Blog de Gaizka Fernández Soldevilla

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El 7 de junio de 1968 en Aduna Txabi Echebarrieta e Iñaki Sarasketa asesinaron a José Antonio Pardines, la primera víctima mortal de ETA. Aquel crimen no fue obra del destino ni del “conflicto”, sino de una decisión de Echebarrieta, quien descartó otras alternativas como entregarse, huir o desarmar al guardia civil. Prefirió sacar su pistola y descerrajar tres tiros en el torso a Pardines, que estaba desprevenido. Sarasketa le disparó otras dos veces. Cuando el camionero Fermín Garcés les hizo frente, escaparon de allí.

Los asesinos se refugiaron en casa de Eduardo Osa, un colaborador de Tolosa. Estaban a salvo, pero Echebarrieta sufrió un ataque de pánico a consecuencia del consumo de centraminas: sulfato de anfetamina, la misma composición que el speed. El dirigente de ETA exigió a Osa que les llevara en su automóvil a otro punto.

Una pareja de la Guardia Civil de Tráfico detuvo el Seat 600 en Benta-Haundi y cacheó a sus ocupantes. El jefe de la patrulla vio el arma de Echebarrieta. Cuando el etarra intentó sacarla, el guardia civil y él se enzarzaron en una pelea. Tras intercambiar varios disparos con el otro funcionario, Sarasketa huyó, lo mismo que había hecho Osa. Echebarrieta y el jefe de la pareja siguieron luchando en el suelo. Tanto el etarra como los agentes hicieron fuego, aunque solo fue alcanzado el primero. En Benta-Haundi se encontraron cinco casquillos de bala de la pistola de Echebarrieta, cuatro de la de Sarasketa y otros cuatro de las armas reglamentarias de los guardias. En total, trece vainas.

Echebarrieta había recibido una herida de bala en la espalda y otra en el torso. Su estado era grave, así que el jefe de la patrulla (iban en motocicleta) paró el primer coche que pasaba por la carretera para trasladarle a la clínica de San Cosme y San Damián de Tolosa. Lo ingresaron y fue atendido por un médico, pero no pudo hacer nada por su vida. Falleció “a los 10 minutos de ingresar”.

Al día siguiente la prensa franquista reflejó los hechos de manera incompleta y sesgada. A su vez los miembros de ETA se inventaron versiones fantasiosas de lo ocurrido, que divulgaron mediante pasquines. Divergían entre sí, pero se repetían algunos elementos. Por un lado, Pardines desaparecía del relato o se convertía en un anónimo “txakurra” agresor contra el que Echebarrieta habría tenido que defenderse con una pistola heredada de un gudari de la Guerra Civil. Por otra, en Benta-Haundi los etarras no habrían disparado, sino que Echebarrieta habría sido detenido y luego ejecutado extrajudicialmente (según un panfleto, esposado y contra una tapia). Por último, haciendo un paralelismo con el Ché Guevara, se nombró a Txabi el “Primer Mártir de la Revolución”. En los años siguientes ETA y su entorno lo instrumentalizaron para captar y movilizar simpatizantes.

No obstante, no consiguieron borrar la verdad histórica. Solo había que buscarla. En 2016 el Centro Memorial, la UNED, la Diputación de Gipuzkoa y la Xunta de Galicia impulsaron un proyecto de investigación en el que participamos historiadores, politólogos, sociólogos, juristas y periodistas.

En 2017 el Archivo Intermedio Militar Noroeste (Ferrol) permitió el acceso parcial al sumario 16/68 en el que se incluyen los informes oculares, los testimonios, las autopsias, etc. También había fuentes sobre el caso en el Centro Documental de la Memoria Histórica, la Mario Onaindia Fundazioa, Lazkaoko Beneditarren Fundazioa, el Archivo General de la Administración y los archivos histórico-provinciales.

En 2018 los resultados de nuestro trabajo se publicación en el libro Pardines. Cuando ETA empezó a matar. Dos años después, cuando ya era posible consultar el sumario completo, cerramos ciertos flecos con un artículo en la revista Sancho el Sabio (“Crímenes ejemplares”) y otro en este periódico (07/06/2020).

Con todo, el nacionalismo radical ha preferido aferrarse a los mitos de ETA. Se editaron o reeditaron varias obras hagiográficas sobre Echebarrieta, en cuyo honor se creó una asociación. Cada 7 de junio recibe un homenaje en Benta-Haundi y otro en la plaza Unamuno de Bilbao. Además, este año se ha anunciado el descubrimiento de una documentación que los historiadores llevamos utilizando desde hace años. Por descontado, no era más que una excusa para hacer una reinterpretación tan imaginativa de los acontecimientos como la que se hacía en 1968.

Tales iniciativas tienen el doble objetivo de borrar a la víctima y rehabilitar al “mártir”, lo que desde la perspectiva de la “izquierda abertzale” legitimaría la posterior violencia de ETA. Sin embargo, la propaganda no puede cambiar el pasado: Txabi Echebarrieta no fue una víctima, sino el asesino de José Antonio Pardines.

Jiménez, María y Fernández, Gaizka (2022): «Supervivientes del terrorismo: Los heridos y secuestrados por ETA», Historia y Política, nº 47.

Resumen

Los estudios dedicados a los efectos del terrorismo de ETA han arrastrado durante años el déficit de la falta de información sobre los heridos a causa de los atentados terroristas. Se trata de personas que, en los casos graves, han tenido que convivir desde entonces con las secuelas físicas y psicológicas del ataque. La Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo estableció, cinco décadas después del inicio de la actividad terrorista de ETA, un sistema indemnizatorio al que los supervivientes podían acogerse y que dio lugar a la creación de un registro oficial de heridos. Este artículo parte del estudio y análisis de dicho registro, cedido por la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (Ministerio del Interior) al Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, y actualizado a fecha de abril de 2020. En primer lugar, se hace un repaso de la paulatina incorporación de la figura del herido a la legislación española. A continuación, se describen los datos globales. Y, por último, se demuestra la relación directa entre la evolución de la estrategia terrorista de ETA y las secuelas que provocó en las 2632 personas reconocidas oficialmente como heridas de la banda.

Abstract

Studies on the effects of ETA terrorism have carried over for years the deficit of information on those injured by terrorist attacks. These people have since had to live with the physical and psychological consequences of the attack. Act No. 29/2011 on the Recognition and Comprehensive Protection of Victims of Terrorism established, five decades after the start of ETA terrorist activity, a system of compensation to which survivors were entitled and which led to the creation of an official register of injured persons. This article based on the study and analysis of this register, which was handed over by the General Direction for the Support of Victims of Terrorism (Ministry of Home Affairs) to the Victims of Terrorism Memorial Centre, and updated in April 2020. Firstly, a review is made of the gradual incorporation of the figure of the injured into Spanish legislation. Then, the overall data are described. And finally, the direct relationship between the evolution of ETA’s terrorist strategy and the consequences it had on the 2,632 people officially recognised as being injured by the organization is demonstrated.

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Supervivientes del terrorismo: los heridos y los secuestrados por ETA

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Supervivientes del terrorismo: los heridos y los secuestrados por ETA

DOI

https://doi.org/10.18042/hp.47.12

Manuel Eleuterio Liáñez Benítez nació en Huelva en abril de 1891. En 1934, ya en Madrid, conoció a Fausto Catalán que, como él, militaría en la CNT. En la Guerra Civil Liáñez era responsable de un parque de Intendencia de dicho sindicato libertario. En esa época le salvó la vida a un desconocido del que le separaba un abismo ideológico. Se trataba de Gregorio Ortiz, el dueño de un cine en Villaverde Alto, afiliado a la CEDA. Los milicianos lo tenían retenido en la checa de Fomento. Temiendo por su suerte, Catalán y el chofer de Ortiz rogaron a Liáñez que intercediese por el prisionero. Según Catalán, su amigo “inmediatamente se puso a su disposición y les acompañó a Fomento consiguiendo que a don Gregorio Ortiz, que iban a asesinarlo aquella madrugada, lo trasladaran a la Dirección General de Seguridad”.

Tras pasar por las cárceles de la Modelo y Ventas, gracias a nuevas gestiones de Liáñez, Gregorio Ortiz fue puesto en libertad. Meses después el anarcosindicalista y el derechista se conocieron. Tras la Guerra Civil, se volvieron a ver dos veces más e incluso se citaron para una tercera, pero Liáñez no apareció.

No tenemos más noticias de él hasta que en 1959 fue arrestado cuando hurtaba aprovechándose del descuido ajeno. Condenado a una breve estancia en prisión, pronto salió en libertad vigilada. En aquella época la penuria había disparado el índice de delitos contra la propiedad en España. Solo en 1959 se incoaron 52.697 sumarios por este motivo.

El rastro de Manuel Liáñez reaparece en 1962. Se trataba de un anciano de 71 años. Soltero, solitario, sin allegados, frecuentaba algunas tabernas, en las que tomaba cazalla o vino. La dueña de su pensión informó que “decía dedicarse a la representación de licores”. Era “de carácter muy amable y educado” y “hacía una vida moderada sin que en ningún momento notara nada anormal”. Jamás le había oído “hablar de política, sino todo lo contrario, que hacía manifestaciones de ser muy católico”.

Cobraba un subsidio de vejez de 400 pesetas mensuales. La habitación que compartía con un camarero, sin derecho a comida, le costaba 300. Para subsistir, le quedaban 100. Era imposible. En el borrador de una carta, Liáñez había dejado constancia de su mayor anhelo: “si tan solo, para sobrellevar mis pocos años de vida, tuviera asegurado un trozo de pan y una cama en cualquiera de los asilos de Madrid, muy principalmente y si fuera posible en la Gran Residencia de Ancianos”.

Liáñez se vio obligado a acudir a comedores de caridad. También realizaba recados para una señora y su sobrino, que vivían en la calle de Sagasta. Cada miércoles sobre las 13:00 horas iba a casa del joven para recoger dinero con el que comprarle entradas para conciertos. Le gratificaba con 30 ptas. El chico consideraba a Liáñez “una buena persona, honrada y psicológicamente un tanto ‘despistado’”. Su comportamiento era “correctísimo y educado, aunque un tanto charlatán”.

El 13 de junio de 1962 Liáñez salió de su pensión a las 9:15 horas. Desde allí a la calle de Sagasta hay unos 35 minutos andando. Podría haber llegado sobre las 9:50. Ignoramos qué hizo después. A las 11:00 horas se registró una violenta detonación en el andén central de la vía, frente a la delegación del Instituto Nacional de Previsión. Había una persona muerta y dos heridas leves. Un médico forense examinó el cadáver. Había sufrido la amputación traumática de las dos manos, así como quemaduras y heridas penetrantes en el tronco y la cabeza. Se trataba de Manuel Liáñez.

La primera hipótesis fue que a un terrorista le había estallado su propia bomba. Se descartó pronto. El juez instructor concluyó que la víctima “[sin] duda alguna vio el artefacto colocado en una cartera y sin saber de lo que se trataba, como pobre mendigante, se apoderó de ella y al querer manipular en la cartera, para ver qué llevaba, sobrevino la explosión que le causó la muerte”. Es una explicación plausible, con dos matices. Uno, la cartera no fue el objeto robado, ya que era suya. Dos, tal vez el hurto había llevado a Liáñez al fin de sus días, pero antes la miseria le había empujado al hurto.

La Policía nunca detuvo a los autores materiales del atentado. No sabemos sus nombres, pero sí a qué grupo pertenecían: Defensa Interior (DI). Creada en 1962 por la FAI, la CNT y Juventudes Libertarias, esta organización empleó las bombas para intentar acabar con la dictadura. Lejos de lograrlo, en 1963 dos de sus miembros fueron ejecutados y en 1965 se disolvió. El único “éxito” de la anarquista DI había sido asesinar por error a un antiguo anarcosindicalista.

Después de 60 años de su muerte ya es hora de que recordemos a Manuel Liáñez, la segunda víctima del terrorismo después de Begoña Urroz.

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En este #SierraDelta Contra el coronel de la Guardia Civil Francisco Javier Vázquez, Jefe de la Unidad Central Especial nº2 (UCE2), recuerda cómo se desarrolló hace 25 años la operación de rescate de José Antonio Ortega Lara, un funcionario de prisiones burgalés que había permanecido secuestrado por ETA durante 532 días.

El historiador Antonio Rivera, catedrático de la UPV/EHU, habla de «Transterrados», la nueva obra impulsada por la Fundación Fernando Buesa Fundazioa y el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda sobre los vascos y navarros que tuvieron que abandonar su hogar por culpa de la amenaza terrorista.

Y para terminar, la investigadora de la Universidad de NavarraAna Escauriaza nos explica el programa del curso de verano «Escribir la página antes de pasarla. Cómo relatar el terrorismo», que tendrá lugar los días 14 y 15 de julio en Soria.

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