagardia de Usurbil; y los actos públicos en su honor, como los que se siguen tributando a miembros de ETA.

¿Podemos llegar a un consenso sobre esto?

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